10-01-2018.- Legisladores de la Permanente aprobaron el dictamen que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a que en el ámbito de sus facultades y atribuciones rinda un informe en un plazo no mayor a 15 días hábiles, sobre el avance en el cumplimiento de las obras de infraestructura carretera en los estados de Jalisco, Campeche, Nuevo León y Veracruz con relación a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-09100-02-0313 313-DE, realizada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

También, se le pide supervise y evalúe las áreas encargadas de gestión y operación del Programa de Caminos Rurales, con la finalidad de evitar una inadecuada aplicación de los recursos destinados para su operatividad.

En el documento elaborado por la Tercera Comisión -Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-, se menciona que la SCT ha presentado irregularidades en la supervisión adecuada de las diferentes obras de infraestructura carretera.

En algunas de ellas, la SCT no cuenta con una metodología de administración de riesgos institucional; en 2016, la Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI) de esta dependencia, sólo consideró un riesgo relacionado con el Programa de Caminos Rurales y Alimentadores (PCRA), consistente en "Metas físicas y presupuestales incumplidas en los programas de construcción, modernización y conservación de carreteras, caminos, alimentadoras y rurales que hayan generado un subejercicio de los recursos del PEF".

De igual modo, Comunicaciones y Transportes no tiene formalizados los criterios para la priorización de las obras del PCRA; no se cuenta con la capacidad operativa para supervisar periódicamente en los centros SCT los avances de las obras del PCRA, ésta sólo se realiza con base en los reportes de avances físicos y reportes fotográficos proporcionados por los centros SCT.

Además, no tiene lineamientos para la integración de expedientes de obra y se revisaron 32 expedientes de obra del PCRA contratada en 2016, constatando la falta de controles para supervisar la integración y homologación de su contenido, ya que se identificaron, entre otras deficiencias, que carecían de las firmas de funcionarios responsables de elaborar y aprobar las bases de licitación.

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