• Realizan en San Lázaro el seminario “Estructura del financiamiento del Sistema Nacional de Salud”

15-08-2019.- La presidenta de la Comisión de Salud, diputada Miroslava Sánchez Galván, aseguró que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) “será la estructura que sane las deficiencias sentidas por la población en esta materia”, especialmente de aquella en mayor vulnerabilidad.

Durante el seminario “Estructura del financiamiento del Sistema Nacional de Salud”, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada enfatizó la importancia de analizar este tema ante la próxima discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.

“Este encuentro se da en el momento más adecuado, pues se realiza ante los trabajos para la dictaminación de la reforma para expedir la ley que creará el Insabi”, comentó.

La legisladora informó que la comisión a su cargo sesionará el próximo 30 de agosto, ya que hay posibilidades de lograr avanzar en el proceso, por lo que “si hay necesidad de trabajar tiempo extra, lo haremos”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, indicó que este seminario se realiza a partir de los debates que se desarrollan en la Cámara y en todo el sistema de salud, por los cambios propuestos por el Presidente de la República y la iniciativa que se está analizando en estos momentos para crear el Insabi.

Dijo que las comisiones de Salud y la que preside, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México han organizado este taller para conocer la estructura del financiamiento en el Sistema Nacional de Salud.

El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) expresó que la decisión de desaparecer una parte del sistema de salud mexicano como es el Seguro Popular, “no sólo es ocioso, sino inútil, pues se desmantelará una parte del sistema y se centralizarán todas las áreas”.

Mencionó que el IMSS y el ISSSTE, entidades públicas que atienden al mayor número de mexicanos, este año redujeron en 60 por ciento su inversión física; es decir, “en hospitales, nuevos equipos médicos, tecnología y mantenimiento estructural, se dio esa disminución.

En 2018, el gasto en este segmento, por parte del IMSS, fue de 527 millones, descendió para convertirse en el más bajo desde 2015. En el ISSSTE es más dramática la reducción, fue del 90 por ciento. “La austeridad, los recortes y el gasto ineficiente han castigado el presupuesto en este sector. En 2013 era de 154 mil millones; en 2019, se están ejerciendo 121 mil millones de pesos”.

Ortega Martínez precisó que la situación económica del país va a castigar a organismos que reciben aportes patronales y de los trabajadores; el desempleo y la informalidad bajarán las aportaciones, por lo tanto, “de la parte patronal y de los trabajadores, pero no sabemos si vaya a haber baja de la aportación pública”.

Argumentó que el presupuesto requiere ser suficientemente mejorado y sustancialmente aumentado. “Aún no sabemos si será inercial, no habrá política hacendaria nueva o progresivas que aumenten el ingreso público y, por lo tanto ¿cómo vamos a resolver el problema de salud? Evidentemente en el Instituto de Bienestar se debe cobrar también la cuota a todos los asegurados”, advirtió.

La diputada Frinné Azuara Yarzábal (PRI), secretaria de la Comisión de Salud, propuso seguir trabajando para aclarar los temas, así como invitar a la Comisión de Salud del Senado, a fin de evitar precipitarse en la dictaminación sin haber un consenso en San Lázaro.

“Celebramos este tipo de foros como el realizado el día de hoy”, expresó.

Adolfo Martínez Valle, integrante del Centro de Investigaciones en Políticas, Poblaciones y Salud (CIPPS) de la UNAM, señaló que el gasto de los mexicanos en medicamentos se redujo del 52 al 47 por ciento a partir de la implantación del Seguro Popular; sin embargo, es relativamente alto si se compara con el resto del mundo, “ya que se está a la par de algunos países de Asia y África, cuando deberíamos situarnos en los índices de Europa, los cuales oscilan entre el 15 y el 20 por ciento”.

Añadió que el gasto de bolsillo en la salud se reparte en un 60 por ciento en medicamentos y el resto en la atención ambulatoria, por lo que es fundamental que el Estado logre una distribución eficiente de los fármacos y atención primaria adecuada.

Refirió que el sistema de salud posee un sesgo curativo, pues el 80 por ciento del presupuesto se destina a este ámbito y tan sólo el seis por ciento a la rama preventiva.

Reconoció que, si bien existe incremento en los recursos financieros al sector, no sólo para el Seguro Popular, sino en el IMSS e ISSSTE, en los últimos 15 años, estos deben ser vigilados y fiscalizados, a fin de garantizar su uso eficiente, porque en ocasiones no se aprovechan al máximo.

Dijo que se quiere centralizar los servicios médicos y es menester encontrar un equilibrio entre las autoridades estatales y federales, toda vez que si no existe una infraestructura y capacidad a nivel local y municipal de generar propios recursos no se logrará garantizar acceso a la salud con calidad, rectoría de los financiamientos y generación de recursos humanos especializados.

Comentó que una función importante en la que no se discute lo suficiente es la generación de recursos humanos, materiales y de infraestructura.

Indicó que debe existir monitoreo y evaluación permanente de los servicios, ya que se han abandonado hospitales y centros de atención, por lo que es necesario acudir a estos lugares para ver qué está pasando.

Externó los principales retos para hacer efectiva la protección a la salud: responder a las necesidades de salubridad, ya que el panorama epidemiológico ha cambiado en México y el sistema actual no está preparado para hacerle frente, por lo que es necesario que el Insabi trabaje en ello.

También emplear eficientemente los recursos, tenemos mucho margen para mejorar la eficiencia y combatir la corrupción; asimismo, asegurar el acceso efectivo, con calidad, sin importar la condición laboral.

Comentó que no es obligatoria la descentralización de la asistencia en salud en las entidades federativas, las cuales decidirán si se adhieren o no al Instituto de Salud para el Bienestar o siguen operando como hasta ahora.

“Lo que no se puede hacer es cerrar el flujo de dinero y esperarse a que la arquitectura del Insabi esté bien definida, hay que enviar parte de los recursos a los estados para que funcionen, y otra, guardarla para que hagan las cosas mejor en un marco de rectoría del sector”.

Sobre los recortes presupuestales en meses recientes, apuntó que la perspectiva debe ser en conjunto, con una visión sistémica e integral, y no únicamente resolver problemas de corto plazo y definir estrategias de largo alcance. Expresó la disposición de la UNAM para analizar opciones viables ante estas restricciones.

Recomendó no usar el fondo del Seguro Popular que ha funcionado bien para apoyar la operación de los centros de salud en el país, ni tampoco canalizar los recursos de las pensiones del IMSS a otras áreas. Consideró que hay dinero y margen para reasignar montos de un sector a otro. Sugirió hacer un alto en el camino para tomar mejores decisiones y acabar la construcción de hospitales.

Marcela Vázquez Coronado, también integrante del CIPPS de la UNAM, apuntó que por encima de abatir la corrupción, que es una prioridad, el propósito esencial es garantizar el acceso oportuno a los servicios médicos a la población que carece de seguridad social, porque de eso depende mejorar su bienestar y calidad de vida.

Dijo que la creación y construcción del Insabi es la cuarta reforma que va a transformar el sector salud y que va a tener una importancia muy relevante, ya que será la responsable de garantizar la protección de las y los mexicanos que aún no cuentan con un esquema de seguridad social.

Preguntó si el proyecto de presupuesto del año 2020 que entregará la Secretaría de Salud será suficiente para asegurar los servicios médicos, en cuya programación de gasto debe vincularse al ejercicio de desempeño, de no hacerlo, advirtió, no podría identificarse si se necesitan más recursos o no y si se destinan de forma eficaz.

Previó que en la propuesta de gasto que llegará a la Cámara de Diputados, para el Ramo 12 de Salud, en 2020 el sector tendrá 35 proyectos, uno adicional para financiar el Programa Nacional de Reconstrucción, respecto al presupuesto de este año.

Expresó su preocupación por los tiempos en que se apruebe la iniciativa para crear el Insabi y cancelar el Seguro Popular, frente a la aprobación del presupuesto con una estructura programática de gasto distinta al nuevo organismo. “No podrá haber una lógica distinta de redistribución financiera porque no está programada”, resaltó.

Señaló la urgencia de definir el significado y alcance de la federalización, si sólo será la administración de recursos o su manejo y operación de servicios, así como establecer las atribuciones de la Federación y entidades, las cuales deben ofrecer la misma calidad y oportunidad de atención, con niveles de transparencia, eficacia y sin corrupción, objetivos imprescindibles para implementar una nueva lógica en la creación del Insabi.

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