• Señala que en el VI Informe de Gobierno “apenas si alcanza una cuartilla” dedicada a la capacitación de servidores públicos mexicanos para la aplicación del sistema de justicia penal

• Se debe dar a conocer destino de datos obtenidos en quioscos con tecnología biométrica utilizados por el INM, apunta la legisladora de Morena

08-09-2018.- La diputada de Morena, Aleida Alavez Ruiz, acusó al actual gobierno federal de “mantener en la total opacidad la Iniciativa Mérida, que prácticamente está ausente del último Informe de Gobierno” del Ejecutivo.

La Iniciativa Mérida, firmada el 30 de junio de 2008, representa uno de los instrumentos de mayor cuestionamiento por la discrecionalidad, opacidad y falta de resultados en que se maneja, dijo Alavez Ruiz.

Destacó que especialistas han señalado que con este instrumento se ha perdido soberanía e independencia en materia de seguridad pública, pues gran parte de los 1.6 mil millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos ha enviado a nuestro país se han utilizado para armamento, capacitación y equipamiento para la lucha contra el crimen organizado.

De igual manera, han servido para aplicar el nuevo Sistema Penal Acusatorio en todo el país, “de cuestionada eficacia”, sostuvo recordó la legisladora.

En el VI Informe de Gobierno entregado por escrito el pasado 1 de septiembre a esta soberanía, agregó, “sólo se aprecian cinco acciones de capacitación a servidores públicos para la aplicación de este sistema de justicia penal”.

Aseguró que el Ejecutivo federal también evade informar sobre el destino de los datos obtenidos en los quioscos con tecnología biométrica que utiliza el Instituto Nacional de Migración y que, según reportes periodísticos en México y el extranjero, “son remitidos a través del software que usan dichos dispositivos -elaborado por la empresa CSRA Inc.-, a agencias de seguridad de Estados Unidos, como el FBI y el Departamento de Estado, entre otras.

Esta acción es preocupante porque “desconocemos el uso que se dé a esta información de ciudadanos mexicanos y de otras nacionalidades que transitan por territorio mexicano rumbo al vecino del norte”, advirtió.

La diputada Aleida Alavez indicó que sin atentar contra la confidencialidad de esos datos personales, el gobierno federal tiene la obligación de protegerlos e informar si el gobierno estadounidense tiene acceso a ellos.

“El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya anunció que se revisará este instrumento que debe ser conciliado con la estrategia nacional de pacificación, que tiene como eje fundamental atender las causas sociales de la violencia, y no sólo el uso de la fuerza”.

Por último, enfatizó que “no podemos permitir nunca más una frontera norte que inicia en el sur de Chiapas y no en el Río Bravo, sin descuidar el mutuo respeto de la relación bilateral”.

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