• Una de ellas, pide al Ejecutivo envíe iniciativa preferente en materia de propaganda gubernamental

17-01-2018.- La Comisión Permanente recibió este miércoles siete proposiciones de exhorto a diversas dependencias de gobierno, así como al Congreso federal y legislaturas locales.

Durante la sesión de hoy, la senadora María Verónica Martínez Espinoza (PRI) propuso exhortar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezca las acciones para promover los derechos de las personas adultas mayores, con el propósito de prevenir la discriminación y exclusión social en todo el país.

Explicó que este sector de la población es uno de los más vulnerables, pues de acuerdo con el Inapam, 27.9 por ciento de las personas mayores han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad; 40.3 por ciento describen como sus problemas principales los económicos; 37.3 la enfermedad, el acceso a los servicios de salud y medicamentos, y 25.9 los laborales, y considera necesario fortalecer acciones que salvaguarden sus derechos fundamentales. Se envió a la Primera Comisión de trabajo.

La senadora Angélica De la Peña Gómez (PRD) planteó un punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente celebra la entrada en vigor de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, y exhorta al Poder Ejecutivo federal y a los gobiernos estatales a garantizar la integración y funcionamiento pleno de la Comisión Nacional de Búsqueda, las Fiscalías Especializadas y los registros necesarios para la operación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de conformidad con lo establecido en los artículos transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017.

Indicó que ese ordenamiento entró en vigor el día de ayer, lo que implica una serie de responsabilidades de la mayor relevancia para la Federación y las entidades federativas, y da respuesta al reclamo de miles de familias que han sufrido por muchos años en la búsqueda de sus seres queridos. Se turnó a la Primera Comisión.

El diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena) planteó que el Congreso de la Unión analice y discuta con los diferentes actores involucrados las propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo, para reglamentar a los artículos 107 y 123 de la Constitución en materia de reforma procesal laboral.

Dijo que la ley secundaria de la reforma constitucional en materia laboral debe ser resultado del análisis, la consulta y la propuesta de todos los actores involucrados que resulte en un proyecto de reforma equitativa y justa, por lo que propuso crear un grupo de trabajo con la participación de ambas Cámaras del Congreso, y el apoyo de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), para lograr una iniciativa congruente con los fines de la reforma constitucional. Se envió a la Tercera Comisión.

El senador Jorge Aréchiga Ávila (PVEM) pidió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes refuerce las acciones de vigilancia, para garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable y brindar un servicio eficiente y de calidad a los usuarios de los servicios aeroportuarios.

Dijo que en los últimos 15 años el flujo de personas se duplicó, llegando a contabilizarse 100 millones de pasajeros en 61 aeropuertos del país. “No podemos darnos el lujo de tener servicios aeroportuarios deficientes, porque afecta el turismo, del que dependen miles de inversiones, empleos y los ingresos de muchas familias”. Se envió a la Tercera Comisión de trabajo.

Luis Humberto Fernández Fuentes, senador el PT, pidió que el Senado de la República exhorte a los Congresos locales para que regulen el servicio de taxis y a las llamadas Empresas de Redes de Transporte (ERT) con un marco normativo que proteja la seguridad de pasajeros y conductores, favorezca condiciones de equidad competitiva e impulse la calidad en el servicio y su cobertura.

Explicó que en los últimos años, como parte de las innovaciones tecnológicas, han surgido las ERT, que prestan un servicio homologado al de los taxis, pero al ser consideradas como empresas tecnológicas o digitales no están sujetas a la normatividad que sí afecta a prestadores del servicio común de transporte de personas, quienes sí cumplen con los requerimientos, de los que están exentas empresas de redes de transporte. Se remitió a la Tercera Comisión.

Enseguida, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (MC) planteó exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer la vigilancia en operaciones vinculadas con la venta de gasolinas y prevenir el uso de prácticas predatorias que puedan surgir a partir del proceso de liberalización de los precios de las gasolinas.

Este año inició con incrementos en los precios de la gasolina, con el argumento de que aumentó el Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS) considerado para 2018, mientras que Petróleos Mexicanos (Pemex) sostiene que “no hay motivos para justificar un incremento brusco” de los combustibles. Sin embargo, los aumentos afectan a los consumidores, por lo que pidió realizar esfuerzos para reducir y castigar las prácticas predatorias. Se turnó a la Tercera Comisión de trabajo.

La diputada María Verónica Agundis Estrada (PAN), pidió exhortar al Ejecutivo federal a que presente con carácter de trámite preferente la iniciativa que regule el párrafo octavo del Artículo 134 de la Constitución, en materia de propaganda gubernamental, a fin de que sea discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Unión en el próximo periodo ordinario de sesiones a iniciarse el 1 de febrero de 2018.

Dijo que en 2016, el gasto en comunicación social creció 133.58 respecto a la cantidad autorizada por este Congreso, al pasar de cuatro mil 580 millones de pesos a 10 mil 698 millones de pesos. Añadió que en noviembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó aprobar la ley que regule 134 constitucional antes del 30 de abril de 2018, pero no señaló que al Ejecutivo como responsable al ser el encargado de ejercer el gasto en propaganda gubernamental. Se turnó a la Primera Comisión.

La Mesa Directiva informó que las Comunicaciones que se reciban serán remitidas a las comisiones correspondientes.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la del miércoles 24 de enero, a las 11:00 horas.

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