04-09-2018.- Durante la sesión, diputados de diversos grupos parlamentarios presentaron distintas iniciativas para reformar múltiples ordenamientos legales en materia de impuesto a la gasolina, abuso sexual, fuero constitucional, presupuesto participativo, eliminación de privilegios de servidores públicos, fiscal general de la República y permisos a padres de familia.

Bajar el IEPS aplicado a gasolina

La diputada Silvia Garza Galván (PAN) planteó reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), con el fin de eliminar este gravamen aplicado a gasolinas y subsanar los efectos del “gasolinazo”, producto de la reforma fiscal aprobada en 2013.

La iniciativa enviada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, cita que la liberalización del precio bajo el esquema vigente no refleja las condiciones del mercado actual, y la carga impositiva que tiene su venta, es realmente alta (35 por ciento) que, al compararla con otros países, nos hace poco competitivos.

Al sustentar su propuesta, Garza Galván dijo que el incremento constante al precio del combustible representa un contrasentido. Por ello, “esperamos que sea revisada en el próximo paquete económico y podamos revertir, en el corto y mediano plazo, los evidentes efectos negativos en la economía que se reflejan en el incremento de la inflación y disminución del salario real de los trabajadores”.

Hasta 12 años de prisión a responsable de abuso sexual

En tanto, la diputada María Lucero Saldaña Pérez e integrantes del PRI presentaron cambios a los artículos 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 260 del Código Penal Federal, para imponer al responsable de abuso sexual, de nueve a doce años de prisión y multa de 160 a 300 unidades de medida y actualización, así como el pago de la reparación del daño. Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.

Destaca que cuando la parte ofendida no sea capaz de comprender el significado del hecho, se encuentre en estado de indefensión, sea menor de 15 años o el delito sea cometido con violencia física o psicológica, se perseguirá de oficio. En todos los demás casos, este delito se perseguirá por querella.

La propuesta, enviada a las comisiones de Derechos de la Niñez y de Justicia, también plantea que desde el ámbito educativo se desarrollen protocolos de actuación sobre violencia sexual que afecte a niñas, niños y adolescentes, para guiar la actuación del personal docente y de quienes ejerzan la patria potestad.

Proponen eliminar fuero constitucional

La diputada Olga Patricia Sosa Ruíz (PES) presentó una iniciativa que reforma los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política, a fin de eliminar el fuero constitucional y no sea un obstáculo jurídico para que la autoridad proceda en contra de servidores públicos que presuntamente actúen al margen de la ley y cometan un delito.

La reforma establece que sólo podrán ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo diputados y senadores del Congreso de la Unión, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputados locales, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cuando previo proceso penal sea dictada sentencia condenatoria en su contra.

La iniciativa, suscrita por integrantes de Encuentro Social y turnada a Comisión de Puntos Constitucionales, precisa que durante el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su cargo. Las medidas cautelares que el juez determine no podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad mientras no exista en primera instancia, una sentencia condenatoria. En el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, estando debidamente integrada la averiguación previa, el procurador General de la República solicitará a la Cámara de Senadores lo separe del cargo y se proceda penalmente.

Asimismo, se señala que para poder proceder penalmente por los delitos federales contra gobernadores, presidentes municipales, síndicos y regidores de los estados, el Procurador General de la República solicitará a las legislaturas locales proceda como corresponda, a efecto de que se pueda ejercer la acción penal.

Plantean establecer figura de presupuesto participativo

La diputada Lizeth Sánchez García (PT) propone reformar los artículos 74, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la figura de presupuesto participativo como un instrumento que informe a la sociedad sobre la solicitud presupuestal del gobierno, a fin de contar con un porcentaje de recursos públicos destinados a la realización de obra pública en sus comunidades.

Dijo que este presupuesto es una herramienta de los Estados democráticos que tiene diversas funciones que, a su vez, fortalecen y promueven la democracia directa a través de la participación de la comunidad en los distintos órdenes de gobierno (local, estatal, nacional); identifican las necesidades sociales; atienden problemáticas comunitarias; fomentan la transparencia y la rendición de cuentas, y da a los ciudadanos la capacidad de decidir sobre su entorno, su comunidad y su país de manera directa.

La iniciativa suscrita por los diputados del PT, Reginaldo Sandoval Flores y Maricruz Roblero Gordillo, señala que el presupuesto participativo implica mecanismos de información y seguimiento del ejercicio en tiempo real a fin de dar a conocer a los ciudadanos cómo se ha distribuido el presupuesto, tener claros los objetivos del gasto realizado, cómo se gasta, quién recibe los recursos, a quién se contrata y qué sanciones o penalidades se imponen a los servidores o prestadores de servicios que no cumplieron con lo establecido. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Eliminar privilegios de servidores públicos de mandos medios y superiores

El diputado Alberto Esquer Gutiérrez (MC) propuso reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de eliminar los privilegios de la “alta burocracia federal o rubros con amplios márgenes de discrecionalidad”.

Se busca prohibir el pago de servicios de telefonía celular, bonos o percepciones extraordinarias, y no se autorizará la contratación de seguros de gastos médicos privados ni seguros de vida para servidores públicos de mandos medios y superiores.

Sólo podrán realizarse contrataciones de prestación de servicios de asesoría, consultoría, estudios e investigaciones estrictamente necesarias, debidamente estar justificadas y autorizadas por los titulares de los ejecutores del gasto. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Buscan fortalecer procedimiento para elección del Fiscal General de la República

Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución y del Decreto en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, a fin de fortalecer el procedimiento para la elección del Fiscal General de la República.

El diputado Carlos Torres Piña (PRD) explicó que la propuesta pretende establecer que la lista de candidatos deberá integrarse mediante un proceso transparente y público, con participación de la sociedad civil; en caso de que el Ejecutivo no envíe una terna, el Senado podrá designar al Fiscal en un plazo de 10 días a partir de las comparecencias públicas.

Además, estipular que al cumplir el Fiscal un año en funciones, deberá presentar un plan de transición institucional, en el que especifiquen los programas de depuración, reorganización institucional, servicio profesional de carrera, presupuestario y de cumplimiento de recomendaciones, y ampliar las facultades del MP en materia de persecución y atracción de delitos.

Facilitar asistencia de padres a reuniones escolares

El diputado Oscar Bautista Villegas (PVEM) propuso modificar la Ley Federal del Trabajo para agregar una fracción XI al artículo 132, a fin de que sea obligación de los patrones conceder permiso a los trabajadores para asistir de forma periódica a reuniones convocadas por las autoridades de la escuela de sus hijos, así como para atender emergencias médicas de los mismos, sin que esto afecte su salario, siempre que acrediten su puntual asistencia a las actividades escolares o justifiquen la emergencia médica.

Mediante una iniciativa, propone también adicionar la fracción XVII al artículo 7° de la Ley General de Educación para establecer como uno de los fines de la educación, fomentar la participación activa de los padres de familia como una acción educativa que promueva la corresponsabilidad en el proceso educativo.

En la fracción III del artículo 65 del mismo ordenamiento, plantea como un derecho de quienes ejercen la patria potestad o tutela colaborar en decisiones que tomen autoridades escolares en las actividades académicas y elaboración de normas escolares para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos. Se envió a las comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Trabajo y Previsión Social.

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