04-10-2018.- En la sesión de hoy, diputados de Morena, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD y PVEM presentaron 26 iniciativas para reformar diversos ordenamientos federales. Algunos temas: combate a la corrupción, violencia contra la mujer, peaje, revocación de mandato, artesanías, trabajadores de la construcción, auditorías, derechos de la niñez, pueblos indígenas, violencia política, uso de popotes, consulta popular, requisitos para ser diputado, delitos en materia de hidrocarburos y protección de hijos de mujeres reclusas.

Incluir figura de prevaricación judicial

El diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena) presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con la finalidad de incluir la figura de prevaricación judicial e inhabilitación permanente de los servidores públicos, y los particulares que cometan faltas administrativas graves, como la corrupción.

Incurrirá en prevaricación, el servidor público con competencia jurisdiccional reconocida que a través de una resolución injusta atenta contra determinadas garantías procesales específicamente tipificadas; dicte una resolución de fondo o sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley, o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio, y omita dictar una resolución de trámite, de fondo o una sentencia definitiva lícita.

Hernández Pérez mencionó que la corrupción de jueces, magistrados o ministros debe considerarse la peor de las formas de corrupción y flagrante traición al derecho de la población a la justicia, la seguridad jurídica y un Estado de derecho sólido, que debe sancionarse con la inhabilitación, temporal o permanente, atendiendo la gravedad del acto o sus implicaciones.

La inhabilitación permanente se propone para aquellos casos tan graves que socialmente no pueden ser resarcidos con la inhabilitación temporal ni con el traslado del servidor público corrupto a otra dependencia o entidad de la Administración Pública, o bien, los que por cuantía supera toda posibilidad de considerar la reintegración de ese funcionario al trabajo público. La cuantía para la inhabilitación permanente será de 205 veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización, y se incluye a las personas físicas y morales y a los particulares en situación especial. Se mandó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Reforzar Alerta por Violencia de Género

A la Comisión de Igualdad de Género se remitieron tres iniciativas planteadas por la diputada Josefina Salazar Baez (PAN), que reforman la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para eficientar el mecanismo de protección denominado Alerta por Violencia de Género.

La declaratoria de Alerta de Género es un mecanismo original de la legislación mexicana adicionada en 2007 como una respuesta a la violencia feminicida. Desde esa fecha, el dispositivo se ha implementado en 13 ocasiones; sin embargo, dijo, resulta necesario revisar el diseño legal en aras de hacerla más eficaz y expedita.

La primera iniciativa adiciona el artículo 33, con la intención de establecer por medio de los principios de transparencia proactiva, publicidad y acceso a la información, que los documentos producidos durante las etapas de la solicitud de violencia de género, metodología y avances de investigación, sean públicos y accesibles por ley, observando la reserva de datos personales de las víctimas y personas investigadas bajo la presunción de inocencia.

El principio de transparencia, abundó, es vital para el acceso a la información sobre acciones y decisiones de relevancia pública. Se pretende estimular la respuesta eficaz de las autoridades, involucrar a la ciudadanía y a la sociedad civil y concientizar a la sociedad frente a los feminicidios, sus contextos y sus causas.

La segunda, adiciona el artículo 48, a efecto de facultar al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a que dentro de su estrategia anual de comunicación social, realice campañas de comunicación y acompañamiento a las alertas de género para difundir entre la población en qué consiste su importancia y los motivos de su existencia.

Su objetivo es dar a conocer a la población su alcance y promover la concientización sobre las circunstancias que han llevado a dicha declaratoria. “La comunicación social puede lograr que a largo plazo y de forma duradera se cambien patrones, percepciones y actitudes”.

En la tercera, plantea reformar los artículos 23, 25 y 42, para que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, establezca los plazos para el cumplimiento de las acciones derivadas de la Alerta, mismos que deben ser adicionados en el Reglamento de la Ley, mediante un contenido de un artículo transitorio.

Con ello, se podría contar con una disposición que garantice la respuesta de las autoridades en los momentos en que resulta de mayor necesidad e impacto, aumentando la efectividad y ofreciendo certeza sobre el curso de las acciones que se van a tomar.

Descuento de peaje permanente a estudiantes

Juan Francisco Espinoza Eguia, diputado del PRI, propuso reformar el artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para que los permisionarios del servicio de autotransporte federal de pasajeros, otorguen descuentos del 50 por ciento en el peaje a estudiantes de educación media superior y superior, de manera permanente.

Hoy en día, un gran número de jóvenes diariamente transitan por las carreteras del país para acudir a clases; sin embargo, hay estudiantes que no pueden regresar periódicamente a su lugar de origen para convivir con su familia por falta de recursos económicos o, peor aún, quienes abandonan la escuela ante la imposibilidad de trasladarse, porque les resulta difícil pagar el costo de un pasaje.

Por ello, planteó evitar que un joven abandone su sueño; se debe impulsar a la educación en el país y dejar a un lado filiaciones políticas. “Está en nuestras manos cambiar y mejorar las condiciones de los jóvenes que están preparándose. Apoyemos esta noble iniciativa para beneficiar directamente a los estudiantes y sus familias”.

Con la iniciativa turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, se busca que el descuento que se realiza sólo en periodo vacacional, se amplíe todo el año a fin de que los estudiantes que utilizan diariamente el autotransporte federal de pasajeros paguen sólo la mitad del costo.

Facultar al Congreso de la Unión para que legisle en materia de revocación de mandato

La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) propuso modificar los artículo 35 y 73 de la Constitución Política, a fin incluir en la Carta Magna la revocación de mandato, y dar facultad al Congreso de la Unión para legislar en la materia.

Con esta iniciativa, se pretende dar cumplimiento a la exigencia de la sociedad para que los representantes populares cumplan de manera adecuada y transparente las funciones encomendadas. “Si verdaderamente queremos darle todo el poder al pueblo, necesitamos darle mayor participación, tanto en lo político como en lo gubernamental”, puntualizó la legisladora.

Bernal Martínez explicó que la revocación de mandato es el procedimiento mediante el cual los ciudadanos pueden destituir, a través de una votación, a un funcionario público antes de que expire el periodo para el cual fue elegido.

También, añadió, abre la posibilidad a la ciudadanía para que, una vez satisfechos los requisitos correspondientes, someta a consulta la remoción de un funcionario público. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

Premio Nacional Artesanal

El legislador Miguel Acundo González (PES) pidió refomar la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas civiles, con el fin de crear el Premio Nacional Artesanal, para revalorizar el arte y la manufactura de las artesanías, reconocer a los artesanos y contribuir a darles nombre nacional e internacional.

La iniciativa menciona que el premio se otorgará a aquellos cuyas habilidades destaquen en la elaboración de bienes u objetos de artesanía, y se entregará de forma individual, familiar o comunitaria a todos los artesanos nacidos en México.

Comentó que históricamente el trabajo artesanal ha sido poco valorado; además, empresas transnacionales y de alta costura plagian diseños mexicanos, debido al anonimato en el que trabajan los artistas; además, la manufactura y la creatividad son subvaluadas en el mercado, y resulta ofensivo conocer el precio en el que los intermediarios pagan a los artesanos.

Comentó que los artistas reciben apoyo, asesoría, capacitación, asistencia y fondeo del Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanía (Fonart); sin embargo, apuntó, no se han creado políticas adecuadas para promover el reconocimiento de la creatividad artística. Se turnó a la Comisión de Gobernación y Población.

Garantizar seguridad social a trabajadores de la construcción

El legislador Juan Martín Espinoza Cárdenas (MC) planteó modificar la Ley Federal del Trabajo, con el fin de crear un Fondo de Apoyo para Trabajadores de la Construcción, garantizarles seguridad social y un apoyo económico mensual, que será previsto cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El Fondo será administrado por el gobierno federal y el Instituto Mexicano del Seguro Social. “Diputadas y diputados, la sociedad espera mucho de todos y más los vulnerables. En esta época de cambios políticos demostremos que somos servidores sociales y hagamos realidad esa expectativa que tienen de nosotros”, afirmó en el Pleno.

Espinoza Cárdenas dijo que los obreros no tienen ningún tipo de seguridad social. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Ocupación y Empleo, en el 2013 la población de 14 años y más, relacionada con albañilería, ascendió a más de 2.4 millones de personas; de estos, 99.6 por ciento son hombres y 0.4 son mujeres.

Indicó que los estados donde se concentra la mayor población de albañiles son Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y estado de México. Un 26.3 por ciento reside en zonas rurales y 73.7 por ciento en zonas urbanas, nueve de cada 100 albañiles son indígenas. Se envió a la Comisión del Trabajo y Previsión Social para dictamen y la Comisión de Presupuesto para opinión.

Plantean establecer mecanismos para un Parlamento Abierto

La diputada Luz Estefanía Rosas Martínez (PRD) plantea reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de establecer mecanismos de Parlamento Abierto que permita la participación ciudadana y la eliminación de cualquier intento de opacidad en la toma de decisiones legislativas.

También establecer que toda la información generada o utilizada en los órganos de gobierno, técnicos y administrativos, así como en comisiones y comités del Congreso deberá ser puesta a disposición de la ciudadanía en un formato abierto, no propietario, accesible y con efectiva difusión.

Asimismo que sea obligación de los diputados la apertura de todos los datos que tengan a su disposición, sin ninguna limitación y mantener un vínculo permanente que propicie la participación ciudadana, la apertura de información legislativa y la generación de agendas.

Indicó que en las Cámaras de Diputados y Senadores, se ha realizado un esfuerzo para implementar acciones a favor de la transparencia, como la publicidad de los órdenes del día, la Gaceta Parlamentaria, de las sesiones de comisiones, la creación de un Canal Legislativo. Sin embargo, no ha sido suficiente para lograr un efectivo parlamento abierto; por ello es necesaria esa modificación. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Disminuir tiempos de movilidad y niveles de contaminación del aire

La diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (PVEM) promueve reformar diversas disposiciones de las Leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Orgánica de la Administración Pública Federal; Federal del Trabajo; y Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional a fin de disminuir los tiempos de traslado en las ciudades, los niveles de contaminación del aire y mejorar la calidad de vida de las familias.

También facultar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en conjunto con las empresas y las dependencias gubernamentales, implementen de manera voluntaria mecanismos para establecer horarios escalonados para la entrada y la salida de los trabajadores, semanas comprimidas y la posibilidad de laborar desde la casa al menos un día a la semana.

Señaló que los congestionamientos viales y los elevados tiempos de traslado de un lugar a otro; son el resultado del acelerado crecimiento de las ciudades, la falta de planeación en materia de desarrollo urbano, de las políticas que favorecen al uso de vehículos particulares y de la carencia de un sistema de transporte público eficiente, cómodo y seguro.

“El hecho de que las personas tengan que invertir una buena parte de su tiempo en trasladarse de su casa al trabajo o a la escuela y viceversa, tienen un impacto negativo en el medio ambiente, en la productividad laboral y en el bienestar de las familias”, expresó. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen. Y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para opinión.

Proponen que Presidente de la República comparezca ante Pleno del Poder Legislativo

El diputado Rubén Terán Águila (Morena) propone reformar el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República comparecerá ante el Pleno del Poder Legislativo, a efecto de presentar un informe detallado de manera verbal y escrita.

Este informe debe mostrar detalladamente la administración del mandatario, para que los diputados y senadores tengan mayores elementos al legislar y para que esa legislación responda a los requerimientos que por muchos años el pueblo ha planteado, sustentó el diputado.

“El actual informe presidencial que rinde el titular del Ejecutivo se ha desvirtuado, ha perdido su esencia republicana y se ha utilizado básicamente con el objeto de proyectar la figura presidencial por encima de nosotros los diputados”, resaltó.

Manifestó que se pretende que nuevamente el titular del Poder Ejecutivo asista nuevamente ante los diputados y senadores no por una disposición reglamentaria, sino por un mandato constitucional como anteriormente se estipulaba. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Plantean que sociedad realice auditorías independientes a gestión gubernamental

El diputado Sergio Fernando Ascencio Barba (PAN) propuso adicionar una fracción XIX al artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a efecto de que la sociedad pueda contratar auditorías independientes o de naturaleza externa para conocer, sin posibilidad de conflictos de interés, si sus mandatarios están o no trabajando a la altura de las expectativas y con ello evitar que vuelvan a darse casos de desfalco a la hacienda pública.

Destacó que para evitar la corrupción se pueden aplicar controles de la sociedad civil organizada, que fortalezcan la supervisión y fiscalización del manejo de recursos públicos por parte de quienes tienen la responsabilidad de ejercerlos conforme a eficiencia, economía, transparencia y honradez.

Al presentar su iniciativa, misma que se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, el legislador aseguró que se busca “abatir contundentemente la corrupción endémica y rampante que padece el país”, mediante el fortalecimiento de la participación social. “México tiene derecho a gobiernos que se conduzcan con probidad, transparencia y que rindan cuentas de cara a los mexicanos”.

Con la adición planteada, el Comité de Participación Ciudadana podrá proponer al Comité Coordinador la realización de mecanismos ciudadanos de auditorías independientes a contratos de obra pública de alto impacto económico, en términos de la reglamentación correspondiente, sin menoscabo de las atribuciones que en la materia corresponden a las autoridades correspondientes.

Garantizar derechos de adultos mayores en centros penitenciarios

Enseguida, la diputada Martha Hortencia Garay Cadena (PRI) presentó una iniciativa que adiciona el artículo 35 Bis de la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores en los centros penitenciarios, pues esta población se encuentra, dijo, en condiciones de vulnerabilidad, son víctimas de discriminación múltiple y no siempre logra acceder a todos los servicios a los que tiene derecho.

Manifestó que es especialmente preocupante el trato que reciben los adultos mayores cuando se encuentran privados de su libertad. Añadió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado graves deficiencias en la atención de este grupo social, toda vez que no se garantizan sus derechos a la salud y a la alimentación; también destaca que en su ubicación no se considera la edad, la cual deja en estado de vulnerabilidad a las personas adultas mayores, ya que en los centros penitenciarios no cuentan con la infraestructura necesaria ni la accesibilidad en sus instalaciones.

La propuesta de adición establece que los centros penitenciarios deberán contar con un registro de personas de más de 60 años que incluya información específica sobre sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyos y ubicación, a efecto de que la autoridad penitenciaria implemente las políticas públicas que garanticen el pleno respeto a sus derechos humanos, en condiciones de igualdad con respecto al resto de la población en internamiento.

Además, para lo anterior, la autoridad penitenciaria deberá prever los recursos presupuestales pertinentes e infraestructura de los centros penitenciarios, conforme a los estándares internacionales en la materia. Se remitió a la Comisión de Justicia.

Establecer derecho preferente de familias a educación de los hijos

La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (PES) propuso establecer en la Constitución Política que el Estado reconoce el derecho y deber preferente de los padres a educar convenientemente a sus hijos, mediante una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 4º de la Carta Magna.

Explicó que el derecho a la educación va más allá de la posibilidad de ir a la escuela e incluirse en un proceso formativo, obligación que el Estado mexicano atiende al artículo 3º constitucional y sus normas secundarias.

“Lo que no consagra la Carta Magna es la consideración de que la familia sea el ámbito natural y primario del ejercicio y desarrollo del derecho fundamental a la educación”.

Pidió que se subsane esa falta de claridad y se armonice la Norma Suprema con lo dispuesto en instrumentos internacionales vinculatorios para el Estado mexicano. “Salvaguardemos la libertad de las familias para que puedan elegir la escuela o los centros que juzguen más convenientes para la educación de sus hijos”. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Proponen reformas en favor de niños nacidos fuera del matrimonio

La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz, de Movimiento Ciudadano, propuso reformas a los artículos 62 y 63 del Código Civil federal, a fin de disminuir el porcentaje de registros de nacimientos que no cuentan con el dato del padre, y evitar discriminaciones en contra de los hijos nacidos fuera de un matrimonio.

“Se trata de protegerlos, de igualar su situación entre todos los hijos procreados, sin importar que nazcan dentro de un matrimonio o fuera de éste; simplemente, la idea es eliminar todo tipo de discriminación”, explicó.

Establece que si los padres del menor tuvieran impedimento para contraer matrimonio entre sí, por estar uno de ellos o ambos casados con persona distinta, y la madre no hubiera vivido con su marido por más de 300 días anteriores al nacimiento del hijo, el oficial del Registro Civil podrá asentar como padre a otro distinto al marido, siempre y cuando se presenten ambos a la declaración de nacimiento.

La modificación precisa que el marido no podrá desconocer a los hijos alegando adulterio de la madre, aunque ésta declare que no son hijos de su esposo, a no ser que el nacimiento se le haya ocultado o que demuestre que durante los primeros ciento 20 días de los 300 que precedieron al nacimiento no tuvo acceso carnal con su esposa, o que, estando separada del marido, viva maritalmente con otro varón y éste reconozca como suyo al hijo de aquélla. Se envió a la Comisión de Justicia.

Proponen definir y tipificar violencia política de género

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) planteó una iniciativa para definir en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a la violencia política por razón de género, sus alcances y modalidades. Además, su tipificación en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Señala que la violencia política es la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público.

Esta se manifiesta mediante presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género.

Puntualiza que a quien impida, restrinja, anule o limite el acceso o ejercicio de uno o varios derechos políticos o derechos electorales, o el ejercicio de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, a una mujer por razones de género, se impondrán de 100 a 400 días multa y prisión de tres a siete años. Fue turnada a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Gobernación y Población.

Proponen garantizar representación política de pueblos indígenas

La diputada María Roselia Jiménez Pérez, del PT, propuso una iniciativa que reforma los artículos 41, 53, 54, 55 y 56 de la Constitución política en materia de representación política de los pueblos indígenas pues, explicó “a la fecha siguen sin garantizar su inclusión en los Congresos federal y locales”.

“Hemos sido objeto de usurpación de identidad, pues otros ocupan esos espacios sin ser de pueblos originarios; se burlan de nosotros con el aval de las autoridades electorales”, sostuvo.

Jiménez Pérez explicó que el problema de la representación política indígena tiene raíces estructurales y jurídicas profundas, por lo que es importante reconocer los derechos plasmados en los acuerdos de San Andrés.

“Ahora que estamos arribando a la Cuarta Transformación de la República es imperativo garantizar a los pueblos indígenas de México su inclusión representativa en el Congreso de la Unión, a través de legisladores y legisladoras indígenas con identidad propia, sin que sus espacios a que tiene derecho sean usufructuados por otros actores políticos ajenos a estas sociedades”. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Prohibir uso de popotes plásticos en establecimientos

Del PVEM, el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar planteó reformas a diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a fin de prohibir la entrega de popotes de plástico en los establecimientos comerciales o de servicios.

El 95 por ciento de los popotes que se utilizan no son reciclables y tienen una vida útil muy corta ya que sólo son utilizados por única ocasión. Se estima que un restaurante desecha aproximadamente 45 mil popotes al año y una persona podría llegar a consumir alrededor de 38 mil pajillas durante su vida, mismos que al no ser biodegradables permanecen durante años en depósitos e incluso, en los océanos.

Los mares y los ecosistemas son los que más sufren con la presencia de dichos residuos, pues se calcula que el 90 por ciento de aves marinas, ballenas, delfines y algunas especies de tortugas han ingerido algún tipo de plástico durante su vida, incluyendo, los popotes.

Precisó que esta reforma se suma a una serie de iniciativas que tienen como propósito eliminar del sistema comercial, el uso de bolsas de plástico y los recipientes de unicel. Además, “es una invitación de incluir a la ecología en la Cuarta Transformación”. Fue canalizada a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales.

Consultas populares a nivel estatal y municipal

El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (Morena) presentó iniciativa que reforma el artículo 35 de la Constitución Política, a efecto de precisar que será derecho de los ciudadanos votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, estatal o municipal.

Precisó que la consulta popular es un instrumento que puede impulsar el empoderamiento ciudadano de las decisiones o voluntades políticas de los gobernantes; sin embargo, a pesar de que esta figura ya se encuentra contemplada por la Carta Magna y cuya reglamentación está establecida por las leyes Federal de Consulta Popular y las generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y en Materia de Delitos Electorales, el actual marco no permite el fácil acceso a este instrumento de democracia participativa.

La figura, dijo, se encuentra restringida a ser aplicada sólo al orden de trascendencia nacional, excluyendo a los niveles más cercanos a los ciudadanos: el estatal y municipal. Por ello, es vital adecuar el marco legal para asegurar el goce de una democracia participativa como un derecho constitucional y garantizar el ejercicio de la consulta popular como un mecanismo eficiente y ágil para hacer cumplir este último.

Se eliminan las disposiciones que establecen que éstas deberán ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición de diversos actores y se deroga el lineamiento que determina que solo se podrán llevar a cabo el mismo día que las jornadas electorales federales. La propuesta se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Requisitos para ser legislador federal

Luis Alberto Mendoza Acevedo, diputado del PAN, propuso iniciativa que reforma el artículo 55 de la Constitución Política, para garantizar que los titulares de organismos constitucionales autónomos no puedan ser legisladores a menos que se separen definitivamente de sus funciones tres años antes del día de la elección.

Estos organismos cumplen funciones medulares para la vida democrática de México, pues se encuentran involucrados en temas sobresalientes como la organización de elecciones, sistemas de telecomunicación, acceso a la información, protección de datos, emisión de billetes y monedas, control de inflación, entre otras.

Subrayó que se requieren organismos imparciales que cumplan con su función establecida en la Carta Magna, que desempeñen sus labores con completa independencia, especialmente los titulares de los mismos. Por ello, se debe impedir que los titulares ocupen el cargo de legisladores y cuenten con fuero constitucional.

De esta manera, afirmó, se impediría que los titulares ocupen su cargo para buscar una posición política bajo el apoyo de algún partido, además de posibles desviaciones en la conducción de su función con el apego debido a los códigos de ética y valores que deben caracterizar a todo servidor público. Se canalizó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Establecer orden de prisión preventiva oficiosa a quien cometa delitos en materia de hidrocarburos

La diputada María Lucero Saldaña Pérez (PRI) planteó modificar el artículo 19 Constitucional, y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para establecer que se ordenará prisión preventiva oficiosa a toda persona que cometa delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos.

Saldaña Pérez consideró que este tema se tiene que ver integralmente, dado que el sector energético aporta 7 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB); sin embargo, recientemente se ha registrado un crecimiento en el robo del combustible a través de tomas clandestinas.

Cifras de Pemex señalan que en los últimos años ha perdido 30 mil millones de pesos por robo en sus ductos. Además, agregó, este delito grave ha llegado a constituir la segunda fuente de ingresos para los grupos del crimen organizado.

La diputada consideró que dada la gravedad de este delito la iniciativa esta bien justificada, además complementará las que ya se han presentado. “No podemos permitir que este delito siga en crecimiento”. Se envió a las Comisiones de Puntos Constitucionales para dictamen y de Justicia para opinión.

Regular cobro exacto en fracciones de pesos al pagar bienes o servicios en efectivo

El diputado Héctor Joel Villegas González (PES) pidió reformar el artículo 3º de la Ley Monetaria y adicionar el artículo 7º Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor con el fin de regular el cobro exacto que se deberá realizar cuando existan fracciones de peso en el pago de bienes o servicios en efectivo.

La iniciativa establece que en caso de pagos por bienes y servicios menores a 50 centavos, y no fuera posible el cambio monetario correspondiente, la diferencia, en todos los casos serán siempre a favor del consumidor, que podría ser entregada por medio de un monedero electrónico de consumo. Para tales efectos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los lineamientos correspondientes para su operación.

El diputado mencionó que con esto se pretende que haya un sistema electrónico en el que se depositen las fracciones de centavos en las operaciones que se efectúan diariamente. “Aclaro que esta es una opción a la que se puede recurrir en lugar de donarlos a las cuentas de los centros comerciales para que éstas donen en su nombre en su beneficio fiscal”.

Al sustentar la iniciativa, Villegas González comentó que de acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) las empresas están obligadas a entregar el cambio completo a los consumidores, ya que estas deben de contar con monedas de 5 pesos a 10 centavos. Se envió a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, Comercio y Competitividad.

Garantizar respeto y protección de hijos de mujeres reclusas

La legisladora Maribel Martínez Ruiz (PT) pidió reformar la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes con el fin de que las leyes federales, de entidades federativas y de la Ciudad de México garanticen el respeto y protección de los derechos de los infantes que viven con sus madres en situación de reclusión.

Para ello, cita la iniciativa, se deberá implementar acciones y mecanismos que permitan y fomenten el crecimiento y desarrollo integral pleno de las y los menores. Asimismo, establece que los niños tendrán el derecho de permanecer junto con sus madres, hasta los tres años de edad, cuando éstas se encuentren privadas de su libertad y extinguiendo condena en centros penitenciarios.

Asimismo, instaura que las niñas y los niños recibirán alimentación saludable, acorde con su edad, compatible con sus necesidades de salud y que contribuya a su desarrollo físico y mental; tendrán derecho a recibir educación inicial, vestimenta y atención pediátrica permanente.

El documento enviado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen señala que los centros penitenciarios deberán contar con áreas que permitan el descanso y esparcimiento básicos en el crecimiento y desarrollo de niñas y niños, y el Estado garantizará a las madres en reclusión la obtención de información periódica del estado de salud de sus hijos, con base en un expediente clínico, que también se compartirá con la persona o institución que se haga cargo del menor a partir de su egreso del centro penitenciario.

Buscan prohibir extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica

El diputado Jacobo David Cheja Alfaro (MC) propuso reformar el artículo 27 de la Constitución Política, para establecer que queda prohibida la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través de la fractura hidráulica, o de cualquier otro método que menoscabe la integridad del medio ambiente.

La iniciativa suscrita por integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, señala que la extracción de hidrocarburos mediante el fracturamiento hidráulico implica riesgos de contaminación de acuíferos, del suelo y subsuelo, de fuentes de agua potable y de la atmósfera, mismos que conllevan daños a la salud de la población.

El llamado “fracking” es un tratamiento de estimulación ejecutado en pozos de petróleo y gas que se encuentran en yacimientos de baja permeabilidad, el cual consiste en la inyección de un fluido especial que es bombeado a una elevada presión y a un alto régimen de bombeo, con la finalidad de producir fracturas en la formación que permitan la fácil liberación del hidrocarburo.

Señalan que una de las principales preocupaciones en torno al uso de esta tecnología es el empleo de grandes volúmenes de agua, debido a que se utiliza un rango de 2 a 4 millones de galones por pozo. “La contaminación de fuentes de agua cercana a los pozos es una de las afectaciones para la población, pues incide directamente en el abastecimiento, consumo y salud de las localidades que dependen de dichas fuentes”. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Plantean establecer que toda persona mayor de 18 años tiene derecho a contraer matrimonio

La diputada Verónica Juárez Piña (PRD) promueve reformar el artículo 4 de la Constitución Política, para establecer que toda persona mayor de 18 años tiene derecho a contraer matrimonio, que incluya la unión entre parejas del mismo sexo.

Con esta propuesta, dijo, pretendemos fijar una base constitucional para que en los Congresos locales y en el federal se legisle en esta materia con una definición de matrimonio acorde con el respeto a la dignidad humana. Esta reforma permitirá que las parejas del mismo sexo gocen de igual protección jurídica que las parejas heterosexuales.

Por tanto, la reforma al citado artículo, señalaría: toda persona mayor de 18 años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Apuntó que “se siguen negando los derechos que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio, pues implica tratar a toda persona con una preferencia sexual distinta a la heterosexual como ciudadanos o ciudadanas de segunda clase”. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

No se requerirá número mínimo de demandantes para promover acciones de responsabilidad ambiental

El diputado Francisco Elizondo Garrido (Morena), propuso reforma los artículos 28 y 43 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para establecer que no se solicitará un número mínimo de demandantes para promover acciones de responsabilidad ambiental o acciones colectivas en materia ambiental.

Señaló que la garantía del derecho humano a un medio ambiente sano ha evolucionado desde la perspectiva internacional de los derechos humanos hasta las Constituciones nacionales, y para garantizar su protección se han desarrollado acciones colectivas orientadas a tutelar intereses colectivos y difusos, y lograr la reparación del daño ambiental.

La iniciativa suscrita también por el diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM) señala que el Estado mexicano, a partir de los compromisos asumidos en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, también conocida como Cumbre de Río de 1992, ha venido desarrollando legislación y mecanismos jurídicos que permitan una efectiva reparación de los daños generados al medio ambiente y a las personas por la actividad industrial o del ser humano.

Sin embargo, en la práctica se han presentado distintos obstáculos para la aplicación de estos mecanismos jurídicos, pues los mismos contemplan requisitos o candados para poder acceder a la justicia ambiental. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales.

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