19-04-2018 La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada de 370 votos, dictamen que elimina el fuero Constitucional para todos los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, quienes podrán ser imputados penalmente durante el tiempo de su encargo ante la comisión de un delito.

El dictamen que reforma los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Carta Magna, además establece que el Presidente de la República también podrá ser sujeto de juicio político y que la acusación respectiva que haga la Cámara de Diputados ante la de Senadores, requerirá de la mayoría calificada.

Con estas reformas, se señala que de igual manera, se podrá imputar penalmente a gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, regidores y alcaldes, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, concejales. En todos casos se observarán los principios de derechos y garantías procesales que la Constitución establece a toda persona.

Cabe destacar que la Carta Magna ya señalaba que se podía proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Se precisa que nadie podrá ser sancionado con pena privativa de libertad por las conductas que atenten contra el honor de las personas, tales como difamación, calumnia e injuria.

El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, elimina también la Declaración de Procedencia, que quita la facultad a la Cámara de Diputados de determinar si ha o no lugar a proceder penalmente en contra de los servidores públicos que hubiesen incurrido en algún delito, es decir, de retirar o no el fuero.

De igual manera, plantea que las Constituciones estatales no deberán establecer prerrogativas o tratos procesales especiales a los servidores públicos de las entidades y municipios, cuando incurran en cualquier tipo de responsabilidad o en la probable comisión de delitos.

En el caso de que un Juez determine la vinculación a proceso a alguno de los servidores públicos, se le podrá imponer cualesquiera de las medidas cautelares que señale el Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo la prisión preventiva y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo, hasta en tanto no se dicte sentencia condenatoria o bien termine el periodo para el cual fue electo o nombrado.

También se estipula que si la sentencia fuera condenatoria y se trate de un delito cometido durante el ejercicio de su cargo, no se concederá a la persona privada de su libertad la gracia del indulto.

Se establece que “la responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años”.

Destaca la necesidad de erradicar la posibilidad de que un servidor público se valga del fuero, como figura institucional, para emplearlo como un escudo ante prácticas de corrupción o de conductas delictivas.

Actualmente, el fuero se percibe como un privilegio que se encuentra implícito en determinados cargos públicos a favor de sus respectivos titulares e impide que ciertos funcionarios sean procesados penalmente.

Para este dictamen se analizaron 32 iniciativas que abarcan propuestas de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD, MC, PES, PVEM, Morena, NA, de diputados sin partido, de tres congresos de los estados, una iniciativa ciudadana –conocida como Gobierno sin privilegios-y además de un oficio de un sector de la ciudadanía que se pronunció sobre el tema.

Conforme a diversos datos, desde 2003 existían 356 solicitudes de juicio político examinadas por la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados. En contraste, de 45 solicitudes de declaración de procedencia que esta institución legislativa recibió en ese mismo lapso y que fueron ratificadas, solo cuatro culminaron en desafuero.

Relata que en la historia, la Cámara de Diputados ha desahogado muy poco juicio de procedencia. Hay siete casos en los que se ha llevado a cabo y se ha logrado retirar la inmunidad de los servidores públicos. De estos siete casos, solamente tres han enfrentado su proceso penal.

El documento precisa que para salvaguardar las opiniones que manifiesten los legisladores en el desempeño de su encargo, se mantendrá intacto el primer párrafo del artículo 61, de tal forma que los legisladores del Congreso de la Unión, mantienen una garantía Constitucional que les permita ejercer su función con independencia y con autonomía; no obstante, se suprime el segundo párrafo, sobre la referencia al fuero Constitucional.

También se asegura la inviolabilidad de los recintos, pero se da pie a la acción de la justicia ante la comisión de delitos, principalmente cuando se trate de conductas antisociales que lastimen de manera profunda, irreparable o extensa al tejido social de la nación.

En el documento se suprime que el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

En ningún caso, se impedirá el ejercicio de funciones y facultades inherentes a la deliberación o voto en los órganos colegiados del poder público al que pertenezca el servidor público imputado o acusado.

En demandas de orden civil o cualquier otra distinta a la materia penal que se entable en contra de los servidores públicos, se observarán, los procedimientos correspondientes, es decir, trata de igual forma a todos.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Daniel Ordoñez Hernández (PRD) señaló que el fuero que debió usarse como instrumento de protección de la independencia del Poder Legislativo, quedó a consideración de las necesidades políticas y negociaciones entre bloques parlamentarios y grupos gobernantes.

Detalló que en más de una ocasión, con la pruebas en la mano, se solicitó el desafuero de algunos legisladores y servidores públicos para que respondieran por señalamientos diversos que iban desde actos de corrupción hasta la vinculación con el crimen organizado, pero el fuero terminó como un instrumento de protección de actos indebidos que los mismos usaban para evitar ser consignados por faltas administrativas, hasta por delitos del fuero común y del orden federal.

Subrayó que el abuso del fuero es una de los elementos que contribuyen a la pésima imagen que la sociedad mexicana tiene de los legisladores y servidores públicos. “Para muchos habitantes, el fuero es una especie de patente de corso de la clase política”, indicó.

“La aprobación de este conjunto de reformas no es el puerto de llegada, sino el punto de partida de un proceso mucho más amplio que busca que la vida pública en México tenga ética y honor”, refirió el legislador.

Explicó que a partir de la aprobación de este dictamen pasará por el proceso parlamentario en el Senado y en los Congresos estatales, una vez entrando en vigor; “en este país no habrá quien más se escude de tener una figura para no ser aprehendido por las autoridades en caso de que cometan un ilícito”.

En representación del PES, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco se pronunció a favor. “Este día México será diferente. Hoy la Cámara de Diputados no será refugio de los delincuentes de cuello blanco, sino de la libertad de expresión”.

Mencionó que es un día histórico para el país, pues la la justicia se aplicará en igualdad, desde el Presidente de la República hasta el último funcionario. “Nadie se podrá escudar en su fuero y nunca más podrán charolear”.

El diputado de Nueva Alianza, Luis Alfredo Valles Mendoza, señaló que con esta reforma se erradica la posibilidad de que un servidor público se valga del fuero para usarlo como un escudo o en prácticas o conductas delictivas.

Recordó que el fuero se instituyó para proteger a quienes opinaban distinto. “Lamentablemente su uso se desvirtuó y se convirtió en sinónimo de impunidad. Con esta reformas, añadió, se conducirá al país por un camino de legalidad y, con ello, recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y los servidores públicos”.

En su turno, el legislador Macedonio Salomón Tamez Guajardo (MC) sostuvo que el fuero es una institución obsoleta. “Vergonzosamente, la clase política ha abusado de ella, en conjunto con otros privilegios que ofenden y lastiman a la sociedad”.

El diputado pidió ir más allá y que al tiempo de aprobar esta reforma, los legisladores se comprometan a aplicar la ley, a partir de que entre en vigor y se juzgue, procese y sancione a los funcionarios que se corrompen y afectan los intereses del pueblo; asimismo, demandó que todos los privilegios como sobresueldos, bonos, seguros de gastos médicos y de vida, y pensiones, se eliminen.

Por el PVEM, la diputada Lorena Corona Valdés explicó que con estos cambios normativos desaparece el fuero, prevalece el principio de presunción de inocencia del que goza todo ciudadano mexicano, se favorece la igualdad jurídica de los servidores públicos y se hace sujeto a juicio político al Presidente de la República.

“Es increíble que se haya desvirtuado la naturaleza del fuero con la reforma de 1982, ya que pasó de ser una figura que velaba por el libre debate parlamentario a un fuero que gozaban los titulares de los Poderes de la Unión en el nivel federal y local, e inclusive servidores públicos de segundo orden”.

El diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena) consideró que con este dictamen se pone un alto a la protección de quienes han abusado de un puesto para malversar los fondos públicos desde hace décadas.

“Es menester que el Poder Legislativo se dé a la tarea de fortalecer el sistema penal y que el Senado de la República haga lo que le corresponde y los cargos que aún están a la discusión, sujetos en los acuerdos políticos, tales como la Fiscalía General y los nombramientos que se requieren para que el Sistema Nacional Anticorrupción opere verdaderamente a plenitud”.

El perredista Francisco Martínez Neri expresó su respaldo al dictamen, porque elimina el fuero a todos los servidores públicos, incluido el Presidente la República. “Debo advertir que el dictamen es la consecuencia de una lucha histórica de millones de mexicanos que piden justicia sin cortapisas ni privilegios”.

“Este es un día histórico en la larga lucha por combatir la corrupción y la impunidad. Por ello, le decimos al pueblo de México: Hoy, con la eliminación del fuero, hemos cumplido con su mandato”.

En su turno, el legislador panista, José Hernán Cortés Berumen, apuntó que cuando se iniciaba algún procedimiento en la Cámara de Diputados era prácticamente una línea defensiva de contención, en donde no se permitía desaforar a alguien para que fuera sujeto de una justicia penal.

Pidió que estas reformas no sean una simulación, sino una realidad, porque México necesita que verdaderamente todos los funcionarios públicos rindan cuentas de cara a sus propias acciones.

El diputado priista Braulio Mario Guerra Urbiola manifestó que no debe existir ningún otro privilegio en este país, más que el de ser mexicanos, por lo que el juicio de procedencia y el fuero son una discordancia.

“Con la aprobación de estas modificaciones, se avanza en el combate a la corrupción a pasos agigantados”, consideró el legislador.

Al fijar su postura, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez (PVEM) señaló que ya no habrá prerrogativas ni tratos especiales para los servidores públicos que cometan cualquier tipo de delito y se incluye al Presidente de la República como sujeto de juicio político.

“Esto da un mensaje directo a la nación de que nadie debe estar por encima de la ley; marca un parteaguas para demostrar que vamos por una verdadera justicia, con el fin de terminar con privilegios, combatir la corrupción e impedir que un acto delictivo se escude bajo el manto del fuero”.

Jesús Emiliano Álvarez López, diputado de Morena, expresó que este tema representa una de las demandas ciudadanas más legítimas, ya que si existe inmunidad, la corrupción seguirá, porque los delitos que no se castigan tienden a repetirse. “Mantener el fuero no abona en nada a aumentar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia. Con este dictamen, se pondrá fin a la impunidad que rige sobre la clase política mexicana”.

De MC, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco subrayó que México está sumido en la peor crisis de credibilidad en sus instituciones. Por eso, dijo, “hoy se asume la responsabilidad de atender esta demanda de la sociedad”. Llamó al Senado de la República y a los congresos locales para aprobar la reforma y se acaben los privilegios, haya justicia para todos, y que los corruptos no sigan blindados y vayan a la cárcel.

El diputado Agustín Basave Benítez (PRD) afirmó que se vive un momento histórico con la aprobación de esta reforma; sin embargo, pidió tomar con cautela estas reformas, pues “falta que el Senado y los congresos estatales la aprueben. Por ello, debemos vigilar que esta reforma efectivamente se culmine y se pueda avanzar”.

En lo particular, se aprobaron los artículos 17 y 112 -con 349 votos en pro y uno en contra-, en términos del dictamen, toda vez que las reservas fueron retiradas.

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