09-04-2019.- La Cámara de Diputados aprobó con 450 votos, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, a fin de establecer mecanismos que coadyuven en la prevención y combate de estos ilícitos.

El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisa que en casos de presunción de la comisión de un delito por un franquiciatario, asignatario, contratista, permisionario o distribuidor se le impondrá como sanción el decomiso en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la inhabilitación para solicitar un nuevo permiso para la realización de la actividad objeto de la sanción por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de 15 años.

Si el sujeto activo no es franquiciatario, asignatario, contratista, permisionario o distribuidor se le impondrá como sanción la inhabilitación temporal para solicitar un permiso para la realización de la actividad objeto de la sanción por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor a ocho años.

Para garantizar el éxito de la investigación, el juez de control podrá solicitar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la suspensión temporal del permiso y, en su caso, la interrupción del o los procedimientos iniciados para el otorgamiento de algún permiso de las actividades reguladas por el Título Tercero de la ley de Hidrocarburos, a petición del Ministerio Púbico o cuando lo considere procedente.

La CRE deberá publicar en su página oficial el listado de aquellas personas, físicas o morales cuyo permiso o procedimientos se hubieren suspendido definitivamente con motivo de una sentencia ejecutoria.

Además, como medida de prevención, los titulares de permisos de distribución y transporte de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, tendrán la obligación de incorporar un sistema de geoposicionamiento en todas las unidades vehiculares utilizadas en el desarrollo de sus actividades.

En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), expresó que en fechas recientes, uno de los problemas que se ha visibilizado con mayor amplitud es el robo de hidrocarburos, o delitos cometidos en relación a esta circunstancia.

Indicó que es un problema que afecta directamente a las finanzas del Estado, ya que se ha creado un mercado paralelo al que está legalmente establecido y se ha enraizado en la cultura popular del país, “al grado de que palabras como huachicol o huachicolero ya son parte de la conversación cotidiana y un tema permanente en la agenda pública nacional”.

El problema de robo de hidrocarburos no es nuevo, pero ha crecido de manera exponencial. De acuerdo con estimaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante los últimos 10 años este hurto aumentó en 868 por ciento.

Hace 10 años se detectaba una toma clandestina diaria, y actualmente son 20. Entre 2013 y 2017 se descubrieron 28 mil 76 en el país, en contraste con las encontradas en 2018 que ascendieron a 12 mil 581. Tan sólo las de 2018 representan poco más del 40 por ciento de las reportadas en 4 años.

Ortega Martínez mencionó que el robo de hidrocarburos ha diversificado sus métodos y alcances. Una de las actividades ilícitas que han surgido como consecuencia es la compra de expendedores que adquieren grandes cantidades de combustible robado a un precio menor, afectando a la industria legalmente establecida y al erario público.

Subrayó que el desarrollo de las distintas actividades que forman parte de las áreas estrategias de la nación, como compra, enajenación, comercialización o negociación de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos, ameritan especial protección jurídica, porque su adecuado ejercicio constituye un área fundamental no sólo para la economía, sino para la seguridad nacional.

Las modificaciones, afirmó, significan una medida de apoyo a la labor investigadora de la Fiscalía General de la República y que cuente con más herramientas para integrar evidencias contra quienes comenten estos ilícitos, y coadyuvar a desincentivar el crecimiento de este fenómeno delictivo.

En los posicionamientos, el diputado Marco Antonio Medina Pérez (Morena) expresó que desde hace dos décadas el robo de hidrocarburos, conocido como huachicoleo, pasó desapercibido por los gobiernos. De acuerdo con cifras de Pemex, en 1999 ya se reportaban 189 tomas clandestinas en el país, “pero nadie hizo nada. Fue un monstruo que dejaron crecer”.

Puntualizó que el dictamen fortalece la lucha contra el huachicoleo y combate los lastres que de ahí se derivan. “Ésta es la oportunidad para solidarizarme con el llamado del presidente a los concesionarios, para actuar con responsabilidad y revisar los márgenes de utilidad para ayudar a reducir el costo de los combustibles. No es posible que haya medidas buenas y resultados malos. No al huachicoleo, pero tampoco a beneficiarse artificialmente aprovechando el incremento a los estímulos fiscales a las gasolinas y al gas LP”.

Su compañera de bancada, diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz señaló que el robo de hidrocarburos no únicamente afecta al mercado formal y la correcta comercialización del combustible, sino también a la industria y al erario público. Según algunas estadísticas, en promedio por cada 2 horas y aproximadamente a cada 3.5 kilómetros de los ductos, los delincuentes perforan para extraer gasolinas, diésel, gas, crudo o petroquímicos, comercializados a través del mercado negro.

Mencionó que este dictamen refuerza las estrategias contra el robo de hidrocarburos, ya que la actualización del marco jurídico en la materia facilita el combate eficiente del delito por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia. “El sector de hidrocarburos es de suma importancia para las finanzas públicas, la generación de empleos, el desarrollo económico y la seguridad energética del país”.

De esa misma fracción, el diputado Luis Enrique Martínez Ventura destacó que es imprescindible blindar a Pemex en sus actividades, porque lo que explota y distribuye es la riqueza del subsuelo que es de todos los mexicanos. “Sin lugar a dudas hay cómplices dentro de la empresa que deliberadamente por acción y omisión no presentaron oportunamente las denuncias penales correspondientes”.

Añadió que es fundamental que el nuevo gobierno combata la delincuencia organizada y a quienes lucran con la pobreza y marginación de la gente para obligarlos a delinquir. “Es tiempo de que se tomen las medidas que resulten más apropiadas para evitar estos robos que corresponden auténticamente a la delincuencia organizada”.

Por el PAN, la diputada María del Rosario Guzmán Avilés expuso que no se puede combatir la corrupción y todas las secuelas del fenómeno delincuencial conocido como huachicol, en tanto no haya sanciones en contra de quienes ponen a la venta el combustible robado. “En el PAN creemos que se trata de un delito que hay que cortar de raíz. Pero de nada servirán estos esfuerzos, mientras haya autoridades coludidas con los grupos delincuenciales”.

Añadió que será insuficiente establecer sanciones en las leyes si las autoridades de los distintos órdenes de gobierno no ponen de su parte para combatirlo, dado que le cuesta miles de millones de pesos a todos los mexicanos. “Hoy no vemos una estrategia clara y no vemos cómo, en el corto plazo, las autoridades de los tres órdenes de gobierno participen de forma coordinada para combatir este lastre que involucra a poblaciones e intereses económicos”.

Enrique Ochoa Reza, diputado del PRI, señaló que con este dictamen se fortalece la ley, para que cuando una empresa sea detectada que participa en el robo de hidrocarburos, el juez de control pueda someter a la Comisión Reguladora de Energía la solicitud para que se ponga en pausa el permiso de operación.

Reconoció la estrategia del gobierno federal contra el robo de hidrocarburos; sin embargo, lamentó el plan ante el desabasto de combustible “por una serie de errores producto de decisiones no acertadas. Se estima que el costo fue cercano a los 40 mil millones de pesos, el cual afectó a productores, comerciantes, transportistas y al turismo. La compra en Estados Unidos de los autotanques por adjudicación directa, ascendió a 92 millones de dólares”.

La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (PES) destacó que de acuerdo con un reporte de Pemex, en los últimos 37 meses se han detectado 32 mil 604 tomas clandestinas, de las cuales, el 80 por ciento se concentran en siete estados: Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, México y Tamaulipas. Tan sólo el año pasado Pemex perdió alrededor de 60 mil millones de pesos.

Ante esa realidad, afirmó, resulta urgente modificar los tipos penales de los delitos de hidrocarburos, a efecto de que el Ministerio Público pueda investigar y perseguirlos. “Tenemos la obligación de llenar los vacíos legales que ocasionan altos niveles de impunidad; es necesario contar con los tipos penales que permitan perseguir y enjuiciar a delincuentes, dado el alto robo de combustibles”.

De MC, el diputado Jacobo David Cheja Alfaro, precisó que es indispensable exigir a los trabajadores de Pemex compromiso y lealtad a México; al gobierno federal, que deje de utilizar a los combustibles como productos a los cuales se les gravan impuestos especiales; al Poder Judicial todo el peso de la ley, no únicamente para quienes extraen los combustibles de los ductos, sino también a funcionarios y líderes sindicales que causan daños irreversibles, y a la CRE la cancelación de las concesiones involucradas en el huachicol.

Nosotros, dijo, debemos exigirnos, sin ningún tinte partidista, adecuar el marco jurídico a la realidad. Por ello, se le dotan de mayores facultades a los Ministerios Públicos y a la CRE, para la suspensión de los permisos a franquiciatarios, asignatarios, contratistas o distribuidores de hidrocarburos que hayan participado en la comisión de alguno de estos delitos. “Nuestro voto es para evitar que se siga robando el combustible de todos los mexicanos”.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD) argumentó que las cifras de tomas clandestinas han crecido a la sombra de la impunidad y de manera alarmante en la administración pasada, pues las actividades delictivas que se desarrollaron en torno al robo de combustible han lastimado y dejado daños irreparables a la sociedad y deteriorado las finanzas públicas.

“Los mexicanos deben conocer todo lo que no se hizo en gobiernos anteriores, para frenar al robo de combustible y que permitió que creciera; sin embargo, también exigimos al gobierno federal que se transparenten las acciones que están siendo tomadas para abatir la impunidad en estos delitos”, afirmó.

Al hablar a favor, el diputado de Morena, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano destacó que ahora el Ministerio Público y el poder jurisdiccional podrán definir si el acto que se le imputa a alguna persona, sea física o moral, debe ser acreedora a una sanción, que inclusive, puede propiciar la anulación de permisos que se hayan otorgado para explotar, transportar o comercializar el hidrocarburo.

Por MC, la diputada Martha Tagle Martínez mencionó que esta reforma es parcial e insuficiente, porque atiende solamente una parte del problema que tiene que ver con los permisionarios y con las personas que transportan el combustible, “y si bien es ahí una parte donde se da justamente el robo de combustible, es solamente una parte de la cadena de corrupción”.

Claudia Pérez Rodríguez, diputada de Morena, resaltó que el robo de hidrocarburos existe desde hace más de 20 años. Por ello, dijo, “debemos seguir dotando de herramientas al gobierno federal para fortalecer el combate contra el huachicoleo, así como endurecer las sanciones contra los permisionarios que realicen sus actividades con combustibles de procedencia ilícita, inclusive suspenderles o revocarles sus permisos”.

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