03- 12- 2108.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (Morena), sostuvo que empoderar a las personas con discapacidad es esencial para que sean tomadas en cuenta, incrementen su participación política y ocupen cargos de elección popular, a fin de tener representatividad en la toma de decisiones y ejerzan sus derechos en la materia.

Al inaugurar el foro “Los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Nuevo Milenio”, el legislador refirió que el pasado 8 de octubre propuso una iniciativa que reforma la Ley General de los Partidos Políticos, para que en sus estatutos se establezca que el 5 por ciento de sus propuestas a puestos de elección popular, se destinen a esta población.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Ruiz Lustre afirmó que México fue el precursor de una nueva visión de la discapacidad que condujo a promulgar la Ley General, donde se estableció el mecanismo de participación social; sin embargo, este sector no está presente, porque “dejamos que otros decidan por nosotros”, subrayó.

Agregó que esta población requiere de opciones que les permitan crecer económicamente y desarrollarse como capital humano, así como garantizar su participación política.

Destacó la relevancia del Registro Nacional de Población de las Personas con Discapacidad que iniciará su operación el año próximo, a través de la Secretaría de Gobernación.

En la Clave Única de Registro de Población (CURP) se adicionará una cifra que identificará la condición de discapacidad a nivel nacional, la cual validará la Secretaría de Salud. Con este mecanismo se conocerá el número total de estas personas, explicó.

La secretaria de la Comisión, diputada Graciela Zavaleta Sánchez (Morena), se pronunció por recobrar una conciencia social inclusiva, en la que impere la justicia y las oportunidades, sin distinción de personas.

Aseguró que hay discriminación en contra de las personas con discapacidad, a la que cada año se suman 270 mil a nivel nacional; por ello, consideró necesario asumir y combatir los retos, a fin de lograr los mismos espacios para todos.

“Se ha avanzado en el reconocimiento de sus derechos; por ejemplo, hoy tenemos una Ley General que permite reconocer, ejercer y respetar las garantías individuales de esos ciudadanos”, expresó.

Destacó que “la Cuarta Transformación beneficiará con becas a las personas con discapacidad pero, al mismo tiempo, permitirá generar capacitación y empleos dignos. Este foro es un puente de diálogo para la inclusión”.

Por su parte, María Lizárraga Iriarte, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), subrayó que quienes padecen alguna discapacidad deben disfrutar de los derechos que tiene cualquier persona, pues la Constitución es muy clara al prohibir la discriminación.

Precisó que la accesibilidad habilita a esa población a ejercer sus derechos, y “el IFT se encarga de establecer parámetros obligatorios para que esas personas accedan a los distintos medios de telecomunicación”.

“No sólo se trata de medios físicos, sino de todos los ámbitos en los que se desenvuelven. La accesibilidad debe ser alentada por el Estado y es importante decir que el IFT somete a consulta pública todos sus lineamientos”, explicó.

Iliana Gama Benítez, directora de Información y Accesibilidad del IFT, indicó que es tarea del instituto emitir la reglamentación que vele por los derechos de personas con discapacidad, así como fijar las condiciones para quienes ofrecen servicios de telecomunicación.

“Nuestro trabajo es garantizar que los prestadores de servicios cuenten con documentos y equipos o teléfonos accesibles, además de centros de atención con personal capacitado. También ponemos énfasis en que ofrezcan portales de Internet asequibles, con números de atención y mecanismos que permitan realizar trámites de manera remota”, detalló.

Agregó que también se encargan de diseñar, desarrollar y publicar cápsulas informativas, en colaboración con otros organismos como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En su turno, Abigail Islas López, en representación del titular de la Unidad Jurídica y Análisis de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que México carece de datos estadísticos fiables. “Se refiere que el 6 por ciento de su población padece discapacidad, pero creemos que la cifra está subestimada, pues no considera a personas en situación de calle o privadas de su libertad”.

Dijo que no contar con números certeros limita la creación de políticas públicas en favor de esa ciudadanía. “Se piensa todavía en el asistencialismo, cuando ha quedado claro que ningún dinero será suficiente”.

Resaltó la importancia de la firma de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues representó un cambio de paradigma, que marcó un antes y un después en el tratamiento de los derechos. México cuenta con órganos de vigilancia para el cumplimiento de dicha convención y en 2014 se determinó que había fuertes tendencias discriminatorias; la próxima evaluación será en 2020, señaló.

“No se han desarrollado estrategias y ante falta de opciones hay personas que terminan en albergues, lo que constituye un tipo de segregación. Además, no hay control en esas instituciones, lo que propicia violaciones graves a los derechos humanos de personas con discapacidad”, comentó.

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