• No hay información precisa sobre situación en que se encuentran los lugares de trabajo: Zapata Lucero

12-10-2017.- El Pleno cameral exhortó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) a que conjuntamente con las autoridades a nivel federal y estatal, refuercen las acciones de inspección en los centros laborales en todas aquellas entidades federativas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, y una vez concluidas hagan públicos los resultados.

El objetivo es garantizar que las condiciones laborales, especialmente aquellas relacionadas con la situación estructural de los inmuebles, no representen peligro y un foco potencial de riesgos.

Al presentar el punto de acuerdo considerado de urgente resolución, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputada Ana Georgina Zapata Lucero (PRI), expresó que según datos de la STPS, se han recibido por parte de empleados mil 74 denuncias referentes a sus centros laborales que sufrieron afectaciones estructurales; de esa cifra, se ha atendido el 98 por ciento.

Indicó que en 32 casos, la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo ordenó la restricción de acceso a dichos lugares, en 16 de ellos de manera parcial y los restantes de forma total.

Reconoció las medidas implementadas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, entre ellas la de poner a disposición números gratuitos para atender a los empleados despedidos injustificadamente por ausencias, debido a que sus viviendas o centros laborales se derrumbaron o sufrieron algún daño; sin embargo, “no se cuenta con la información precisa que permita a la ciudadanía conocer la situación en que se encuentran sus áreas de trabajo”.

Zapata Lucero resaltó que algunos patrones obligan a sus trabajadores a ingresar a sus centros laborales dañados que comprometen su seguridad, “situación que a todas luces configura el supuesto contenido en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo”.

En los posicionamientos, la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (NA) señaló que hasta el día de ayer se contabilizaron 363 personas fallecidas por el sismo del pasado 19 de septiembre. Los derrumbes de edificios suman 38 y, por supuesto, existen más daños; por ello, se considera indispensable reforzar las medidas de inspección en inmuebles afectados y que pueden poner en riesgo a los ciudadanos.

La diputada María Victoria Mercado Sánchez (MC) se pronunció por salvaguardar no solo los derechos laborales de las y los ciudadanos, sino también el derecho a la vida; “al permitir que laboren en centros que no cuentan con los requisitos básicos de seguridad, estaríamos exponiendo su integridad y seguridad personal”.

José Refugio Sandoval Rodríguez, diputado del PVEM, destacó la importancia de que las inspecciones estructurales de los inmuebles las realice personal técnicamente especializado, e hizo un llamado a los patrones “para que no cometan alguna precipitación que comprometa la seguridad personal de sus trabajadores, obligándoles a ingresar en centros dañados”.

Por Morena, el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez se manifestó por que esta inspección sea permanente y no solamente cuando hay algún accidente. “Es obligación cumplir las normas de vigilancia de seguridad en el trabajo y, en su caso, informar a autoridades de las deficiencias y violaciones que se observen en empresas y establecimientos. Esto lo demandamos año con año y, sin embargo, no se le da la importancia ni se le otorga presupuesto, siendo que estas actividades serían claves para evitar tragedias”.

El diputado Julio Saldaña Morán (PRD) precisó que este sismo ha revelado un sinfín de tareas pendientes y muy en lo particular, la revisión de los perfiles de los inspectores laborales. “Una prioridad es la inspección estructural de la edificación de determinados centros de trabajo; sin embargo, debemos reflexionar si en verdad creemos que el personal de la Secretaría está capacitado para llevarlas a cabo en las distintas edificaciones”.

Del PAN, el diputado Héctor Barrera Marmolejo respaldó las acciones preventivas encaminadas a proteger la integridad de los trabajadores, pero sobre todo de los ciudadanos; por ello, se congratuló con la inspección de los centros laborales y consideró relevante tener un censo absoluto y total de cómo se va a aplicar el Fonden en todas las entidades federativas.

Programa de Fomento a la Agricultura

Se remitió a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, la proposición para solicitar al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, informe a la opinión pública el destino otorgado a los recursos asignados al programa de Fomento a la Agricultura: Componente Proagro Productivo.

Al dar a conocer la propuesta, el diputado Armando Rivera Castillejos (PAN) relató que este programa tiene como finalidad mejorar la productividad agrícola, a través de la compra de fertilizantes y semillas, productos de control fitosanitario, mano de obra, maquinaria, equipo e implementos agrícolas, acceso al crédito y adquisición de combustibles, entre otros aspectos.

Indicó que “lo grave y lastimoso para el erario público” es que la Auditoría Superior de la Federación haya detectado pagos en demasía por más de 47 millones de pesos, al autorizar incentivos por superficies superiores a las que correspondían y apoyo por casi 5 millones de pesos a personas que fallecieron antes de la fecha de la autorización.

“Sagarpa les paga a los muertos. Se reportaron más de 25 mil beneficiarios que no acreditaron la vinculación de incentivos por casi 80 millones de pesos. Es decir, hay un claro desvío de recursos de más de 113 millones de pesos en la Sagarpa. La auditoría realizada acredita una desafortunada e injustificable falta de control en el otorgamiento, actualización de padrones y en el seguimiento de apoyos asignados al componente de Proagro Productivo”, añadió.

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