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| Boletín N°. 4312 | Evalúan citar a comparecer al fiscal especial responsable de atender delitos contra la libertad de expresión |
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27-10-2017 La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Brenda Velázquez Valdez (PAN), anunció que analizan llamar a comparecer al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, pues esta instancia “sigue sin dar resultados”.
Expresó que “no se puede permitir que continúe la impunidad y que las autoridades federales sigan ignorando al Poder Legislativo”, a pesar de que los asesinatos de periodistas continúan.
Sostuvo que desde que Sánchez Pérez del Pozo asumió el cargo de titular de la FEADLE, el 10 de mayo de 2017, han sido asesinados nueve comunicadores “y no se ha emitido ni una sola sentencia, lo que demuestra -dijo- que la impunidad sigue siendo el sello de esta administración”.
Y aún más -continuó- desde la fecha en que se instaló esta Comisión Especial que encabezo, el 30 de noviembre de 2016, el número de periodistas asesinados en nuestro país suma hasta ahora un total de 16“, puntualuzó la diputada Velázquez Valdez.
En tal virtud, solicitó a los diputados integrantes de esta comisión presentar un exhorto ante el Pleno de esta cámara para citar a comparecer, de manera formal, al fiscal Sánchez Pérez del Pozo, para que explique “qué medidas está tomando para evitar más decesos de periodistas en México, y para sancionar a los responsables de los homicidios ya ocurridos”.
El funcionario de la Procuraduría General de la República debe responder por qué “no se ha hecho nada” para frenar la serie de crímenes, y “mucho menos se ha actuado” para acabar con la impunidad, principal característica de esta preocupante situación que enfrentan los comunicadores del país.
La diputada Brenda Velázquez encabezó, en San Lázaro, una reunión con los fiscales de Morelos y Puebla; el vicefiscal de Guerrero, y el procurador general de Tlaxcala, quienes anunciaron que en sus entidades ya se han creado las unidades especializadas para atender denuncias relacionadas con afectaciones a la integridad de los miembros del gremio periodístico.
Virgilio Caballero Pedraza, diputado de Morena, por su parte, dijo que del 2011 a lo que va del 2017, han sido asesinados aproximadamente 109 periodistas; sin embargo, tenemos conocimiento de que sólo en 17 casos el homicidio no tuvo nada que ver con el oficio de los agraviados.
Expuso que en nuestro país quizá “no mueren por ser periodistas ni por determinadas maneras de conducirse en su labor profesional, en su trabajo diario, sino que se les mata porque sí”.
Preguntó a los funcionarios cuáles son las medidas aplicadas en las investigaciones de los homicidios de periodistas en el estado de Guerrero.
Sobre lo ocurrido en el estado de Morelos, pidió que se dieran a conocer cuántas de las investigaciones han concluido que los homicidios no están vinculados a la actividad periodística; sobre Tlaxcala, destacó que en los últimos dos años no se ha tenido registro de violencia o agresión contra periodistas locales, o bien, “el gobierno no las ha registrado”.
El legislador del PRI, César Alejandro Domínguez Domínguez, preguntó que si en Guerrero los homicidios de los informadores tienen que ver con su labor periodística. Asimismo, cuestionó cuál es el estado que guarda la investigación del periodista Tito Cervantes Zepeda, quien fue abatido en Tlaxcala.
En el estado de Morelos, indicó que existen 18 denuncias, solo que aún no está esclarecido si son del 2011 al 2017, y si tienen que ver con periodistas o cuántas se relacionan con activistas defensores de derechos humanos.
Ofrecen cuatro estados atención especializada a denuncias por agresiones a periodistas
Al iniciar autoridades de cuatro estados de la República su participación para explicar sus acciones orientadas a atender asuntos relacionados con la actividad de los periodistas, el vicefiscal de Control y Seguimiento de la Fiscalía General de Guerrero, Alejandro de los Santos González, informó que en junio pasado se creó la unidad para la atención de delitos en agravio de periodistas y de personas defensoras de los derechos humanos en esa entidad.
Respecto a las investigaciones del asesinato de Cecilio Pineda Brito, acontecido en Tierra Caliente, informó que se ha logrado la captura de uno los probables responsables, el cual falleció, y se está en busca del segundo”.
De la comunicadora indígena Marcela de Jesús Natalia, explicó que se incluyó carpeta judicial por tentativa de homicidio, se liberó una orden de aprehensión, se localizó a uno de los implicados y se continúa la búsqueda del segundo coautor del hecho”.
En el asunto del periodista Alejandro Guerrero, dijo que -como en todos los casos- se le asistió y visitó, incluso, en el sitio donde recibía atención médica, y se puso a su disposición todo el entramado administrativo y fiscal con el objetivo de castigar el delito. No obstante, respondió que recurriría a la Procuraduría General de la República (PGR), a la fiscalía especializada y se reservó el derecho de dar su declaración.
Sobre Antonia Ramírez, aseguró que no ha asistido a la fiscalía del estado. “Estamos abiertos si la comisión tiene más datos para indagar el delito del que ella fue víctima”.
Mónica Violante Quiroz, titular de la Fiscalía Especial en Atención a Delitos contra Periodistas del Estado de Morelos, expuso que del 2011 a la fecha se han recibido 18 denuncias, pero “afortunadamente no hemos tenido ni un incidente de homicidio de algún periodista”.
Añadió que en la entidad se implementó un protocolo para quienes se encuentran en estado vulnerable derivado de las funciones propias del periodismo, y se convocó la semana pasada a una sesión extraordinaria de ese mecanismo, a petición de un periodista que estaba siendo amenazado, y a quien se le dio la opción de levantar un acta y brindarle protección a él y su familia, así como acompañamiento psicológico.
En lo que se refiere a Filiberto Álvarez Landeros, dijo que las líneas de investigación seguidas hasta ahora infieren que “su deceso no se da por causas propias de su labor y gracias al desempeño de la unidad de investigación criminal se obtuvo una orden de aprehensión el 4 de mayo de 2017, la cual llevó a la aprehensión de uno de los dos imputados”.
En su turno, la fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Puebla, María Eugenia Calderón Oliman, destacó que la investigación sobre homicidio del comunicador Aurelio Cabrera Campos, se ha logrado librar la orden de aprehensión, “la cual está pendiente y se está buscando a la persona responsable”.
Relató que los asuntos que se han reportado en las investigaciones han arrojado que las agresiones y amenazas, en su mayoría, no derivan de la función que las víctimas tienen como periodistas.
Enfatizó que en Puebla se pusieron en marcha un programa estatal y una comisión encargada de proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas, a fin de garantizar la libre manifestación de las ideas y monitorear las agresiones cometidas en contra de los informadores.
Finalmente el procurador general de Justicia de Tlaxcala, Tito Cervantes Zepeda, destacó que la entidad ha establecido una unidad encargada para atender las denuncias de vulneración a los derechos de los comunicadores.
Detalló que se inició una investigación sobre el ciudadano José Roldán Ávila, quien se especulaba que era comunicador; sin embargo, las indagaciones arrojaron que desde hace 10 años no ejercía la labor periodística, y aunque efectivamente sí realizaba algunas labores altruistas, ninguna razón fue móvil en su homicidio.
Recalcó que en su entidad existe una “total libertad de expresión” y “en la actualidad no se tiene conocimiento de más personas que hayan sido amenazadas, o al menos no se han presentado a denunciar los hechos”.
Iniciativa para evitar faltas de servidores públicos en mecanismos para proteger a comunicadores
Posteriormente, en su reunión de trabajo, los integrantes de la Comisión Especial aprobaron tres opiniones de puntos de acuerdo; el primero, relativo a la investigación derivada por las amenazas de las que ha sido objeto el periodista Héctor de Mauleón.
Otro, exhorta al gobierno de Veracruz a realizar las investigaciones necesarias en el caso del asesinato del periodista Cándido Ríos Vázquez; el tercero, solicita a la PGR atraiga los casos de homicidios a periodistas y se lleven a cabo las acciones necesarias, a fin de que esos delitos no queden impunes.
Los diputados también avalaron el proyecto de decreto de la iniciativa que reforma el artículo 65 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de evitar faltas de los servidores públicos en los mecanismos de protección a periodistas.
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