06-06-2018.- Es necesario impulsar esquemas de gobernanza en comunidades rurales marcadas por conflictos de límites territoriales, recursos naturales, exclusión social, debilitamiento de sistemas normativos y organizativos internos e individualización del territorio, “producto del modelo económico dominante y políticas públicas inadecuadas”, afirmó el presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Jesús Serrano Lora (Morena).

Ante el rezago y las debilidades del campo mexicano “es prioritario reconducirlo, dirigirlo y darle una nueva dimensión para que resurja”; transitar a un gobierno de resultados mediante presupuestos que permitan alcanzar los objetivos del agro, y establecer políticas de Estado que respondan a sus necesidades para que contribuya al crecimiento económico del país.

“Los gobiernos que han pasado no han atendido al campo. Confiamos en que el que viene ya no sea lo mismo. Le vamos a exigir al que llegue tome en cuenta al campo, porque si no le va a estallar en las manos”.

Apuntó que “el campo está hundido” y se tiene miedo de tocar su problemática porque se carece de argumentos para solucionarla. Es necesario escuchar a los productores de diversos sectores agrícolas porque “son los sabios” que conocen los problemas reales y tienen propuestas para resolverlos.

“Es inconcebible que México importe el 80 por ciento del arroz que consume y apenas produzca el 20 por ciento”.

Refirió que legisladores extranjeros han cuestionado que una tierra tan fértil, como la que tiene México, con todos los climas, donde puede producirse desde el nivel del mar hasta 3 mil metros de altura, compre maíz y arroz; han dicho, que de tener el 5 por ciento del territorio mexicano lo aprovecharían para hacerlo productivo.

Al presentar su informe de labores legislativas, Serrano Lora apuntó que esta instancia realizó un trabajo sin colores partidistas para apoyar al sector. Para 2018, solicitó un incremento presupuestal de mil 100 millones de pesos, para enfrentar el rezago institucional del campo. Lamentó que no se tomara en cuenta la opinión sobre la distribución del recurso para conflictos agrarios, de procuración de justicia, y se hicieran asignaciones no sustanciales o se destinaran a otros rubros.

El diputado Carlos Bello Otero (PAN), secretario de la Comisión, indicó que el informe permite conocer el esfuerzo por combatir el rezago y el abandono del campo. Destacó la importancia de fortalecer el presupuesto, pues “hay un atraso muy importante en la resolución de conflictos agrarios y tratamos de aumentar sus recursos destinados, pero no se pudo hacer mucho, producto de la voluntad política”.

La situación del campo no sólo debe tratarse en foros y mesas de trabajo, sino pasar del discurso a la realidad, manifestar la preocupación e interés por rescatar al sector del rezago, con inversión y aumentar la productividad para evitar que el campesino migre y permanezca en su tierra generando los productos necesarios para mantener a su familia.

“Espero que el esfuerzo contribuya a rescatar al campo, debe ser el reto más importante del nuevo gobierno, que debe sostener una preocupación genuina por el campo”.

Seminario “La participación del Estado en el Desarrollo Agrario”

Posteriormente, el diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena) inauguró el seminario “La participación del Estado en el Desarrollo Agrario”, organizado por la Comisión de Reforma Agraria para brindar elementos que abonen al análisis del Programa Especial Concurrente (PEC) y aprobar mejores presupuestos para el sector. Las conclusiones y acuerdos que se alcancen, serán la base para el trabajo de la siguiente legislatura.

El secretario de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, Héctor Padilla, afirmó que de “los jaloneos con Estados Unidos”, México debe salir bien con Tratado de Libre Comercio (TLC) o sin él. “Con responsabilidad, porque no es que se resuelva como en el viejo oeste, a ver quién grita más o quien dispara más rápido; es de inteligencia y astucia, y vamos a salir bien”.

“Concentrar el comercio de México sólo en Estados Unidos es un error, se debe impulsar la diversificación de mercados con o sin TLC. “Sí se puede, hace seis años estábamos en 35 países exportando, ahora en 88, revertimos nuestra balanza y exportamos más de lo que importamos”.

El rector de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Sergio Barrales Domínguez, agradeció los recursos adicionales aprobados por los diputados para la universidad; trabajamos en proyectos de captación de agua de lluvia dirigidos al sector menos favorecido del país.

Puntualizó que el gobierno ha cumplido con la suficiencia alimentaria, pero se tiene que lograr una soberanía alimentaria, lo que compromete a producir la materia prima original de los alimentos reconocidos por la Unesco. “La soberanía alimentaria implica conservar el bagaje cultural en términos de la comida, como el maíz, las tlayudas, pozoles, tenemos que conservarlo”.

Víctor Mendoza, investigador de la UACh, demandó que el próximo secretario de Agricultura tenga gran conocimiento de lo que pasa en el campo mexicano, de técnicas modernas de producción agrícola, de lo que se puede traer y transferir tecnologías a ejidos, comunidades, pequeñas superficies para producir, primero los alimentos de cada familia del ejido y comunidad rural, luego producir para el país.

El presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, Juan Pablo Rojas Pérez, mencionó que están preocupados porque no hay voluntad política para sacar adelante la autosuficiencia del maíz blanco.

Consideró que no existen estrategias ni políticas agrícolas que atiendan la falta de lluvia que enfrenta el país. “Estamos viviendo dos meses de retraso en lluvias de temporal en 2018, en valles altos hay sin sembrar al menos un millón de hectáreas de granos, lo que representan alrededor de tres millones de toneladas de maíz”.

Del Consejo Nacional de Productores de Arroz de México, su presidente, Alejandro Díaz Hartz, expresó que faltan políticas públicas congruentes que fortalezcan al sector; el campo está envejecido y necesita un relevo generacional, esto no significa cambio de personas mayores, sino personas capacitadas que lo fortalezcan.

“El gobierno se ha dedicado a ocupar a profesionistas que salen bien preparados en el llenado de papeleo y asuntos burocráticos y esto no funciona; el campo necesita gente profesionalizada que fomente en las comunidades la actitud de la salud, de cosecha de agua”, añadió.

Hugo Ramírez, representante de la Academia Nacional de Ciencias Forestales A.C., propuso hacer una reingeniería de la administración pública que atienda el desarrollo agrario de México, en particular al sector forestal, ya que 70 por ciento de la producción maderera en el país es ilegal, convirtiendo “a todos en cómplices de una ilegalidad”.

Es necesario corregir la situación para no actuar con simulación y revisar la legislación forestal. Aclaró que esa actividad no depreda los recursos naturales, ya que cumple con estrictas regulaciones ambientales, cuando la agricultura y ganadería no lo hacen.

Propuso armonizar producción de alimentos con la conservación de la biodiversidad a través de un marco jurídico que propicie el cultivo ordenado vinculado a la protección ecológica. En los bosques viven 12 millones de personas, en su mayoría indígenas en condiciones de alta marginación que merecen atención y apoyos para impulsar el aprovechamiento de recursos.

Jorge Antonio Torres Pérez, director de la División de Ciencias Forestales de la UACh, urgió diseñar una nueva política pública forestal para que los productores superen la marginación y pobreza, se modernice la industria que es obsoleta, se otorgue apoyo técnico, créditos a tasas preferenciales y aliente la comercialización a costos adecuados.

Se requiere reorientar la actividad mediante un plan estratégico que integre a los pequeños productores de acuerdo a las peculiaridades y necesidades de cada región. Refirió la importancia de bosques y selvas para generar, por ejemplo, agua que regula la recarga de mantos acuíferos hacia las ciudades, aparte de la aportación económica y social que ofrecen.

Salvador Rivera, presidente de la Unión Nacional de Transportes Campesinos (Untra), refirió los abusos que sufren los productores del agro en las carreteras federales al transportar sus cosechas, porque se les aplican multas de entre 44 mil a 75 mil pesos. “Todos callan y tienen miedo de atender el tema”. Urgió a regularizar los vehículos de los campesinos, para dar certeza jurídica y conserven su patrimonio.

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