12-04-2018.- El Pleno cameral aprobó con 310 votos a favor, en lo general y en lo particular, con modificación, aumentar de cuatro a cinco los integrantes de la Sección Instructora en la Cámara de Diputados, y la de Enjuiciamiento en el Senado de la República, con el propósito de evitar un empate en la votación.

El dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; se remitió al Senado para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar el documento, el presidente de la instancia legislativa, diputado Jesús Valencia Guzmán (Morena), propuso cambiar el artículo primero transitorio, a fin de que el decreto entre en vigor a los 90 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Explicó que la Sección Instructora “con un número impar de integrantes podría tener más posibilidades de tomar determinaciones que eviten el empantanamiento de los asuntos y en sus resoluciones se impidan parálisis y atascos”.

No obstante, aclaró que “el rezago en materia de solicitudes de procedencia y juicios políticos no será resuelto con esta reforma”. Entre 2003 y 2017 se acumularon 356 denuncias de juicio político, cifra que debe llamar a la reflexión sobre la importancia y la celeridad con que deben actuar y responder los legisladores ante estos actos, destacó.

Precisó que con fundamento en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, los procesos que se encuentren en curso de la Sección Instructora de la LXIII Legislatura continuarán su desahogo conforme al acuerdo de su integración publicado en el DOF el 11 de marzo de 2016.

Valencia Guzmán refirió que la Sección Instructora es el órgano encargado de practicar las diligencias necesarias para comprobar la conducta, características y circunstancias que haya tenido un servidor público denunciado en el juicio político, para establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad.

Asimismo, la subsistencia del fuero constitucional, cuya remoción se solicita en el caso de la declaración de procedencia, y concluida esta averiguación, dictaminar si procede actuar penalmente contra el inculpado.

En ambos casos, dijo, la Sección Instructora procede solamente después de que las acusaciones pasan por el análisis de la Subcomisión de Examen Previo, quien establece los antecedentes de la acusación para determinar si el caso amerita la investigación e instrucción.

En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, por Encuentro Social, el diputado Abel Cruz Hernández sostuvo que ante la impunidad y corrupción en que incurren los servidores públicos y la desconfianza ciudadana hacia los gobernantes, “resulta necesario reformar no solo las atribuciones de los distintos órganos competentes, sino también los mecanismos para hacer efectivas esas atribuciones”.

Consideró necesario revisar, redefinir y transformar la figura del juicio político en sus fines y procedimiento, para que sea un control o medio de defensa de la Constitución, donde únicamente se atiendan criterios jurídicos sin que existan estados de excepción o tolerancia, en virtud de que no se ha cumplido con el objeto para el cual fue creado. Se pronunció por eliminar el fuero para que nadie, sin distinción de colores o partidos políticos se escuden en él y cometan abusos que quedan impunes.

De Nueva Alianza, el legislador Francisco Javier Pinto Torres apuntó que en la mayoría de los casos cuando se ha solicitado un juicio político, la Sección Instructora se ha visto obstaculizada para complementar su labor, principalmente por el número de integrantes que la conforman, ya que son cuatro, registrándose “empates y empates y empates en la votación de juicios de procedencia, con lo cual se estanca y luego se le da carpetazo a todas las solicitudes”.

De ahí, la necesidad de aumentar a cinco a sus integrantes para tener la posibilidad de tomar una decisión que “evite encubrimientos y se erradique la impunidad”, porque aquel servidor público que actúe de manera ilícita debe asumir las consecuencias. “Es nuestro deber y obligación impulsar la certeza jurídica y democrática de México”, señaló.

La diputada Candelaria Ochoa Avalos (MC) resaltó la importancia de esta reforma para destrabar los juicios de procedencia, a fin de impulsar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, ya que no debe existir protección o impunidad en favor de cualquier servidor público. El fuero generalmente es utilizado por quien delinque, no por sus opiniones, sino porque en el fondo transgrede la ley.

Se pronunció en contra de que esta reforma entre en vigor hasta la siguiente Legislatura. “No a juicios políticos a modo”, ya que es un principio fundamental en contra de quienes violentan la ley. La propuesta de ampliar a cinco los miembros de la Sección Instructora es no solamente una acción de justicia, sino también para que “se tomen decisiones serias y se proceda jurídicamente”.

Por el PVEM, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez subrayó que modificar el número de integrantes de la Sección Instructora, de cuatro a cinco, es decir, a una cifra impar permitirá agilizar la toma de decisiones al definirse de manera más rápida y clara el proceso de votación de los dictámenes.

De esta forma, la ciudadanía tendrá total certeza de que el procedimiento se ejercerá con plena ecuanimidad, neutralidad y objetividad para decidir si se procede o no, penal o administrativamente, en contra de funcionarios públicos señalados como probables responsables de cometer actos contrarios a los intereses de la sociedad mexicana.

La diputada Guadalupe Hernández Correa (Morena) señaló la importancia de que sean cinco los integrantes de la Sección Instructora, a fin de evitar empates en la votación. Con ello, la función jurisdiccional de la Cámara de Diputados no se verá obstaculizada “dañando nuestra frágil democracia”.

Señaló que dicha Sección “ha detenido importantes asuntos por su composición que ha impedido la emisión de los dictámenes”. Se pronunció por suprimir los privilegios y remover obstáculos para aplicar la justicia, así como por eliminar el fuero.

Del PRD, el diputado Agustín Basave Benítez afirmó que “el juicio político es una de las muchas figuras jurídicas ornamentales que se tienen en México”. Por ello, esta reforma “inyecta una dosis de eficacia” para aplicar este recurso, a través de algo tan sencillo como aumentar de cuatro a cinco el número de legisladores que votan por la declaración de procedencia.

Expresó su acuerdo para facilitar el funcionamiento del juicio político, no con postergar su entrada en vigor, hasta 90 días después de que se publique en el DOF. “Si vamos a acabar con los ornamentos, con esas normas inaplicables alejadas de la realidad hechas a propósito para que no se apliquen, hagámoslo de una vez, sin postergar y discutiendo en serio la eliminación del fuero en todas sus expresiones”, propuso.

El diputado del PAN, Juan Pablo Piña Kurczyn, promovente de la iniciativa, sostuvo que debido a que existe un vacío legal, muchos asuntos no han podido discutirse hasta su conclusión en la Sección Instructora, pese a que son temas de gran relevancia para el país, porque a través del sistema de responsabilidades políticas y penales se pueden aplicar sanciones a servidores públicos corruptos.

Explicó que tener un número par de integrantes en dicha Sección genera empates que se traducen en la imposibilidad de fincar responsabilidades a quienes lo merecen. Llamó a la sensatez y congruencia para hacer más eficaz la impartición de justicia y por retirar el fuero.

Por el PRI, el legislador Ricardo Ramírez Nieto destacó la necesidad de incrementar un integrante en ese órgano para evitar empate en la votación. Aclaró que la Sección Instructora no ha sido diseñada para politizar la justicia y enmendar las planas que permanentemente, tuvo el Ministerio Público al mandar carpetas de investigación totalmente sesgadas, incompletas y más aún reconociendo que se encuentran en trámite, que faltaban actuaciones para seguir adelante y estar en condiciones de acudir ante un juez a solicitar una acción penal.

“Es urgente y necesario que actuemos sin el número de integrantes que obstaculice o detenga los procesos. Porque no vamos a permitir que se politice la justicia”, afirmó. Aclaró que eso no significará que por esa sola circunstancia los dictámenes deban resultar positivos por una simple mayoría, cuando lo que mandata la ley en los casos específicos es fundar y razonar adecuadamente todos los asuntos que le turnen a la Sección Instructora.

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