10-01-2018.- El Pleno de la Comisión Permanente avaló exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que en el ámbito de sus atribuciones inspeccione la presunta afectación por contaminación al manantial de la comunidad El Cubo, Guanajuato, con el propósito de deslindar responsabilidades.

El dictamen de la Tercera Comisión, aprobado en votación económica, también pide a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investigue y sancione a quien o quienes resulten responsables.

Relata que en esta comunidad, sus habitantes, medios locales y pobladores de lugares aledaños, han hecho la denuncia pública de la presente afectación cometida por parte de la minera canadiense Endeavour Silver, al pozo que surte de agua potable, como consecuencia de sus actividades de extracción, por el polvo de los jales y deshechos del proceso de separación de metales.

La situación ha sido documentada y denunciada por los pobladores, activistas y medios locales, quienes han solicitado la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades de los tres niveles de gobierno para que conozcan de la problemática y procedan conforme a derecho para evitar el deterioro al ecosistema y a la salud.

Señalan que no sólo se ha contaminado el manantial que funciona como pozo para surtir agua a la comunidad El Cubo, también se ha corrompido el río causando problemas de salud como conjuntivitis, sinusitis y pulmonares, sin que las autoridades hayan tomado medidas para evitar estas situaciones.

Argumenta que si bien la Profepa trabaja para hacer un estudio de las condiciones del agua del pozo y así verificar si está contaminada o no para proceder con las posibles sanciones, se debe poner mayor atención a las múltiples denuncias que se han presentado y dar solución a las mismas.

Por su parte, la Semarnat debe investigar cuáles han sido las afectaciones que ha sufrido el manantial para así poder resolver a la brevedad el problema al que esta comunidad se enfrenta y de forma prioritaria salvaguardar, proteger y garantizar el derecho humano al agua consagrado en la Constitución y los Tratados internacionales de los que México es parte.

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