• Entre 2012 y 2018 se presentaron 301 casos de presuntos actos de discriminación a personas portadoras

01-12-2019.- La diputada Julieta Macías Rábago (MC) impulsa una iniciativa que reforma los artículos 133 y 134 de la Ley Federal del Trabajo, para estipular la prohibición a los patrones a realizar o solicitar pruebas de detección del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.

La propuesta, suscrita por sus compañeras de bancada, diputadas Ana Priscila González García y Maiella Gómez Maldonado, indica que es indispensable garantizar el ejercicio de los derechos de las personas que viven con VIH, por lo que también se integrará a la legislación que no se podrá establecer la excepción explícita entre las obligaciones del trabajador, a someterse a este examen médico.

Consideran que estas acciones son violatorias a las garantías individuales, muestra de ello es la resolución emitida por la Conapred, donde indica que realizar pruebas de detección de VIH como requisito para obtener un empleo y utilizar el resultado de la misma como elemento en el proceso de selección de ingreso, es violatorio del derecho al trabajo a la igualdad y no discriminación, porque esta condición de salud no repercute en el desempeño laboral.

El documento señala que de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), arrojó que una de cada cinco personas declaró ser discriminada en el último año.

Esta encuesta también concluyó que al 23.3 por ciento de la población, en los últimos cinco años, se le denegó injustificadamente algún derecho.

Ante este panorama, las legisladoras consideran indispensable reforzar las políticas públicas para combatir y revertir los sistemas de desigualdad que están tan arraigados en la sociedad.

Lo anterior, sostienen, es necesario, porque quienes son portadores del VIH/sida frecuentemente se vuelven víctimas de discriminación por prejuicios relacionados con su salud, pues de acuerdo con la encuesta antes mencionada, el 36 por ciento de la población cree que convivir con estas personas, “siempre es un riesgo”.

Apuntan que según datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida), para diciembre de 2017, vivían en el país 230 mil personas con este virus.

Asimismo, subrayan que el Conapred ha informado que hay 301 presuntos actos de discriminación hacia personas que viven con VIH, investigados entre 2012 y 2018, en 41 por ciento de los casos las víctimas fueron discriminadas en el trabajo y en 36 por ciento se vulneró su derecho al empleo.

En este sentido, explicaron que una de las formas en que las empresas y empleadores discriminan y vulneran los derechos de las personas que viven con VIH, consiste en forzarlos a practicarse el examen de sangre ELISA, el cual detecta anticuerpos, en ocasiones incluso sin su conocimiento, durante los procesos de ingreso y promoción en el empleo, utilizando dichos estudios para descartar a quienes arrojen resultados positivos.

La iniciativa, que será analizada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, indica que estas prácticas son contrarias a lo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues las personas con enfermedades derivadas del VIH pueden llevar una vida saludable, larga y productiva.

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