12-11-2018.- En reunión de trabajo con la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Ricardo Antonio Bucio Mujica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), advirtió que la infancia vive una situación no sólo de olvido en las políticas públicas, sino de promoción del sexismo, la violencia y el consumo.

Lamentó que no existan recursos públicos para la niñez y que, además, “cuando se habla de disminuir la promoción de la violencia, se afecten intereses económicos, como de las telecomunicaciones, la regulación de contenidos y la industria alimentaria. Los niños son el gran negocio de los negocios, algunos de ellos ilícitos”, advirtió.

La presidenta de la Comisión, diputada Rosalba Valencia Cruz (Morena), señaló que los menores deben tener acceso a una vida digna, sin importar su condición económica y religiosa, por lo que promoverán la asignación de mayores recursos a políticas públicas a favor de sus derechos.

“Es tarea de todos unir esfuerzos para brindarles a las niñas y niños un país seguro y oportunidades en cada una de sus etapas de desarrollo”, expresó.

La diputada Graciela Zavaleta Sánchez, de Morena, pidió al funcionario explicar qué políticas públicas se han dado en torno a los niños indígenas.

Lourdes Celenia Contreras González, diputada de Movimiento Ciudadano, preguntó qué acciones está llevando este sistema ante la falta de albergues que salvaguarden a menores en casos de violencia dentro del hogar.

A su vez, la diputada Graciela Sánchez Ortiz (Morena) pidió al titular del SIPINNA informar sobre las políticas que aplican para la población de entre 0 a 17 años en zonas rurales, donde la falta de servicios los perjudica, lo que se suma a la situación de pobreza.

Del mismo grupo parlamentario, la diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano solicitó a Bucio Mujica comentar si pondrá a funcionar un reglamento que opere de forma efectiva los programas y a las dependencias que tienen como población objetivo a niñas, niños y jóvenes, “pues son quienes están más en desamparo”.

Del PAN, la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez requirió al secretario ejecutivo un registro de los casos de violencia virtual que han sido investigados y procesados, así como las acciones que realizan para proteger a menores.

La diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) aseguró que aún hay faltantes para que la niñez pueda vivir en plenitud; preguntó qué acciones se han realizado para el control de contenido que llega a ese sector, así como la situación actual de menores mexicanos migrantes.

Por su parte, la diputada Susana Cano González (Morena) aseguró que se han violado todos los derechos de las niñas y niños, pues padecen de discriminación, por lo que los tratados internacionales firmados por México “son una mentira”.

Su correligionaria, diputada Aleida Alavez Ruiz se pronunció por revisar el anexo 18 del presupuesto para hacer que no decaiga el sistema nacional y pueda mantenerse con los recursos adecuados. Dijo que es preocupante la atención a menores en materia de salud, especialmente en lo que refiere al cáncer.

También de Morena, la diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar inquirió con qué instituciones tienen comunicación y qué programas o acciones llevan a cabo contra la violencia infantil desde las escuelas.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) aseguró que la realidad es que México no es un país apropiado para niñas, niños y adolescentes; pidió al funcionario precisar qué debe hacer el Legislativo para fortalecer al SIPINNA y qué políticas públicas deberán aplicarse. “El reto es construir nuestra agenda y que en el presupuesto se habilite”.

La diputada Dulce María Méndez de La Luz Dauzón (Movimiento Ciudadano) manifestó su preocupación por las condiciones en que viven y se desarrollan las niñas y los niños que nacen en prisión, especialmente el ambiente físico, emocional y psicológico que experimentan y el shock posterior cuando tienen que salir.

La diputada Janet Melanie Murillo Chávez (PAN) llamó al titular del SIPINNA a precisar las medidas o programas que lleva a cabo contra situaciones de abuso y embarazo adolescente, así como la forma en que se aplicó el incremento de su presupuesto.

La diputada Ana Paola López Birlain (PAN) coincidió en que falta mucho para garantizar los derechos de infantes y adolescentes, y consideró que puede haber un riesgo en el debate de temas tan controvertidos como el de la mariguana.

Bucio Mujica propuso establecer registro electrónico al momento del nacimiento de todos los niños y no hasta que sean llevados al registro civil, así como un expediente único de salud que evite depender de una cartilla de vacunación en papel, pues “en caso de extraviarse se perdió la historia clínica del menor”.

Enfatizó que se requiere de un sistema que abarque toda la niñez y no sólo a un grupo, por lo que llamó a crear una Ley General de Primera Infancia, que obligue a las autoridades a implementar mecanismos de articulación, para atender a los pequeños de cero a cinco años de edad.

Además, insistió en que las niñas agraviadas puedan levantar sus denuncias de manera directa, sin depender de sus tutores, e implementar programas que desincentiven la normalización de la violencia en las redes sociales, el Internet y los medios de comunicación, ya que “cada semana los infantes observan tres mil 700 escenas de violencia, desde que nacen hasta su adolescencia”.

Propuso crear una Ley General de Igualdad y no Discriminación, en lugar de una ley federal, para dar mayores obligaciones a las entidades y brindar mecanismos de protección a menores con discapacidad y en otros casos.

De igual forma, planteó elaborar una Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, que dé perspectiva y ayude a que las familias sostengan las atenciones que requieren adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos y niños en su primera infancia.

Pidió que el Legislativo modifique la Ley General de Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, pues no sirve para las niñas y niños en esa condición; también, que se reforme la Ley Federal del Trabajo, para reconocer que el empleo es formal a partir de los 16 años y puedan empezar a cotizar en el Seguro Social, debido a que actualmente no cuentan con ese derecho legal.

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