11-09-2018.- Con motivo del Análisis del VI Informe de Gobierno del presidente de la República, diputados de Morena, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD y PVEM, emitieron comentarios en materia de Política Interior, donde abordaron temas de seguridad, justicia, protección a periodistas y mujeres, así como de los derechos humanos.

En la primera ronda de posicionamientos, el diputado Juan Martínez Flores (Morena) indicó que el Ejecutivo federal ha destacado las reformas constitucionales en materia de transparencia y combate a la corrupción; sin embargo, estas medidas no han sido suficientes, pues la población sigue cuestionando el tema de la “Casa Blanca”, los contratos otorgados al Grupo Higa, OHL y Odebrecht, entre otros, “asuntos que evidenciaron los actos de corrupción”.

Añadió que el principal problema para consolidar las acciones para luchar contra la corrupción ha sido la voluntad política del partido que lo llevó al poder. “Aún están pendientes los nombramientos del Fiscal Anticorrupción, de los magistrados de las salas del Poder Judicial especializados en delitos de corrupción y de los titulares de los órganos internos del INAI, Cofece, Ifetel, entre otros. A la fecha, 13 estados no han expedidos las leyes ni realizado las modificaciones para la implementación del Sistema”.

Refirió que en el último informe de gobierno se resalta que más de 46 mil servidores públicos han sido amonestados, multados, sustituidos o inhabilitados, pero la ciudadanía se pregunta ¿hasta cuándo se aplicará la ley para los peces gordos?

Enfatizó que los legisladores de Morena están comprometidos con los tres principios de no mentir, no robar y no traicionar, por lo que pugnarán para que desde la Cámara de Diputados la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción no sea un discurso, sino una realidad.

María del Pilar Ortega Martínez, diputada del PAN, dijo que México atraviesa uno de los momentos más difíciles en violencia y respeto a los derechos humanos; “atrás quedó la retórica triunfalista de aquellos que hace seis años pensaron que la inseguridad se solucionaría soslayando el fenómeno”.

Destacó que el saldo de violencia, inseguridad e impunidad que hoy duele a los mexicanos es el resultado de intentos y estrategias improvisadas por parte del gobierno federal. “Estas estrategias demostraron que lejos de solucionar la problemática en materia de seguridad y justicia, se agravó, ya que la administración actual cerrará con 2 mil 600 homicidios dolosos por mes”.

Esto, continuó, nos ubica como el país con 27 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. Tan sólo en 2014, se registraron 35 mil 943 casos de homicidio, mientras que para 2017 la cifra fue de 46 mil 681; es decir, se incrementaron 30 por ciento.

Exclamó que otro dato alarmante que da cuenta del estado que guarda la seguridad en México, es el saldo en el robo de hidrocarburos. “En los últimos diez años este delito aumentó 868 por ciento, de acuerdo a datos de Petróleos Mexicanos. Estas cifras son imposibles de entender sin el conocimiento de autoridades, lo que habla de una posible complicidad interna que no se ha querido ver”.

Al fijar la postura del PRI, la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada aseguró que la política interior robusteció no sólo a las instituciones, sino también al Estado de Derecho, afirmando con ello la gobernabilidad y la conformación de un proyecto de nación.

Muestra de ello, dijo, fue que a lo largo de este año se trabajó para reconocer y fortalecer el papel de la mujer en el país, como se hizo desde el primer día de gobierno, garantizando que todas las políticas y programas adopten una perspectiva de género, además de que materializó en la norma y los hechos la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Resaltó la labor, tanto en el Ejército como en la Marina, de mujeres y hombres en la implementación del Plan MX, quienes han trabajado en el rescate de víctimas, protección de personas y entrega de víveres, además de que en la presente administración mejoraron los protocolos de actuación ante desastres naturales como huracanes, tornados o sismos.

“Hoy contamos con un nuevo sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, además de un Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la operación del número 911 para la atención de emergencias, y una estructura para la prevención de conductas delictivas”, subrayó.

El diputado Armando González Escoto (Encuentro Social) señaló el flagelo lacerante que representan la discriminación y la desigualdad hacia los pueblos indígenas, lo cual lesiona la cohesión social y pone en riesgo la viabilidad del país.

Estimó que el Ejecutivo olvidó dar respuesta a la omisión de presentar una iniciativa sobre derecho de consulta previa a las comunidades originarias, para prever medidas legales o administrativas que les afectaran directamente.

Refirió que la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, el año pasado concluyó que, desde 2003, las zonas nativas enfrentan desafíos en el ejercicio sus derechos y que las consultas realizadas por autoridades en esas localidades no son previas y emiten permisos para proyectos antes de consultarles, además de ejercer amenazas, hostigamientos y criminalización.

El legislador afirmó que los sitios originarios reflejan brecha de desigualdad existente entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por México. Se pronunció porque los pueblos definan sus tiempos de desarrollo económico y cultural.

Del PT, el diputado Benjamín Robles Montoya sostuvo que la política interior del actual gobierno es ineficaz y se convirtió en un crimen en contra de la población mexicana, ¿cómo explicar las cerca de dos 2 mil agresiones contra periodistas en lo que va del sexenio?, ¿cómo calificar la pérdida de libertad de los ciudadanos al no poder transitar por el territorio? planteó.

“Fallaron en la honestidad, y la corrupción fue el signo de esta administración”, dado que para construir la paz son necesarias muchas cosas, sobre todo la verdad. “Se le falló al pueblo, ya que no hay en México paz ni mejores condiciones de seguridad, tampoco se cumplió la promesa de garantizar el respeto de los derechos humanos”, afirmó.

El legislador apuntó que la mejor política interior es la congruencia que no conoció el gobierno saliente. “Poco o nada nos dice este Informe sobre la verdadera situación del país, no es más que un montón de cifras alegres que no reflejan el desastre de la administración pública”.

Señaló que no bastan palabras y spots televisivos para olvidar lo sucedido. Subrayó que el actual gobierno ha batido todos los récords de homicidios; el primer trimestre de este año ha sido el más violento que se tiene registrado.

La diputada Carmen Julia Prudencio González (MC) expuso que en materia de seguridad, la cifra de los delitos ocurridos no denunciados ha aumentado del 92 al 93. 6 por ciento, lo que significa que de cada 100 infracciones que se cometen únicamente se presentan seis denuncias y de éstas solo dos son investigadas y resueltas.

Señaló que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el género femenino representa el 79 por ciento de las víctimas de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos. La violencia feminicida persiste tanto en espacios públicos como privados, “en nuestro país son asesinadas 7 mujeres cada 24 horas”.

Dijo que la violencia contra periodistas alcanzó niveles alarmantes de 2010 a 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reporta 74 homicidios. En los últimos 6 años se han registrado 49 asesinatos y cerca de dos mil agresiones a reporteros.

El presente Informe en materia de gobernabilidad y política interior, “en lugar de avances nos muestra lo mucho que falta por hacer, lo mucho que este gobierno se equivocó y las grandes omisiones que derivan en una crisis de derechos humanos y violencia”, resaltó.

Por el PRD, la diputada Lilia Villafuerte Zavala puntualizó que dentro de los magros resultados del gobierno actual, al lado del persistente y elevado nivel de corrupción destaca “el limitado acceso a la justicia, que deviene en creciente impunidad, violencia y abandono de las víctimas”.

Resaltó lo notorio del aumento en los delitos de alto impacto, los crímenes cometidos contra periodistas, la persistencia de la incidencia y reducido acceso a la justicia en materia de desapariciones forzadas e involuntarias, así como la falta de fortalecimiento en las instituciones policiacas federales. Se registra una tendencia creciente en el asesinato y desaparición de comunicadores, mujeres y niños.

El gobierno queda en deuda en relación con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, al no establecer una estrategia clara y una planeación integral a nivel nacional que se traduzca en una política efectiva que impida el estancamiento de dicho proceso. “Las propias cifras revelan el fracaso de este gobierno en garantizar un sistema de justicia penal expedito, eficaz y transparente”.

Mencionó que este gobierno no fue capaz de garantizar el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas. No se logró abatir el entorno caracterizado por los binomios de inseguridad y violencia. “Consideramos que para recuperar la tranquilidad y la legalidad de nuestro país es necesario actuar en todos los frentes y, principalmente, en todos los niveles de gobierno”.

Jesús Sergio Alcántara Núñez, diputado del PVEM, expresó que los desafíos del país en materia de seguridad son consecuencia del incremento de las actividades delictivas en diversas zonas del país y las debilidades institucionales en distintos periodos y órdenes de gobierno, por lo que “superar estos retos exige combatir la delincuencia con una política de Estado en la que cada uno de los Poderes de la Unión y autoridades asuman con firmeza y responsabilidad sus facultades”.

Indicó que se han invertido más de 80 mil millones de pesos en la modernización de instalaciones, equipos y armamento de las corporaciones policiales locales, así como en la capacitación de su personal. De enero de 2013 a junio de 2018, se han fortalecido las capacidades de más de 903 mil elementos de instituciones de seguridad pública de todo el país.

El uso legítimo de las fuerzas públicas por parte del Estado, afirmó, es una herramienta que debe utilizarse como última alternativa para preservar la paz. “En todos los casos, desde la prevención hasta la persecución del delito, el principal instrumento debe ser el uso de inteligencia. Es decir, información debidamente procesada, de modo que sea una guía eficaz para la acción”.

Subrayó que esta administración ha privilegiado el uso intensivo de los sistemas de inteligencia, con la finalidad de establecer acciones para combatir el delito y desarticular los grupos delincuenciales, sin generar más violencia que afecte la normalidad de las comunidades. “Es imposible imaginar un Estado eficaz contra las organizaciones criminales que no incluya entre sus tareas prioritarias la coordinación entre las autoridades, el fortalecimiento institucional, el uso de inteligencia y las acciones para prevenir el delito”.

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