26-04-2018.- La Cámara de Diputados aprobó y envió al Ejecutivo federal el dictamen a la minuta que expide la Ley General de Archivos, ordenamiento legal que tiene por objeto establecer la organización y administración homogénea de registros en los diversos órdenes de gobierno.

La nueva ley determinará las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos; considera sujetos obligados a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, institutos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

El documento, avalado en lo general y particular por 357 votos a favor, 1 abstención y uno en contra, garantiza el principio de transparencia al establecer que toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de sujetos obligados, será pública y accesible a cualquier persona.

El dictamen, consensado por la Comisión de Gobernación, actualiza el Sistema Institucional de Archivos para que los sujetos obligados implementen procesos de gestión documental y con ello crear sistemas de información eficientes que favorezcan la toma de decisiones, coadyuven con la garantía de acceso a la información, fortalezcan la rendición de cuentas y contribuyan a enriquecer la memoria colectiva.

Otro punto relevante es que plantea el diseño de instrumentos de planeación y programación en materia archivística a través de programas anuales, a efecto de que los entes públicos en materia de archivos analicen los factores internos y externos.

De igual manera, incluye regulación más puntual en cuanto a las obligaciones de particulares respecto a los documentos de interés nacional que posean, mismos que deberán ser asentados en el Registro Nacional de Archivos. Deberán ser conservados, preservados y se permitirá el acceso a ellos por ser considerados de interés público.

Además, se adicionan disposiciones en materia de protección, salida y restitución del patrimonio documental de la nación, a fin de prevenir y combatir el tráfico ilícito del patrimonio documental, al establecer un catálogo de delitos en la materia que podrían castigarse con multa o cárcel.

La ley surgió de la necesidad de una ley de archivos que contribuyera a conservar en el tiempo el patrimonio documental de México como fuente de una identidad colectiva, y que a la vez le permitiera a la población acceder a esa historia documental de manera sencilla.

En lo particular se reservaron los artículos 4, 36, 38, 65, 77 y 88, posteriormente aceptados en términos del dictamen, con 229 votos.

Ley General de Desarrollo Social

A la Comisión de Desarrollo Social se regresó un dictamen de reformas al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social en materia de financiamiento y gasto, que pretendía considerar como prioritarios y de interés público los programas dirigidos al desarrollo de zonas expulsoras de migrantes.

El dictamen que tuvo 173 votos en pro, una abstención y 193 en contra, señala que el cambio permitiría evaluar y dar seguimiento al programa, y fortalecería la participación de los actores; consideraría la ampliación de las Reglas de Operación del Programa 3x1 para incluir la participación de la iniciativa privada.

Además, daría mayor atención no sólo a comunidades expulsoras de migrantes al exterior, también estarían consideradas localidades afectadas por la migración interna, particularmente del ámbito rural hacia las grandes ciudades.

Ley General de Turismo

Se devolvió a la Comisión de Turismo el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en esta materia, que pretendía incluir el concepto de descanso y recreación, luego de que recibió 172 votos a favor, una abstención y 188 en contra.

El documento proponía fomentar conectividad y liberación de la política de los medios de transporte; diversificar los productos y el desarrollo de destinos; impulsar la inversión y financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, así como certificar el sector a través de estándares internacionales, incentivos, reconocimientos oficiales y otros medios.

Fomentar el uso de tecnologías de información y la comunicación para la promoción y oferta de servicios turísticos, y establecer como principios y criterios en la aplicación de la Ley los conceptos de Accesibilidad, Información, Libertad de tránsito, Inmediatez, Pro turista, Pro residente y Libertad de prestación del servicio turístico.

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