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| Boletín N°. 4948 | Establecer protocolos de seguridad para identificar casos de trata de personas |
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17-02-2018 La secretaria de la Comisión de Justicia, diputada María Gloria Hernández Madrid (PRI), planteó solicitar a la Secretaría de Gobernación que, en coordinación con la de Comunicaciones y Transportes y las cámaras empresariales, establezcan protocolos de actuación dirigidos a empresas dedicadas a la transportación de personas, a efecto de identificar casos de trata.
Se busca adoptar medidas para proteger a los inmigrantes o emigrantes, en particular a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en el punto de partida, durante el viaje y en el lugar de destino, y garantizar la vigilancia en las estaciones de ferrocarril, aeropuertos, puertos marítimos, garitas y puntos fronterizos y en otros sitios públicos, a fin de impedir la comisión del delito de trata de personas.
Indicó que de acuerdo con el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014–2018, 21 millones de víctimas de trata son utilizadas con fines de explotación sexual y trabajos forzados, afectando sobre todo a mujeres, niñas y niños, y generando ganancias para la delincuencia por 32 mil millones de dólares.
Sobre este particular, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que la trata es el tercer crimen en la lista de delitos de las autoridades internacionales, sólo después del tráfico de armas y drogas. En el caso de México, este ilícito ocupa el segundo lugar.
En un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Especial Contra la Trata de Personas, se precisa que conforme a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las víctimas de origen extranjero que se encuentran en México provienen de Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, Cuba, Rumania, Bulgaria, Polonia, República Checa, Rusia, China y de naciones de América Central.
Además, el Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que México ocupa el lugar número tres en América Latina y el Caribe respecto al tema de trata de personas.
Hernández Madrid argumentó que la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) identifica a 16 estados del país como destinos de la explotación de personas extranjeras, lo cual representa el 50 por ciento del territorio nacional.
En 2012 el Sistema de Alerta Roja refirió que las principales entidades de trata interna son Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Morelos, Estado de México, Oaxaca, Baja California, Hidalgo y Tabasco.
Mencionó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que, en México, las estimaciones más conservadoras ubicaban el número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual de 16 mil a 20 mil. Además, la cifra de menores sujetos a explotación sexual en el país asciende a 70 mil, de los cuales 50 mil son explotados en las zonas fronterizas y 20 mil en el resto. Respecto del total de las víctimas, hay estimaciones que oscilan entre los 50 mil y 500 mil casos.
La situación en México, apuntó, se agrava, dada la posición geográfica, debido a que “constituimos un país de tránsito hacia los Estados Unidos, que es hacia donde se dirigen muchas de las personas víctimas de trata, pero también como lugar de destino, lo que provoca innumerables atrocidades, muchas de las cuales quedan impunes dada la vulnerabilidad e indefensión de las víctimas”.
La diputada del PRI consideró vital vigilar aquellos lugares de tránsito por donde circulan las víctimas de trata de personas, dado que este delito requiere de movimientos migratorios para su comisión, y “en muchas ocasiones, el personal de las empresas dedicadas a la transportación se enfrenta a casos de esta naturaleza, sin poder identificarlos o carentes de herramientas de actuación que les permitan tomar acciones adecuadas para enfrentarlas y así poder colaborar en la liberación de las víctimas”.
Ante ello, añadió, debe existir colaboración entre autoridades, permisionarios y concesionarios del transporte público, a efecto de identificar casos de trata de personas.
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