10-01-2018.- El Pleno de la Comisión Permanente recibió el informe ejecutivo de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, cuyo propósito es constituir un insumo útil para construir un sistema que permita responder a las demandas de la sociedad en la materia.

El documento, turnado a las comisiones de Justicia de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, refiere que uno de los retos más importantes del modelo de procuración de justicia es abordar cómo se dará el proceso de transformación institucional, con el paso de procuradurías hacia fiscalías con autonomía constitucional, evitando un mero cambio nominal y un tránsito automático de los endebles recursos humanos, materiales y financieros.

Indica que es fundamental un Plan de Transición que cubra todos los aspectos necesarios que garanticen un cambio seguro, continuo y eficaz, que evite generar la percepción de impunidad en el proceso.

Indica que la propuesta del Modelo plantea un esquema en el que, previa evaluación, la PGR traslade gradualmente sus recursos hacia la Fiscalía y paralelamente, liquide el rezago tanto del sistema tradicional como de los casos iniciados en el sistema acusatorio, para lo cual se deben establecer criterios y metodologías, además de dar prioridad a los casos de mayor impacto social y a los que involucren violaciones graves a derechos humanos o actos de corrupción.

Para ello, es necesaria la expedición de una nueva Ley Orgánica con entrada en vigencia progresiva que contemple transitar mediante un modelo territorial o por órgano.

Un objetivo adicional es iniciar la especialización de la nueva Fiscalía General de conformidad con un nuevo marco constitucional de competencias y una facultad flexible de actuación. Ello exige tomar decisiones en cuanto a la reforma sustantiva de la legislación penal y la introducción de un esquema sólido para planear y coordinar la política criminal nacional en el seno del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Justicia Penal.

El Plan de Transición, indica el informe ejecutivo, debe definir elementos, métodos y pasos para implementar, identificar estrategias y establecer plazos a tareas específicas, así como deberes y responsabilidades para el personal clave en la trasformación.

Señala que la conversión a la nueva Fiscalía es un proceso que llevará tiempo, "varios años, podría fijarse en un plazo de ocho años” y recomienda otorgar al Fiscal General amplias facultades para implementar dicho modelo mediante acuerdos generales, además de crear una unidad de alto nivel especializada en gestión del cambio, planeación y ejecución del Plan de Transición.

La consulta –organizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), con el impulso de la PGR, se llevó a cabo entre mayo y agosto de 2017— contiene un análisis puntual de los principales problemas que enfrenta la procuración de justicia penal en México.

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