• Lo remite al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales

11-12-2018.- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el dictamen a la minuta que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y lo remitió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

En lo general, se avaló con 341 votos a favor, 119 en contra y una abstención el documento que reglamenta la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General, como un órgano público autónomo, a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación.

Con 296 votos a favor, 138 en contra y una abstención, se aprobó en lo particular y en términos del dictamen los artículos reservados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 47, 53, 55, 56, 57, 58 y 63, además de los transitorios primero, séptimo, octavo, décimo segundo, décimo tercero y vigésimo.

El documento, avalado en términos de la minuta remitida por el Senado de la República, señala que serán funciones del Fiscal General: investigar y perseguir los delitos; ejercer acción penal; procurar la reparación del daño de las víctimas; adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección en favor de éstas y de testigos u otros sujetos procesales.

Asimismo, podrá intervenir en el proceso de ejecución penal, en acciones de extradición activa y pasiva, así como en los actos de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.

El titular de la Fiscalía General tendrá la facultad de elaborar el Plan de Persecución Penal, en el cual deberá considerar las prioridades nacionales, establecidas en la política criminal, para orientar las atribuciones institucionales y las prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal, así como los objetivos de la institución en el corto, mediano y largo plazos.

Este órgano contará con cuatro fiscalías especializadas en materia de Derechos Humanos; Delitos Electorales; Combate a la Corrupción y Asuntos Internos. Los titulares serán designados y removidos por el Fiscal General.

El nombramiento del Fiscal General se sujetará a lo estipulado en el artículo 102, Apartado A, de la Constitución; es decir, a partir de la ausencia definitiva de este funcionario, el Senado de la República contará con 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos, que enviará al Ejecutivo federal, quien tendrá 10 días para formular una terna que regresará al Senado para que el Pleno elija al Fiscal General.

Si el Ejecutivo no recibiera la lista en el plazo citado, enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al fiscal General, quien ejercería sus funciones hasta que haya una designación definitiva. El encargado de la Fiscalía podrá formar parte de la terna.

Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Justicia, diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero (Morena), expresó que el país requiere con urgencia un nuevo modelo de investigación. Por ello, es imprescindible la creación de una fiscalía que esté verdaderamente al servicio de los ciudadanos, con alta capacidad de investigación especializada, que genere certeza de que la justicia llegará igual para todas y todos, sin favoritismos ni influyentismo.

Dijo que se establece la obligación de rendición de cuentas del Fiscal General, al presentar anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión un informe de actividades y, en su caso, la obligación de comparecer.

Indicó que en todo sistema democrático, la acción penal debe estar encabezada por una autoridad investigadora que pueda realizar sus funciones de manera imparcial y objetiva, alejada de influencias, dependencia o presión alguna, donde la Fiscalía es un verdadero órgano de acusación y conducción jurídica de la investigación, bajo los principios de objetividad, eficacia y autonomía del propio modelo penal acusatorio.

“Sin un verdadero cambio, no es posible contar con un aparato de justicia que realice sus funciones. La investigación eficiente de los delitos es invariablemente el primer paso para que exista el acceso a la justicia”, afirmó.

Mencionó que el artículo decimotercero transitorio, establece la necesidad de que, en un año, a partir del nombramiento del titular de la Fiscalía, se revisará el marco jurídico constitucional, que tendrá como objetivo la identificación, discusión y formulación de las reformas constitucionales a la legislación secundaria o las que sean necesarias para la óptima operación del modelo y, en su caso, su mejoramiento.

Palacios Cordero subrayó la importancia de incorporar al ámbito de atribuciones de la Fiscalía, a través de una coordinación de métodos de investigación, la base nacional de información genética, que integre los datos proporcionados por víctimas o por familiares respecto a las personas desaparecidas.

Los principios rectores de la actuación de la Fiscalía serán: autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, accesibilidad e imparcialidad.

Se plantea como estructura un Fiscal General, una coordinación general, una Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos; otra en delitos electorales; en combate a la corrupción y en asuntos internos. Habrá un Consejo Ciudadano que contará con diversas facultades establecidas en la ley, que es clave en materia de participación ciudadana.

La Fiscalía contará con fiscales, policía de investigación, analistas, auxiliares, peritos, todo el personal técnico y administrativo y profesional necesario para realizar sus funciones. Se establece que las reglas de atracción de casos están previstas en las leyes especiales.

En los posicionamientos, el diputado Rubén Cayetano García (Morena) expuso que se requiere un Ministerio Público sensible y profesional, que obtenga informes y testimonios fehacientes, en coordinación con policías y peritos, “cuyas actuaciones infalibles se sostengan en la verdad y no en la fabricación de delitos, a través de viejas prácticas como la tortura, para consignar chivos expiatorios y acceder al peor escenario que es encarcelar a inocentes”. La “cabeza de todo este propósito debe ser un experto en derecho”, puntualizó.

Pugnó por incrementar y respetar los derechos de las víctimas, en lugar de menoscabarlos. “Es el Ministerio Público, y no el Fiscal General, el principal operador del sistema penal mexicano, por la carga constitucional de probar la culpabilidad del infractor de la ley y cubrir totalmente el principio de presunción de inocencia que establece el artículo 21 constitucional. Todo lo cual queda intocado para bien del derecho punitivo”.

Del PAN, la diputada María del Pilar Ortega Martínez señaló que este nuevo órgano no responde a las demandas del nuevo sistema penal acusatorio. “La ley tiene fallas que se traducen, por ejemplo, en un plan de persecución penal que no establece prioridades y líneas de desarrollo dentro de las actividades de la Fiscalía General, de una coordinación general con enormes facultades que no tendrá control parlamentario”.

Otros errores, consideró, son la eliminación de las fiscalías sustantivas para la persecución de delincuencia organizada, trata y secuestro; la falta de independencia de los servicios periciales; la imposibilidad de establecer faltas graves para el caso de la remoción de los funcionarios de la Fiscalía. “Como órgano legislativo tenemos la obligación de generar las mejores leyes e instrumentos al servicio de la sociedad”, mencionó.

Mariana Rodríguez Mier y Terán, diputada del PRI, dijo que la minuta no cumple con la premisa de una Fiscalía autónoma. “No es el modelo que el país requiere y merece. Suprime fiscalías especializadas en materia de delitos cometidos contra las mujeres, el secuestro, la trata de personas, entre otras, y no se adjunta un presupuesto ni un calendario que diga cuánto costará ni en cuanto tiempo se transitará de una a otra”.

Agregó que se carece de una unidad de atención a las víctimas del delito y no solventa los vicios que le han sido imputados a la actual Procuraduría General de la República. “Es responsabilidad del nuevo gobierno pacificar al país y esperamos no tener que subir a esta tribuna a decirles: les dijimos que este modelo de Fiscalía no es el que México necesita”.

La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (PES) se pronunció por un aparato de justicia que realice sus funciones con plena autonomía y favorezca a la población. “Los mexicanos estamos hartos de que la procuración de justicia sea inadecuada y cuente con actitudes de discreción y manipulación de unos cuantos. Necesitamos un marco legal que haga que se respete el debido proceso”.

Subrayó que es momento de dar paso final a la implementación de un sistema capaz de cumplir con las exigencias de la sociedad, cortando de tajo a la impunidad y a la corrupción. La ley otorga los suficientes instrumentos para que exista, por fin, en el país, una verdadera procuración de justicia.

Por el PT, la diputada Ana Ruth García Grande precisó que el Congreso de la Unión tiene la alta e ineludible responsabilidad de dotar de una Ley de la Fiscalía General de la República a una sociedad sedienta de justicia, para que se materialice una adecuada persecución de delitos del orden federal y, en su caso, los del fuero común, donde hay conexidad entre ambos.

La Fiscalía que se crea mediante esta ley, dijo, será un órgano constitucional autónomo, en su aspecto formal, porque así lo dispone el artículo 102 constitucional. Y en el material, porque el titular de la misma deberá sujetar su actuación estrictamente al marco normativo que la rige, para evitar órdenes o instrucciones en la procuración de justicia. “Aquí estaremos, como soberanía del país, para señalar cualquier exceso o defecto de esta normatividad”.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (MC) señaló que México requiere de una Fiscalía ajena a la lógica político-partidista, esto es, crear una que investigue, persiga y que esté libre de la influencia de los políticos, cuyo titular sea una persona competente y no un aliado del gobierno en turno, una Fiscalía donde el personal esté debidamente formado y capacitado, con presupuesto suficiente y que le rinda cuentas a los ciudadanos, con independencia.

“No podemos estar de acuerdo con aprobar una ley con serias inconsistencias orgánicas y estructurales, que no atiende las propuestas y observaciones de la sociedad civil, o que en esta ley se omita a las víctimas, se menosprecie la importancia de los servicios periciales y se excluya a la policía ministerial. No podemos permitir un Fiscal General sin requisitos de experiencia y capacidad en la materia o sin plasmar las causas graves para poder destituirlo”, añadió.

Liliana Villafuerte Zavala, diputada del PRD, expresó que el dictamen carece de elementos objetivos que permitan sostener que el próximo Fiscal General será verdaderamente autónomo e independiente. “No percibimos estándares de idoneidad para designarlo, prácticamente el estándar, para acceder al cargo, se mantiene igual”.

Además, continuó, la ley no cumple con los requerimientos que el Constituyente Permanente estableció para la construcción de una Fiscalía que goce de autonomía e independencia en el desarrollo de sus investigaciones; las fiscalías especializadas tienen múltiples factores que acotan su autonomía; los servicios periciales no gozan de la independencia que han recomendado los organismos internacionales; no se crea, dentro de la estructura orgánica de la Fiscalía, un cuerpo policíaco especializado y autónomo, y no señala qué pasará con el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) afirmó que este dictamen reconoce y reafirma la autonomía y patrimonio propio de la nueva Fiscalía General de la República y es acorde a lo previsto por el artículo 102 de la Constitución. Sostuvo que se establece la creación de un servicio profesional de carrera, que redundará en la profesionalización de la procuración de justicia en el país.

Se instituye, dijo, la creación de la Base Nacional de Información Genética, la cual permitirá un puntual seguimiento de las víctimas, al tiempo que fortalecerá los procesos de investigación. “Hoy damos un paso más en el camino de contar con un fiscal independiente y autónomo de terceros. A cuatro años de la reforma constitucional, no podemos seguir postergando la aprobación de la ley que permitirá a la procuración de justicia ser funcional y eficiente”.

Al hablar en contra, la diputada Carmen Julia Prudencio González (MC) mencionó que el dictamen representa una simulación, pues permite la discrecionalidad de las instituciones. “Vemos la imposición de un ‘fiscal carnal’ que velará por los intereses partidistas y con compadrazgo, como se ha realizado en todas las administraciones pasadas”.

Rocío Barrera Badillo, diputada de Morena, destacó que esta ley no dio cabida al “fiscal carnal”, pero sí se establecieron esquemas de servicio de carrera y de rendición de cuentas que garantizan una estructura profesional, en constante fortalecimiento. “Prioriza la estructura operativa sobre la burocrática, establece un modelo flexible de investigación y elimina las malas prácticas”.

El diputado Marco Antonio Adame Castillo (PAN) puntualizó que se trataba de garantizar una Fiscalía que sirva y garantice, con su autonomía, la independencia y la eficacia que demanda la sociedad. “Votaremos en contra porque no se ha dado un ejercicio de democracia participativa y deliberativa, porque el parlamento abierto ha quedado en una declaración, en una simulación. No garantiza justicia pronta y expedita”.

Por el PES, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil resaltó que esta Fiscalía, que gozará de autonomía, tanto en su funcionamiento como en su presupuesto, tendrá a su cargo procurar una justicia eficaz y el acceso a la reparación integral de los daños y las víctimas; también actuará con legalidad y respeto a los derechos, tanto de la víctima como del acusado.

Mónica Bautista Rodríguez, diputada del PRD, planteó que el fiscal sea realmente independiente y su nombramiento no quede sujeto a la figura del Presidente de la República, “ya que ello implicaría poner en riesgo la autonomía del organismo, por lo que debe analizarse el artículo 102 de la Constitución Política en materia de designación del Fiscal General de la República”.

El diputado de Morena, Luis Fernando Salazar Fernández, afirmó que esta Ley Orgánica propone un cambio radical al modelo inoperante de una Procuraduría que ha tenido, como resultado, el fracaso, la parálisis y el colapso. “Hoy se instaura un modelo que responde a criterios de flexibilidad y pertinencia para abordar los distintos fenómenos delictivos que aquejan a la sociedad”.

De MC, la diputada Martha Tagle Martínez dijo que este dictamen no es una alternativa y mucho menos es la respuesta proporcional a la dimensión y gravedad de la situación que carcome al país. La creación de la Fiscalía General de la República, no es una herramienta para alcanzar la justicia transicional ni la reconciliación nacional de la que tanto se ha hablado, señaló.

Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, expuso que se pretende refundar a la entidad y, con el debido cuidado institucional, abonar a que México cuente con una Fiscalía confiable, autónoma y profesional, a la altura de lo que exige la ciudadanía. “Se acabaron los fiscales carnales, los compadres y los cómplices”

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) externó su preocupación por la desaparición de la Fiscalía para la Persecución de los Crímenes contra Mujeres, Secuestro y Trata de Personas. “Hacemos votos por que en los próximos meses, en esta legislatura, se discuta la autonomía de la Fiscalía General de la República. Lo más importante es la paz del país y la seguridad. Queremos a los narcotraficantes y a los secuestradores en la cárcel. Por, eso en lo general, estamos a favor”.

David Orihuela Nava, diputado de Morena, mencionó que hoy se dice sí a avanzar hacia una institución eficaz, que logrará consolidarse como un ente cercano a la ciudadanía. “Le decimos sí a la procuración de justicia pronta y expedita, porque no solo se trata de cambiar el nombre a la Procuraduría General de la República, sino la concepción de justicia que tiene el pueblo de México a causa de la corrupción que ha invadido a esta institución durante años”.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruíz (PES) puntualizó que se presenta una propuesta de diseño institucional, para que la Fiscalía General deje de ser una estructura a modo. “Sí a la justicia. No a las instituciones burocráticas e ineficientes. Esta Fiscalía finalmente será un instrumento democrático y aliado de la sociedad”.

Ruth Salinas Reyes, diputada de MC, argumentó que esta Fiscalía estará navegando sin rumbo fijo si no se limita y se obliga a que cumpla los más altos requisitos para su actuación, primordialmente en tener una vinculación extraordinaria con la transparencia, la rendición de cuentas y anticorrupción. “Estamos a favor de avanzar, pero no con leyes arbitrarias”.

Por Morena, el diputado Armando Contreras Castillo señaló que tener una Fiscalía que sirva es prioridad y la minuta asegura de forma general y con creces ese objetivo, misma que investigará y perseguirá los delitos, ejercerá la acción penal, procurará la reparación del daño y adoptará y promoverá la adopción de medidas de protección a favor de las víctimas.

La diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) indicó que con esta ley finalmente se llevará a la práctica la reforma constitucional que otorga autonomía al Ministerio Público, y se realizará una transformación real y profunda de la investigación y persecución de los delitos. “Dejamos atrás una institución caduca, disfuncional, sometida a los designios del gobierno en turno y profundamente corroída por la corrupción, el abuso de autoridad, la intimidación, la tortura, la negligencia y las violaciones sistémicas a los derechos humanos”.

Previo a los posicionamientos, el Pleno rechazó una moción suspensiva de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), quien solicitó devolver la minuta a la Comisión de Justicia, por considerar que contiene graves deficiencias, dado que “despoja al Ministerio Público de una policía de investigación, acota la autonomía de las Fiscalías especializadas y no contiene el catálogo de las faltas graves que darán lugar a la remoción de los titulares de las Fiscalías”.

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