11- 12- 2018.- La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, diputada Rosalba Valencia Cruz (Morena), destacó que se requiere mayor inversión en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) destinada a esta población, para garantizar la protección de sus derechos.

En la reunión de trabajo “Inversión pública en Niñez y Adolescencia. Retos y Perspectivas”, la legisladora precisó que asignar recursos a la infancia, en particular a los grupos más vulnerables como los indígenas, es invertir en el futuro, pero sobre todo en el presente del país.

Consideró prioritario hacer una evaluación y seguimiento para mejorar el trabajo y estar pendientes de esta población, en temas relacionados con la salud, educación, infraestructura y derechos humanos. De esta forma, en el futuro ya no será necesaria tanta inversión en problemas como la diabetes infantil, pues nuestro país está entre los primeros lugares en la incidencia de este padecimiento.

La diputada Dulce María Méndez De La Luz Dauzón (MC) se pronunció por fortalecer el diálogo permanente y trabajar de manera conjunta por este sector.

Nancy Ramírez Hernández, representante de Save the Children, México, propuso visibilizar la problemática de las niñas, niños y adolescentes en el marco de la aprobación del Presupuesto 2019, para identificar retos a mediano plazo que permitan un mejor enfoque en el uso de los recursos, a través de un diálogo permanente con los diputados, que garantice que el Anexo 18, refleje una mayor inversión que impacte la vida de este sector.

Destacó que la agenda para garantizar sus derechos debe traducirse en un presupuesto público, para que no sólo quede en buenas intenciones.

Apuntó que la niñez es el sector que enfrenta más retos por las condiciones que vive el país, en particular porque es una etapa de desarrollo fundamental para sentar las habilidades, clave para el desarrollo del resto de la vida.

Refirió que la Ley General que reconoce los derechos de la niñez, enfrenta retos de difusión, porque no todas las personas la conocen y requiere una nueva interpretación, ya que cambia el paradigma cultural para percibir a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y no como objetos de protección, lo cual requiere una transformación en su atención.

Malcon Aquiles Pérez, representante de World Vision México, destacó la importancia de que la sociedad civil participe en la discusión presupuestaria, y dar seguimiento en el uso de los recursos.

Expresó su convicción respecto a que las organizaciones civiles logren con la actual Legislatura, caminos para atender a esta población, mediante el Anexo 18 que garantice el interés superior de la niñez.

Luis Alberto Barquera Miranda, presidente del Consejo Directivo de la Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos, Odisea A.C., afirmó que en México, más de 60 por ciento de las niñas, niños y adolescentes no ejercen sus derechos.

“Es escandaloso, escalofriante, pero año con año es lo mismo, no hay una reacción del Legislativo para revertirlo”. Planteó no aceptar reducciones al presupuesto de los programas del sector, “como el de Inclusión y Calidad Educativa, donde junta a niñas y niños con discapacidad, indígenas y de telesecundarias pero disminuye recursos a la mitad”, pues así se les cataloga como ciudadanos de segunda.

Xóchitl Messeguer Lemus, secretaria técnica de la asociación civil Odisea, recomendó que el PEF 2019, en el Anexo 18, tenga los recursos necesarios para definir las prioridades de este sector, por lo menos se fijen fondos similares a los aprobados este año, con programas que impacten realmente la vida de los infantes, y se evite “un presupuesto inflado” con rediseño de proyectos.

Pidió blindar los recursos, para que el Anexo 18 no sufra reducciones, se establezca una cláusula que lo evite, y en caso de ajustes, la Comisión sea consultada. Además, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe cada trimestre en qué y cómo se gastan los recursos. Priorice los programas que “cierren brechas” de desigualdad que afectan especialmente a la población rural e indígena, ya que existen muchos subsidios generalizados que no atienden a la población que más lo requiere.

México carece de un programa nacional para erradicar el trabajo infantil y tampoco cuenta con una estrategia que garantice un empleo decente a los adolescentes mayores de 15 años, pese a que se anunció desde hace varios años.

Tampoco tiene una política de inserción de niñas y niños mexicanos migrantes, deportados, los regresan a sus ranchos aunque sean explotados y esté la delincuencia organizada. Cada año se destinan 3 millones de pesos, en 2017 se atendieron 8 mil infantes. Por ello, consideró necesario designar recursos suficientes para atender a este sector.

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