04-12-2018.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 454 votos, el dictamen a la minuta que reforma el primer párrafo del artículo 6 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, para garantizar a las personas con discapacidad accesibilidad a planteles con instalaciones que permitan su inclusión.

El documento devuelto con cambios al Senado de la República para sus efectos constitucionales, busca dar cumplimiento a las leyes generales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como a los tratados internacionales en la materia suscritos por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República.

La presidenta de la Comisión de Educación, diputada Adela Piña Bernal (Morena), dijo que con este dictamen, se fortalece el marco legal para promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

En los cambios a la minuta, se acordó incluir la mención de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el sentido de que dicho ordenamiento tiene por objeto: prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, en los términos del artículo 1 de la Constitución Política, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato, dijo.

Asimismo, se eliminó de la minuta una adición al artículo 19, toda vez que la propia Ley General de la Infraestructura Física Educativa ya dispone en su artículo 11, que en la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas.

La diputada Piña Bernal destacó que en México hay alrededor de 5.7 millones de ciudadanos con discapacidad; por eso, “debemos reflexionar y reafirmar el compromiso para mejorar las instituciones educativas para que de verdad sean inclusivas”.

Sostuvo que esta Legislatura tiene el deber de fortalecer el marco jurídico protector de los derechos de estas personas, toda vez que muchas de ellas continúan siendo excluidas de una participación activa en la sociedad, y a la fecha aún carecen del reconocimiento pleno de sus derechos humanos.

La legisladora presentó una propuesta de modificación al dictamen, misma que fue aceptada por el Pleno, para que en el artículo 6 se denomine de manera correcta la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En los posicionamientos, la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (Morena) expresó que si la educación pública se considera el principal instrumento de movilidad social, es fundamental que las personas con discapacidad puedan acceder a ella, con la infraestructura física educativa que contemple la accesibilidad como un principio rector en la materia.

Calificó como oportuno armonizar la legislación vigente, con la finalidad de facilitar su ejecución de manera eficiente, asegurando con ello el pleno ejercicio de los derechos humanos, especialmente respecto a la accesibilidad a la infraestructura física educativa.

Su compañera de bancada, diputada María de Jesús García Guardado, argumentó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) únicamente el 46.5 por ciento de las niñas, niños y adolescentes que presentan algún tipo de discapacidad en México acude a la escuela. Es decir, más del 50 por ciento de esta población no tiene acceso a la educación; “la causa principal, es la falta de planteles con instalaciones que permitan su inclusión”.

Hizo votos por crear escuelas incluyentes, que garanticen un trato digno e igualitario. “Morena se posiciona a favor de construir espacios de infraestructura educativa libres de discriminación. El gran reto del Estado es ofrecer respuesta a la diversidad integrada por alumnos con algún tipo de discapacidad”.

Por el PAN, la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, refrendó su compromiso por trabajar juntos por un país más incluyente, donde los derechos de las personas con discapacidad estén plenamente garantizados. Se manifestó por defender los derechos humanos de esta población y legislar para lograr espacios más accesibles.

“El reto más grande para México es llevar a la práctica lo que está escrito en las leyes, a fin de garantizar un cambio de mirada hacia las personas y tener la capacidad de observar la diversidad de estudiantes, como un enriquecimiento a la población para que la sociedad comience a derribar las barreras que impiden la plena inclusión”.

Laura Barrera Fortoul, diputada del PRI, precisó que adecuar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones de accesibilidad en los planteles educativos del país, representa una política pública de la mayor trascendencia que contribuirá a garantizar que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de hacer efectivo su derecho a una enseñanza de calidad.

De acuerdo con el Inegi, el 60.6 por ciento de las personas sin discapacidad de 3 a 29 años de edad asisten a la escuela, en contraste con solo el 46.5 por ciento de las que tienen alguna discapacidad, una diferencia de casi 15 puntos porcentuales. El porcentaje de la población con discapacidad analfabeta de 15 años y más, es del 22. 7 por ciento, cifra que supera por mucho al de la población sin discapacidad que llega al 3.8 por ciento.

La diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez (PES) señaló que con este dictamen se atiende de manera positiva el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes. Esta reforma defenderá a alrededor de 31 millones de estudiantes de diversos niveles educativos.

Dijo que armonizar la Ley de Infraestructura Educativa con la General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, representa la obligación del Estado mexicano a impulsar la inclusión de esta población en todos los niveles del sistema educativo nacional.

El diputado del PT, José Luis Montalvo Luna expuso que para que la Cuarta Transformación de la vida pública del país alcance sus objetivos, es indispensable erradicar por completo la intolerancia, la discriminación y la exclusión, “conductas que nada abonan al fortalecimiento de la democracia”.

Agregó que con estas reformas se fortalece el andamiaje jurídico en materia de inclusión e igualdad. Las modificaciones adquieren mayor relevancia si se toma en cuenta que el 23.1 por ciento de la población con discapacidad de 15 años y más no cuenta con algún nivel de escolaridad, y apenas el 39.1 por ciento, de 15 años y más, participa en actividades económicas.

Kehila Abigail Ku Escalante, diputada de MC, resaltó que la educación es fundamental para dar movilidad social a niñas, niños y adolescentes, además de que les ayuda a formar su carácter, personalidad y les da las bases para una formación ciudadana y personal. “No solo se trata de aprobar este dictamen y cambiar la ley, también debe existir un compromiso firme por parte del Ejecutivo federal para cumplir y hacer valer estas modificaciones”.

Pidió que en el próximo Plan Nacional de Desarrollo se tome en cuenta la inclusión en lo general y en particular, de este sector, no solo en las escuelas sino en la infraestructura de las instituciones públicas y principalmente en la vía pública. “Un espacio que lamentablemente se ha convertido en una cotidiana carrera de obstáculos”.

La diputada Abril Alcalá Padilla (PRD) señaló que de acuerdo con el Inegi, el 8.8 por ciento de las niñas y niños del país, entre los cero y los 14 años tienen discapacidad. El 36.2 por ciento, dificultad para caminar, subir o bajar escaleras usando las piernas.

Mencionó que las personas con discapacidad para mover o usar sus brazos o manos, son las que presentan menores proporciones de asistencia escolar, tanto hombres como mujeres. De ahí, dijo, “lo imprescindible de aprobar esta minuta, que busca incluir importantes leyes sociales”.

En la discusión en lo general, la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (PT) expresó que esta Cuarta Transformación debe garantizar planteles que abracen a los alumnos, pero sobre todo, a aquellos que tienen una discapacidad. “Bastante esfuerzo hacen con llegar a estudiar y aferrarse a una vida totalmente normal, como para que no tengan dentro de un plantel las comodidades suficientes para que lo hagan de la manera correcta”.

Juan Pablo Sánchez Rodríguez, diputado de Morena, resaltó que la política educativa actual ha desfavorecido a los sectores más vulnerables del país, “dejando de lado a niñas, niños y adolescentes. Esa etapa oscura que marcó la mal llamada reforma educativa, está por concluir y vamos a poner en práctica políticas públicas favorables e incluyentes para todo aquel estudiante mexicano que cuente con alguna discapacidad”.

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