21-11-2018.- La Comisión de Vivienda, presidida por el diputado Carlos Torres Piña (PRD), impulsará reformas o, en su caso, la creación de un nuevo ordenamiento que garantice este derecho a las y los mexicanos.

Torres Piña señaló que en la próxima reunión, se someterá a votación, crear una subcomisión encargada de elaborar un diagnóstico integral en la materia, y generar una propuesta estructurada y no sólo “parchar la ley”.

El objetivo, es que como Comisión, se presente un documento del panorama de la vivienda en México, de subsidios y apoyos existentes, con el propósito de que la población pueda acceder a un crédito, dado que hay un gran número de mexicanos sin prestaciones o que no pueden adquirir una casa por carencias económicas.

Hay necesidad de que la vivienda tenga el carácter social, ayude a los diferentes sectores de la población y sea conforme a las características regionales, pues no es lo mismo una en Veracruz, en Durango, o una en la Sierra o Costa de Oaxaca.

El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (Morena) hizo votos por analizar el contexto de la vivienda en México dada la realidad que se vive, pues hay 300 mil casas abandonadas, deshabitadas o vandalizadas en el país, así como miles de millones de dólares perdidos desde hace tres sexenios, dado que se siguió con la política de construir en lugares no permitidos, edificar casas pequeñas de 40 metros cuadrados con diseños defectuosos.

Indicó que hay cerca de diez millones de personas que esperan una vivienda; entre el 30 y 40 por ciento de la población activa no tienen acceso a la seguridad social y, por tanto, carecen de un crédito; en las zonas rurales, el subsidio o financiamiento es nulo.

Nohemí Alemán Hernández, diputada del PAN, pugnó por revisar la ley, pues “son muchas las carencias que tenemos en cuanto a vivienda; sólo se han beneficiado a las inmobiliarias y, cada vez las casas son más pequeñas e incluso con una recámara para familias de cuatro o cinco integrantes”.

Se debe elaborar un proyecto integral para que se garanticen servicios a las personas que van a habitar los fraccionamientos, principalmente de agua, drenaje, transporte, salud y escuelas. Además, será fundamental revisar la Ley de Obra Pública, los reglamentos de construcción estatal y municipal. “El objetivo es que tengan una vida digna y se garanticen los servicios”.

Por el PT, la diputada Dionicia Vázquez García se manifestó a favor de analizar leyes y ordenamientos en esta materia, a efecto de otorgarles a las y los mexicanos una vivienda digna. “Hay que revisar que las casas no sean de escenografía sino habitables y durables”.

María Chávez Pérez, diputada de Morena, resaltó la necesidad de conformar una mesa de trabajo para elaborar una reforma integral, pues en muchas ocasiones los fraccionamientos carecen de los principales servicios.

Su compañero de bancada, Juan Pablo Sánchez Rodríguez afirmó que se tiene una deuda histórica en esta materia con las y los mexicanos. Por ello, esta ley general debe ser integral y “dejar la lógica con la que se ha construido. La vivienda es un derecho humano”.

La idea, afirmó, es lograr que las casas sean dignas, inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. “Se le ha hecho mucho daño a las familias y más al medio ambiente dada la gran invasión en las zonas rurales”.

También de ese grupo parlamentario, la diputada María Esther Mejía Cruz resaltó que no se puede seguir con una Ley de Vivienda que viola los derechos de los ciudadanos, mientras “las inmobiliarias se hacen ricas”.

En reunión extraordinaria, con 13 votos a favor y 11 en contra, se avaló con modificaciones la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 71 de la Ley de Vivienda. Al documento remitido por el Senado de la República se sustituye la palabra “promoverá” por “garantizará”.

Con la adicción y el cambio de esta Comisión, se busca establecer que la Comisión Nacional de Vivienda garantizará que el desarrollo de acciones habitacionales destinadas a personas con discapacidad o adultas mayores, se realicen de conformidad con lo establecido por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, respectivamente.

De igual modo, la instancia legislativa rechazó dos minutas. La que reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad, y la que modifica los artículos 61 y 73 de la Ley mencionada, relativa a las facultades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) a que en coordinación con la SEDESOL elaboren estimaciones anuales que determinen los recursos federales para cumplimentar la política de subsidios.

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