20-04-2019.- La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC), integrante de la Comisión de Igualdad de Género, impulsa un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Bienestar implante una estrategia que permita a hijos de madres recluidas en centros de reinserción social, acceder a programas de apoyo.

Plantea que las secretarías de Salud y de Educación Pública refuercen la atención y acceso a la salud de estos menores y a una enseñanza de calidad, facilitando la validación de los centros de Desarrollo Infantil.

Se pide a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social formalizar un convenio de colaboración y coordinación con la de Economía, que impulse medidas de apoyo para que mujeres en condiciones de internamiento en los centros de Readaptación Social Femenil reciban capacitación en materia laboral que les permita generar una fuente de ingresos a pesar de encontrarse en esta condición.

La legisladora refirió que existen 16 centros femeniles estatales donde se encuentran 3 mil 284 mujeres; uno federal que alberga 4 mil 441 reclusas, y 75 centros mixtos en los que se localizan 5 mil 264 mujeres, dando un total de 9 mil 705 mujeres privadas de su libertad censadas en 2017. En 60 centros de Readaptación Social Femenil, se ubican 444 niñas y niños que viven con sus madres.

La mayoría de las mujeres que cumplen estas condenas pertenecen a “clases bajas y marginales, de escasos recursos económicos y prácticamente nula formación profesional”, que podría caracterizarse como una de las razones para que no existe un desarrollo integral en la atención de sus hijos, al no contar con recursos para solventar los gastos que representa su atención.

Las niñas y los niños que viven con sus madres en los centros de readaptación social, no deben ser excluidos de sus derechos, libertades, ni pueden ser discriminados por ningún motivo.

Loya Hernández mencionó que el estudio “Menores que viven con sus madres en los centros penitenciarios”, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, señala que niñas y niños que viven en las prisiones, no lo hacen en condiciones de dignidad, carecen de las mismas necesidades básicas que sus progenitoras; no son considerados en el ciclo de las políticas públicas; se desconoce si tienen un acta de nacimiento y no reciben atención médica de calidad.

De acuerdo con un estudio publicado por Reinserta AC, y el Instituto Nacional de las Mujeres, sobre el Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en once centros penitenciarios de la República Mexicana, lo que más solicitaban las mujeres es: leche, pañales, servicio médico, medicinas, alimentos, fuentes de trabajo, ropa, guarderías, visitas más seguidas y largas, juguetes, espacios especiales para que duerman los menores, talleres, mejor trato de las custodias hacia los pequeños y apoyo legal.

Según dicho estudio, el 30 por ciento de las mujeres considera que recibe alimentos suficientes para las necesidades básicas de sus hijas o hijos; el 34 por ciento los considera insuficientes y el 36 por ciento no respondió a esta pregunta.

El tema de salud para hijas e hijos de madres en prisión, “es muy delicado”, pues “el 58 por ciento de los menores al interior tiene todas sus vacunas; 34 por ciento no respondió y el resto no sabe, o no las tiene. De las que respondieron que no, 13 por ciento no sabe por qué; 13 por ciento no tiene acceso a vacunas; 50 por ciento mencionó que dentro de la prisión no hay vacunas y 25 por ciento por otra situación.

Cuando los menores se enferman, el 40 por ciento recibe atención pediátrica dentro del centro penitenciario; el 13 por ciento afuera; el 12 por ciento no recibe; el 34 por ciento no respondió y el 1 por ciento dentro y fuera, esto en virtud de que algunos salen temporalmente con algún familiar, sin embargo son muy pocas las que tienen el apoyo.

Asimismo, el 39 por ciento recibe las medicinas sin costo; 35 por ciento lo consigue en el mercado negro; 15 por ciento las tiene que buscar por otro medio; el 7 por ciento a través del centro penitenciario pero las pagan y el 4 por ciento otra.

La diputada aclaró que si bien, el análisis presentado por Inmujeres, sobre los 11 centros de Readaptación Social, no refleja una generalidad, es una muestra de la tendencia de una pequeña parte de la población femenil carcelaria; “esto nos da la pauta para incidir en la búsqueda de mejores condiciones de vida para ellas y los menores que se encuentran en estas circunstancias”.

Consideró que los infantes deben ser atendidos mediante una estrategia y esfuerzo coordinado de las dependencias de la administración pública federal, que garanticen además los principios del interés superior de la infancia. Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

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