06-12-2018.- La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), integrante de la Comisión de Justicia, llevó a cabo el evento “La Marea Verde llegó a San Lázaro”, con el objetivo de analizar su iniciativa, presentada ante el Pleno el pasado 8 de noviembre y turnada a las comisiones de Justicia y de Igualdad de Género, para evitar que las mujeres sean encarceladas por abortar.

La legisladora refirió que 25 millones de mujeres a nivel mundial han interrumpido su embarazo. En México, hay aproximadamente 250 en la cárcel por este hecho y cuatro mil han sido denunciadas por ese motivo. De ahí la convicción de la legisladora para que no lleguen a prisión.

La propuesta modifica los artículos 329, 330, 332, deroga los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal y adiciona los artículos 20 Bis y Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para considerar el aborto como la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación, antes no se considera como tal.

Señala que se impondrán de tres a seis meses de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de las 12 semanas de embarazo. En este caso, el delito sólo se sancionará cuando se haya consumado.

A quien hiciere abortar a una mujer, se le aplicarían de uno a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que emplee, y siempre que lo haga con consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión sería de tres a seis años, y si media violencia física o moral, se impondrán al delincuente de seis a ocho años de prisión.

Establece, también, que se considerará como violencia institucional contra las mujeres la esterilización, aborto o embarazos forzados, tipificación del aborto como delito con pena privativa de la libertad, denegación o postergación del aborto sin riesgo y la continuación forzada del embarazo.

Villavicencio Ayala precisó que su propuesta es equivalente a lo que establece el Código en la Ciudad del México, con la diferencia de que se elimina cualquier tipo de sanción, incluso si pasan las 12 semanas de embarazo. Su propósito, dijo, es acabar con ese sentido de punibilidad.

Además, continuó, busca proteger la salud de las mujeres como principio fundamental, porque quienes interrumpen el embarazo no tienen una buena condición económica y lo hacen en situaciones insalubres con el riesgo de perder la vida o quedar con lesiones, además, se enfrentan a ser llevadas a la cárcel.

Consideró necesario reforzar la prevención como una política pública fundamental y aclaró que no plantea la interrupción del embarazo como un método de planificación, sino reconocer una realidad y garantizar los derechos de las mujeres.

Este evento, comentó, es una de las primeras actividades del Parlamento Abierto, del cual ella es responsable en su grupo parlamentario, a través del cual se busca fortalecer a la sociedad civil organizada, que tiene mucho que aportar en la transformación del país.

Sofía Román Montes, en representación de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional en los Derechos Humanos (CNDH), se pronunció por que realmente se avance en la despenalización del aborto, que sería un gran logro de todas las mujeres. Así sucedió en la Ciudad de México, y si ocurriera en todo el país “sería como un sueño”.

Se manifestó a favor del derecho a decidir de las mujeres y se congratuló por la apertura con la sociedad civil. Son muchas las contribuciones que pueden aportar, afirmó.

Francisco Cué, responsable de vinculación legislativa del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), señaló que cada entidad federativa decide quienes tienen acceso a la interrupción legal del embarazo y bajo qué supuestos; únicamente en la Ciudad de México se permite hasta la doceava semana por voluntad de la mujer y se garantiza la provisión del servicio. Todavía hay tres estados en los que, incluso, los abortos espontáneos, naturales, podrían ser perseguidos penalmente.

Para lograr la despenalización nacional, se necesita transitar por una reforma constitucional que dote al Congreso de la Unión de atribuciones para legislar en toda la República sobre este tema. También debe reformarse la Ley General de Salud por tratarse de un tema de salud pública y se requiere que las instituciones brinden este servicio con calidad y de manera gratuita, consideró.

Daniela Tejas Miguez, co-coordinadora del Fondo MARIA, informó que este es el único fondo de aborto de América Latina y El Caribe. Se acortan las brechas de desigualdad para que las mujeres puedan acceder a realizarse esta práctica de forma segura en la Ciudad de México, indicó.

Señaló que 12 semanas no son suficientes para abortar porque una mujer se entera que está embarazada aproximadamente a las cuatro semanas, y padece una estructura de desigualdad económica, social y política.

Sostuvo que el aborto legal no solamente es para no morirse, sino para poder decidir y ejercer nuestra sexualidad. “La legalización tiene que incluir que sea accesible, aceptable, de calidad y que no haya discriminación”.

Durante el evento, se efectuaron tres mesas de trabajo: Salud, sector estratégico para garantizar y priorizar la vida de las mujeres; Educación, estrategias de prevención, información y no discriminación, y la de Seguridad y Justicia, por la no criminalización de las mujeres y la liberación de las presas por abortar.

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