10-04-2019.- Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación y Población, se reunieron con el presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Julio Santaella Castell, quien expuso a los legisladores las tareas que se realizan y necesidades presupuestarias de ese organismo autónomo.

El funcionario destacó que el Inegi tiene el objetivo de producir información de interés nacional para la planificación. “No solamente hay que producirla, sino difundirla, organizarla y conservarla, y, muy importante, tenemos una obligación de promover su uso de tal manera que cuente con valor”.

Recordó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 contenía una partida de 12 mil 629 millones de pesos (mdp) para el instituto; sin embargo, al final se le asignaron 12 mil 129.6 mdp.

“Evidentemente entendemos la situación de estrechez presupuestal, de nuevas prioridades y, sobre todo, de una postura de responsabilidad fiscal, pero a nadie le gusta pasar por un escenario de reducción en el presupuesto”, comentó.

Precisó que en función de las necesidades coyunturales que tiene el instituto, a raíz del presupuesto que dispone, tuvo que llevar a cabo una serie de reasignaciones dentro de las facultades de la autonomía de gestión que la ley otorga; es decir, “tuvimos que hacer un ejercicio de priorización para poder asignar el monto que la Cámara de Diputados nos asignó”.

Indicó que se privilegiaron aquellos programas que generan información de interés nacional, que no son todos producidos por el Inegi, pero sí emanan del seno del sistema y que están resguardados con el presupuesto.

Manifestó que “hay muchos programas de información que se levantan de manera conjunta con otras unidades del Estado, y dado que la estrechez presupuestal afectó todas las entidades del sector público, privilegiamos los programas regulares del instituto sobre aquellos en los cuales había más incertidumbre por el cofinanciamiento que iban a recibir”.

Subrayó que el instituto continúa con todas sus tareas medulares: levantar el Sistema de Cuentas Nacionales; reportamos puntualmente las encuestas en establecimientos; levantamos las encuestas regulares en hogares, como la Nacional de Ocupación y Empleo, la de Percepción de la Seguridad Pública-Urbana, los Índices de Precios Consumidor y Productor, así como el agregado regular de los registros administrativos o sociales que es el caso del Seguimiento del Registro de los Certificados de Nacimiento, de Defunción y Accidentes Viales.

Un punto muy relevante, continuó, es el Censo de Población y Vivienda, porque representa el ejercicio estadístico más grande que ocurre en nuestro país, y se aplica cada 10 años. “Estimamos que en el 2020 vamos a ser 128 millones de personas residentes en México”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), señaló que la colaboración, intercambio de opiniones y presencia constante del Inegi en la Cámara de Diputados será muy importante en torno de las reflexiones del Plan Nacional de Desarrollo, además de que ayudará a dictaminar en mejores términos esa propuesta del Ejecutivo.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas Baca (PAN), se pronunció por no recortar el presupuesto al Inegi, porque “es tiempo de las instituciones que son la fortaleza que México necesita. Que ellas hagan su trabajo, nosotros sólo tenemos que ser facilitadores para que lo logren”.

“La función presupuestaria es indispensable en un ejercicio de equilibrios, por lo que felicito al inegi por el tema de austeridad y disciplina financiera”, añadió.

En su participación, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo (Morena), se pronunció por continuar trabajando de la mano con el instituto en todos los temas que le preocupan a la ciudadanía: seguridad, económica y población.

Puntualizó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se etiquetó un presupuesto en función de los trabajos que tiene que elaborar el Inegi hasta marzo de 2020.

Al iniciar las preguntas, el diputado Ricardo Aguilar Castillo (PRI) cuestionó la cancelación de proyectos sin antes haber buscado una adecuación a los presupuestos, a pesar de que el INEGI tiene la facultad legal para hacerlo. Solicitó conocer si estas acciones tendrán impacto en el Plan Estratégico 2016-2040 y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

La diputada de Morena, Beatriz Dominga Pérez López, calificó como desafortunada la controversia constitucional planteada por este instituto respecto de la diferencia presupuestal entre lo que fue solicitado y lo aprobado. Dijo que es indispensable racionar el gasto y ser más eficientes con menores recursos.

A su vez, el diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) estimó que la reducción presupuestal de alrededor 500 millones de pesos al Inegi, ha restado su capacidad para sus tareas sustanciales. Preguntó si es conveniente que las comisiones unidas planteen al secretario de Hacienda un reajuste de recursos para el instituto, con el propósito de evitar la suspensión de programas.

La diputada Martha Tagle Martínez (MC) reconoció el papel del Inegi, porque abona a la planeación democrática. “No se puede pretender gobernar sin información, por lo que es grave el desprecio que se muestra a los datos que recaba ese organismo”. Pidió saber qué pasarán con distintas encuestas, sobre todo la Nacional sobre Uso del Tiempo.

El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval Flores, estimó que hay que cuidar la confianza más que la autonomía del instituto. Solicitó información sobre los convenios de colaboración del Inegi con entidades como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el programa Prospera y el Registro Nacional de Población, de la Secretaría de Gobernación.

Alfredo Femat Bañuelos, diputado del PT, consideró indispensable fortalecer los procesos para mejorar la calidad de información que recolecta el Inegi, así como empatar sus objetivos estratégicos con sus recursos humanos. Preguntó: cómo el instituto fortalece sus procesos para tener calidad en sus datos y de qué manera alinean sus objetivos.

En su turno, el diputado Humberto Pedrero Moreno (Morena) solicitó información respecto de la labor que el Inegi realiza junto con las nuevas tecnologías de información, para optimizar los indicadores que procesan. También inquirió los riesgos que existen al realizar los censos económicos y qué medidas implantan al respecto.

Al dar respuesta, Julio Santaella Castell manifestó que el planteamiento del instituto que encabeza es proteger y cuidar la suficiencia presupuestal para el Censo de Población y Vivienda 2020. “Es un ejercicio para el que se requieren alrededor de 8 mil 700 millones de pesos”.

Asimismo, el funcionario destacó la importancia de que el próximo año se lleve a cabo la Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia. “Se realizó en 2014, ha sido la única ocasión, y es por eso que ahora se levanta cinco años después”.

Es un proyecto, continuó, que tuvo financiamiento de la Secretaría de Gobernación. “Nosotros consideramos que antes de la continuidad de un nuevo gobierno podemos ofrecer esta información, porque es relevante para la prevención delincuencial”. Agregó que el instituto está enfocado en 2020 y dejó claro que algunos programas tendrán que dotarse de recursos para que se efectúen.

Respecto de los convenios pactados con otras dependencias, refirió que estos se renuevan; por ejemplo, “ya se avanzó con la Secretaría de Educación Pública”. Sobre ampliación de proyectos estadísticos, dijo, es viable incrementarlos debido a que el país es muy heterogéneo, y la información es imperante. “Queremos ampliar la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo”.

Sobre el recurso humano del Inegi, destacó que es solicitado con frecuencia para brindar asistencia técnica a otros países. Además, se instrumentan diferentes actividades, a través de los comités técnicos especializados, y se hace una revisión de cuáles son los que responden a las políticas de la nueva administración.

Mencionó que tienen estrategias claras de prevención en materia de seguridad pública. “Las encuestas se levantan por personal uniformado, con identificación y en cuadrillas de vehículos oficiales. También se cuenta con medidas correctivas, porque ya se han presentado incidentes de robos de dispositivos”.

Previamente, las comisiones se reunieron con el vicepresidente de la Junta de Gobierno y presidente del Comité Ejecutivo del Subsistema de Información Demográfica y Social, Enrique de Alba Guerra, quien resaltó la importancia de la recepción de datos. “Es una labor que conlleva reuniones de trabajo en donde, “de viva voz”, se precisa cuál será la información que se recabará mediante el Censo de Población y Vivienda 2020.

“Serán datos que podrán usarse de forma exhaustiva para la atención de las necesidades sociales; no obstante, es importante considerar que no se puede captar toda la información, pues implicaría realizar una pregunta a los 120 millones de habitantes y en ocasiones los ciudadanos no responderán”.

En su intervención inicial, Santaella Castell explicó que existe información de interés nacional que el instituto debe recabar; por un lado, los censos nacionales, como el Censo de Población y Vivienda, Censos Económicos, y Censos Agropecuarios.

También se elaboran datos del Sistema de Cuentas Nacionales, que es de donde resulta el Producto Interno Bruto y toda la información que se difunde con alta regularidad, además de los Índices Nacionales de Precios, con los cuales se mide la inflación, y los índices al consumidor y precios productor.

Además, el Inegi está facultado para hacer declaratorias de interés nacional, mediante otra serie de programas de datos. Agregó que hay cinco censos nacionales de gobierno que han sido declarados de interés nacional, por ejemplo, los Censos Nacionales de Gobiernos Municipales y Delegacionales.

Posteriormente, Edgar Vielma, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, presentó los avances del Censo de Población y Vivienda 2020, el cual contiene cinco cuestionarios que permitirán captar la información básica de la ciudadanía dentro del territorio nacional.

“Se trabajó junto a expertos demográficos y sociales, entre otros especialistas, con el objetivo de contar con un instrumento de captación acorde a las necesidades del Estado mexicano”, explicó.

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