15-10-2018.- El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, se reunió con el representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, con quien coincidió en la necesidad de impulsar una agenda para salvaguardar las garantías de cada persona.

En el encuentro, realizado en la Mesa Directiva, al que también asistió la vicepresidenta Dolores Padierna Luna, el diputado Muñoz Ledo recibió el documento “Agenda de propuestas legislativas en materia de derechos humanos que formula la ONU-DH a la LXIV Legislatura”.

En el texto se destaca que la Oficina en México de ONU-DH ha mantenido colaboración estrecha con el Poder Legislativo. La cooperación, resalta, ha rendido frutos importantes en términos de leyes y reformas trascendentes, y la intención es continuar la contribución con la actual Legislatura, por lo que “manifiesta su entera disposición para brindar apoyo y asistencia técnica”.

Entre los temas abordados, se habló de la necesidad de impulsar, desde la Cámara de Diputados, diversas legislaciones en seis temas: Seguridad; Justicia; Igualdad y no discriminación; Movilidad humana; Libertad de expresión y espacio democrático; y, Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, derechos de las personas con discapacidad y de los pueblos indígenas.

En materia de seguridad, recordaron la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en 2017, a pesar de la “fuerte oposición”. Se refirió también a que dicha norma es contraria a estándares internaciones y diversas recomendaciones al Estado mexicano.

ONU-DH, dice el documento, “expuso razones por las que esa ley no fuera avalada, pues no aportaría soluciones reales para enfrentar los retos en materia de seguridad”.

Además, se plantearon observaciones sobre su articulado y se recomendó su abrogación, para sustituirla por un marco legal que establezca la subsidiaridad de la actuación de militares; transparencia y rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas, así como su retiro gradual de tareas de seguridad.

De igual manera, en la misiva presentada, se recomienda la adopción de una ley sobre el uso de la fuerza a nivel nacional, a través de reformar el artículo 73 de la Constitución. Agrega la necesidad de modificar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cuanto a detenciones.

Respecto a justicia, refiere la importancia de la reforma en el rubro de la Fiscalía General de la República, y que ésta cuente con un área especializada en violaciones graves a derechos humanos, que cuente con autonomía para investigar hechos y procesar responsables.

El documento entregado al diputado Muñoz Ledo también plantea la eliminación de la figura del arraigo que, todos los organismos internacionales, han determinado que es violatorio de derechos humanos. En tanto, propone acabar con la prisión preventiva oficiosa, al ser “un resquicio del sistema de justicia inquisitivo”.

Sobre competencias de la Corte Penal Internacional, ONU-DH recomendó la derogación o modificación del párrafo octavo del artículo 21 constitucional, a fin de que esa corte pueda ejercer jurisdicción cuando así se determine.

En cuestión de Igualdad y no discriminación, se aborda la regulación del derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo, pues aunque varias entidades federativas se han pronunciado por dar mayor protección a las mujeres, otras han optado por normas que las criminalizan. Por su parte, ONU-DH ha recomendado a México despenalizar esa práctica. También hace referencia a la recomendación de impulsar las reformas necesarias para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Para Movilidad humana, se reconoce en el texto la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como un instrumento de avanzada para la protección de ese sector poblacional. No obstante, ONU-DH recomienda adecuar la norma para la tutela de menores extranjeros y detenciones de infantes migrantes.

El texto plantea, además, la necesidad de una reforma integral a la legislación en materia de derecho de asilo, así como la regulación sobre desplazamiento forzado interno. Propone, además, adoptar un marco legal que atienda los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de Naciones Unidas. Asimismo, proyecta realizar la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional, relacionada con trabajadores migrantes.

En tanto, sobre la Libertad de expresión y espacio democrático, se plasma la necesidad de emitir una nueva ley para regular la publicidad oficial, en función de que la reglamentación actual no cumple con lo requerido para normar de forma adecuada esta materia, ya que “deja utilizar ese tipo de publicidad como forma indirecta de restricción de la libertad de expresión y acceso a la información”.

El documento entregado por la Alta Comisionada al diputado presidente, también aborda la eliminación de los delitos contra el honor, dado en los 33 códigos penales locales que existen; 19 contemplan al menos un tipo penal con relación a este tema y ONU-DH ha recomendado reiteradamente despenalizar las figuras que criminalizan la libre expresión. Igualmente, plantea emitir una legislación sobre protección a denunciantes.

Finalmente, en la “Agenda de propuestas legislativas en materia de derechos humanos que formula la ONU-DH a la LXIV Legislatura”, se manifiesta la necesidad de expedir una ley general sobre el derecho al agua, a fin de que sea un tema prioritario en materia de consumo humano. De igual modo, se proponen reformas en el sector salud y de los derechos de las personas con discapacidad. Además, se plantean generar mecanismos legales para cuidar la tierra y territorios de las comunidades originarias.

En la reunión, el diputado Muñoz Ledo ofreció al representante de la Alta Comisionada y a su comitiva, la apertura para que hagan llegar propuestas concretas a la Presidencia de la Mesa Directiva, con el contenido específico, a fin de materializar las reformas y legislaciones solicitadas.

Se garantizó la total disposición para que las propuestas puedan presentarse a la brevedad ante las comisiones de dictamen y dar cauce al proceso legislativo que permita su discusión al interior de la Cámara o, en su caso, recuperar el trámite de aquellas que ya han sido discutidas y aprobadas por legislaturas anteriores y que por diversos motivos se han quedado en el camino, después de ser turnadas a la Cámara revisora que haya correspondido.

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