• En la instalación de la Comisión en esta materia, representantes de CNDH y ONU entregaron propuesta de agenda legislativa

17-10-2018.- En la instalación de la Comisión de Derechos Humanos, diputados, funcionarios y defensores sociales, externaron su interés por proteger las garantías de la población, pues se vive un difícil panorama al respecto: además, externaron su preocupación en temas de seguridad pública, matrimonito igualitario, pueblos y comunidades indígenas, niñez migrante, protección de las mujeres y por el presupuesto para la protección de víctimas.

El presidente de esta instancia, diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (Morena), afirmó que esta Cámara puede ser un aliciente para las ciudadanas y los ciudadanos que se encuentren en condiciones adversas y difíciles.

“Tengan esperanza, no todo es confrontación, descalificación ni un coraje retenido”, afirmó.

Agradeció a quienes consideran “un hecho histórico que una persona con discapacidad, en mi caso ciego, encabece esta comisión”; estimó que esto abre las puertas a que vengan más legisladores al Congreso de la Unión.

La diputada Kehila Abigail Ku Escalante (MC) afirmó que el país vive un clima de violencia continua. Al día de hoy, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registra más de 53 garantías en México; sin embargo, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “somos la nación que recibe más peticiones de revisión en esta materia del continente”.

Indicó que se han reconocido más de 37 mil personas desaparecidas de 2017 a la fecha, así como mil 700 agresiones a periodistas. Externó que los derechos humanos son de suma importancia para el desarrollo de la paz y el crecimiento de la nación. “Debemos apoyar y defender a las mujeres, a los migrantes y a los estudiantes; a la libertad de expresión y a los periodistas”.

Mónica Bautista Rodríguez, diputada del PRD, expresó que el país se encuentra en una profunda crisis de derechos humanos y ante los ojos del mundo, está muy devaluado. “Se viven contantes violaciones a las garantías individuales, principalmente con las desapariciones forzadas, censura a la libertad de expresión y continúa la tortura y represión dirigida a los movimientos sociales”.

Se pronunció por vigilar a las Fuerzas Armadas y a las policías, por lo que el objetivo de la Comisión será revisar que las políticas públicas del próximo gobierno federal tengan como eje rector el total y absoluto respeto a los derechos humanos. “Solo así, México podrá alcanzar la normalidad en la vida de los ciudadanos, dejando atrás la impunidad y violencia que impera en el país”.

Por el PES, la diputada Elba Lorena Torres Díaz sostuvo que las políticas públicas se han quedado cortas, pues la inseguridad es un flagelo que lesiona a la población, sobre todo “cuando no pueden salir a la calle ni permanecer en sus hogares; este derecho sigue preocupando y es un pendiente”.

Afirmó que el respeto a la ley debe constituirse como la base fundamental para una convivencia social armónica y del pleno desarrollo nacional. Los hechos de violencia contra las mujeres se reproducen con mayor intensidad y, por ello, se demanda una pronta respuesta y trabajar en la prevención y en su investigación, enfatizó.

La diputada María Lucero Saldaña Pérez (PRI) apuntó que si bien hoy las mujeres han avanzado en paridad política, persisten retos. Expuso que la promoción, protección y la defensa de los derechos humanos deben ser pilares y obligación de toda autoridad gubernamental.

Estas garantías, dijo, son un paradigma que se ha redefinido con la reforma de 2011, un parteaguas en el marco jurídico, pues no sólo se amplía el catálogo de derechos humanos, sino se le da forma al Estado en cuanto a su protección. El Poder Legislativo, afirmó, es garante de la promoción y defensa de estas garantías, “pues generamos leyes y ordenamientos”.

Del PAN, la diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo puntualizó que, a partir de hoy, se está en condiciones de emprender cambios sustantivos en el país. “Estamos en el lugar adecuado, para dar paso a los procesos de promoción humana, revisar y dictaminar los proyectos e iniciativas en esta materia, y vigilar los instrumentos internacionales que ha firmado el país sobre el tema”.

Sostuvo que los derechos humanos de la población no pueden ser disminuidos ante cualquier poder o cualquier grupo o ideología política. “Debemos ser vigilantes de su respeto absoluto, el cumplimiento de pactos, acuerdos y tratados; vamos a trabajar para mejorar el orden jurídico. No habrá perjuicios. Lucharemos por los derechos democráticos, igualdad ante hombres y mujeres, promoción de la libertad, respeto al marco legal y defensa de la vida”.

Graciela Zavaleta Sánchez, diputada de Morena, resaltó que México vive una crisis en materia de derechos humanos y hay indignantes y reprobables hechos “como la masacre de San Fernando, los casos de Tlatlaya e Iguala, que han sido evidenciados en el escenario nacional e internacional”.

Se pronunció por vincular este Poder Legislativo con las diferentes organizaciones no gubernamentales dedicadas a este propósito. Se debe vigilar la aplicación de ley, para la protección de personas defensores de derechos y periodistas, y nutrir al fondo creado para este fin, ya que “quedó agotado, no hay recursos”.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que se requieren mejores leyes e instituciones sólidas, con credibilidad, que propicien una mayor vigencia y respeto de los derechos fundamentales. “Esa es una prioridad que nos interesa e incumbe a todos”, expresó.

Se pronunció por una Fiscalía autónoma, que surja de un proceso de selección incuestionable; debe generar certidumbre y confianza en su desempeño, mediante investigaciones profesionales, objetivas, integrales, imparciales y exhaustivas, destacó.

“La existencia de una Fiscalía autónoma, el fortalecimiento de una real y efectiva división de poderes que permita contrapesos y equilibrios, así como de los organismos constitucionales autónomos vinculados a la protección y vigencia de los derechos humanos, son las mejores garantías de que el Estado opte por el respeto a las garantías de las personas y el fortalecimiento y desarrollo democrático frente a cualquier tentación autoritaria”, abundó.

Hizo entrega de una agenda básica sobre derechos humanos, en donde se propone revisar la Ley de Seguridad Interior, pues vulnera las garantías de las personas; formular leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 constitucionales, sobre consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas; matrimonio igualitario; eliminación del arraigo; regular el uso de la fuerza por parte de las autoridades y adecuar la implementación de las Alertas de Violencia de Genero, así como emitir una Ley General sobre Desplazamiento Forzado.

Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, afirmó que el país enfrenta un momento crítico en esta materia; la violencia generalizada, la impunidad crónica, la discriminación, la marginación y la pobreza, son parte de un entorno complejo que amerita que todas las autoridades desplieguen su encomienda pública, con una visión de cambio y un enfoque de derechos humanos.

Propuso una agenda de trabajo conjunto, para crear un marco regulatorio en el uso de la fuerza; establecer un registro de detención único a nivel nacional; derogar la figura de prisión oficiosa; revertir el paradigma militar en materia de seguridad; instaurar una Fiscalía General de la República que asegure imparcialidad, profesionalismo, objetividad y rendición de cuentas, para superar la impunidad crónica, y crear una institución nacional forense de carácter autónomo.

Además, renovar el marco regulatorio de las personas, en el contexto de la movilidad humana, y crear una Ley general de desplazamiento interno forzoso; modificar el régimen jurídico en materia de asilo; actualizar la normatividad sobre migración; en ese sentido, urgió a que esta Cámara apruebe la minuta en materia de niñez migrante, para erradicar la privación de la libertad de niñas y niños en esta condición.

También se pronunció por avanzar en la protección de los derechos sociales, emitiendo una ley general sobre la garantía del agua; eliminar los delitos que trasgreden la libertad de expresión; avanzar en el reconocimiento de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad; defender a las mujeres en la interrupción legal del embarazo; reconocer el matrimonio entre personas del mismos sexo; acceso de las mujeres a altos cargos públicos e impulsar un presupuesto con enfoque en derechos humanos.

Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, expresó que lo que se oculta de la violación a los derechos humanos son a las víctimas. “Eso nos grita cada día que no estamos poniendo atención, la agenda de México es la de las víctimas”.

El presupuesto, dijo, debe estar en el interés de quienes realmente quieren apoyar a las víctimas. “Hoy ustedes tendrán la oportunidad de revisar y formular un presupuesto; es fundamental acompañar el tema jurídico de las víctimas, pues en el orden federal se tiene un registro de 16 mil, pero sólo se cuenta con 120 abogados, cuando en la defensoría de oficio hay 900”.

Indicó que existe una enorme deficiencia en la atención, pues los recursos económicos y el personal no han dado las herramientas para acompañar a las víctimas. “Se ha hecho un trabajo intenso para flexibilizar y desburocratizar las acciones; sin embargo, hemos visto un desinterés en la mayoría de las entidades, cuando es un asunto que afecta a todo el Estado”.

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria (sin partido) afirmó que existe la mejor voluntad de trabajar de manera conjunta y acelerar una agenda en derechos humanos, pues al día de hoy siguen prevaleciendo barreras invisibles como el machismo, la discriminación y todas las fobias.

Precisó que la ley es muy clara al señalar igualdad y ésta debe incluir a los derechos humanos. Es fundamental que el Poder Legislativo asuma la necesidad de titular garantías a grupos específicos y el momento que vive el país es privilegiado para ese propósito. “Tenemos que dotar de contenido a esta nueva alternancia”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, mencionó que esta instancia legislativa tiene una conformación de inclusión y afirmó que lo que hace la discriminación son las barreras sociales, las predisposiciones y los estigmas.

Indicó que México atraviesa un momento complejo en materia de derechos y con deudas para más de la mitad de la población que vive en pobreza y en contextos de marginalidad; la totalidad de la población “vemos vulneradas nuestras garantías o en riesgo su cumplimiento”. Externó su apoyo para trabajar en coordinación con esta Cámara de Diputados, para afrontar los retos que se tienen en derechos humanos.

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