21-08-2019.- La Cámara de Diputados respondió en tiempo y forma, a través de su presidente, Porfirio Muñoz Ledo, la acción de inconstitucionalidad 63/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de ambas cámaras del Congreso, así como del titular del Poder Ejecutivo, mediante la cual impugnó la Ley Nacional del Registro de Detenciones, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019.

En el informe, presentado hoy 21 de agosto de 2019 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se expusieron las razones y fundamentos que sostienen la validez del ordenamiento impugnado, manifestando lo siguiente:

La citada acción de inconstitucionalidad resulta improcedente, al no poder combatirse omisiones de carácter legislativo.

Asimismo, se consideró como concepto de invalidez que la Ley Nacional del Registro de Detenciones es acorde al artículo cuarto transitorio, fracción IV, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, en apego a los principios de seguridad jurídica y de legalidad.

Además, se indicó que la Ley Nacional del Registro de Detenciones, satisface el principio de legalidad; en virtud de que regula claramente las previsiones necesarias para llevar a cabo el registro inmediato, cuando una detención se practique por autoridades que realicen funciones de apoyo a la seguridad pública.

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