06-12-2018.- El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuellar, afirmó que en el proceso de análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, el reto es superar la dispersión de obras y dinero, y terminar con la asignación directa de recursos “que en su mayoría hacen los diputados y los gestores de los gobiernos estatales o ayuntamientos”.

Indicó que se decidió no etiquetar recursos gestionados por los diputados, pues “estamos ante un déficit de visión y compromiso nacional. Es una enfermedad de los grupos parlamentarios, alcaldes, ayuntamientos, y casi todos los gobernadores”, enfatizó.

Aseguró que hay fuerzas muy consolidadas “de abusos y costumbres” que presionan para que en la práctica la etiquetación se dé. “Es una lucha que estamos dando; esperamos ganarla, pues ante la nueva relación de fuerzas, no se debe repetir esa vieja dinámica”.

Durante la presentación del libro “La Negociación Política del Presupuesto”, de Luis Carlos Ugalde (Coordinador), el legislador consideró que la determinación del Presupuesto 2109 no se debe dar bajo la base de la opacidad de casi 300 mil millones de pesos, y la dispersión de recursos en obras inconexas. Recomendó hacer la revisión de “los ingresos de legisladores que antes participaban en la extorsión de la industria de los moches”.

Respecto al Ramo 23, señaló que éste cuenta con recursos importantes que dan certeza y estabilidad de ingresos a las entidades, con fondos de fortalecimiento financiero, programas de desarrollo regional o esquemas como los fondos Metropolitano y de Capitalidad.

“El debate es cómo sometemos a un control y disciplina mayor, con reglas totalmente claras, los fondos que, desafortunadamente, por el retraso de la modernización y actualización de la coordinación fiscal, son oxígeno para que estados y ayuntamientos tengan alguna capacidad de obra, de inversión”.

Dijo que por la precariedad fiscal y financiera de la federación y de los estados y municipios, muchos de esos fondos son la única alternativa para que haya un mínimo margen de inversión en entidades endeudadas y embargadas, con dificultades para pagar nóminas, resolver su gasto corriente. “Debemos enfrentar la realidad con otras bases”, pidió.

Apuntó que el libro hace una crítica profunda a la negociación presupuestal, no a un fenómeno cultural, sino al establecimiento y consolidación de un sistema que tiene como base la corrupción, la opacidad y el clientelismo, y se sustenta en la dispersión de recursos y la aprobación de obras sin vínculo a programas de desarrollo.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), afirmó que más allá de la negociación es necesario transparentar la asignación y manejo de los recursos.

Se pronunció por equilibrar los ingresos, sin endeudar el país. “Podremos tener ingresos suficientes para solventar los gastos, pero sin buen ejercicio difícilmente tendremos equilibrio para que el país sea mejor”.

Precisó que no basta con ser eficientes en la recaudación, es necesario hacer un gasto y asignación eficaz de los recursos, pues “la deuda se duplicó en el último sexenio por el mal uso de las finanzas”,

Consideró que los planes de bienestar social, las becas para jóvenes, el apoyo para adultos mayores y personas con discapacidad deben ser muy responsables, pues no sólo es entregar los recursos, sino que tengan la mejor aplicación, “porque no sabemos si se usan para lo que fueron asignados. De otra manera, no habrá impacto en el mejoramiento de la calidad de vida”

Añadió que obras como el Tren Maya y la refinería requerirán recursos durante toda la administración, porque trascenderán, por lo que deben generar ingresos para solventarse. “Será difícil asignarlos y dejarlas incompletas”.

Enseguida, el presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, diputado Fernando Galindo Favela (PRI), explicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “no puede vivir sin un ramo de control presupuestal, que hoy es el 23”.

“Le podemos llamar como sea, pero se necesita un ramo desde el cual la SHCP maneje todas las economías, los subejercicios y ampliaciones. A través de ese ramo, la secretaría administra los excedentes para los fondos de estabilización de los ingresos de la Federación y de las entidades”, explicó.

“Se habla mucho de que durante el año se eleva el gasto de ese ramo, pero es porque va a fideicomisos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. No quiere decir que Hacienda haga uso discrecional del dinero público”, continuó.

Dijo que todo se está concentrando en el Ramo 23; sin embargo, eso no es todo el presupuesto. El PEF, subrayó, es un instrumento que define las políticas y prioridades del país.

“Nosotros queremos un Paquete Económico que mantenga la estabilidad de las finanzas nacionales y que los ingresos estén de acuerdo con los criterios generales de política económica y las variables macroeconómicas”, concluyó.

Por su parte, la secretaria de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Martha Tagle Martínez (MC), resaltó la importancia de realizar modificaciones en la ley, para que no siga establecida ahí la discrecionalidad. “Necesitamos fijar controles y modos de seguimiento al uso del erario”.

Destacó que en el PEF 2019 se van a priorizar proyectos con sustento e inversión, pero “nos preocupan las cosas que no están bien planeadas y terminan con sobrecostos. Tenemos de por medio asuntos como el Tren Maya, en donde no vemos un plan”.

En su turno, Luis Carlos Ugalde, coordinador del libro y director general de “Integralia”, consideró que erradicar los fondos de libre asignación, llamados “moches”, y ganar esa partida política contra legisladores, que a veces hacen campaña sabiendo que existe esa partida en el horizonte, daría mucho ímpetu al Congreso.

Sostuvo que no es un asunto de montos, pues los 10 mil millones de pesos del Ramo 23, sólo es una fracción pequeña dentro del PEF. El problema, dijo, es la distorsión del comportamiento, ya que los diputados se ocupan en ver cómo enviar dinero a proyectos que no tienen ni pies ni cabeza, en vez de analizar los anexos del PEF.

Aseguró que un Congreso con vida interna austera, tiene más valentía para revisar el recurso y su ejercicio. Sostuvo que “eso fue lo que se corrompió en las últimas dos décadas”. Asimismo, consideró negativo que el presupuesto se entregue el 15 de diciembre y se deje muy poco tiempo para que el Congreso realice su análisis y ajustes.

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