19-01-2019.- A fin de eliminar la posibilidad de extinción de la acción penal en casos de robo a casa-habitación, negocio o comercio, mediante el Acuerdo Reparatorio o Suspensión Condicional del Proceso, la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN) propuso reformar los artículos 187 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Señaló que estos estos mecanismos no pueden aplicarse a uno de los delitos de mayor impacto en la sociedad que vulneran el patrimonio de las personas en su hogar, o el medio donde se ganan el sustento.

Recordó que con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en 2016, se introdujo el principio de justicia restaurativa a través de Medios Alternativos de Solución de Conflictos, y se establecieron las figuras de Acuerdos Reparatorios y de Suspensión Condicional del Proceso, como opciones para resolver más rápido controversias judiciales, y lograr la reparación del daño en favor de la víctima.

Los Acuerdos Reparatorios son celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado; una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de Control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal.

La Suspensión Condicional del Proceso es el planteamiento formulado por el Ministerio Público o el imputado; contempla un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias condiciones que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y, en caso de cumplirse, puede dar lugar a la extinción de la acción penal.

En la iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia, explica que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a septiembre de 2018 se reportaron en el país 58 mil 752 robos en viviendas, de los cuales 54 mil 20 fueron sin violencia, y cuatro mil 732 con violencia, además de 66 mil 147 robos a negocio: 30 mil 45 fueron violentos y 36 mil 102 no.

Añade que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, dio a conocer en septiembre de 2018 que 64.5 por ciento de los entrevistados aseguró que la inseguridad es su principal preocupación, y que uno de cada cuatro mexicanos no se consideraba protegido en su hogar.

Según el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, en agosto del mismo año, en promedio, cada seis minutos con 26 segundos se reportó una carpeta de investigación por robo a casa-habitación, y en el caso de los negocios, el ritmo fue de 5 minutos y 40 segundos.

Sin embargo, el porcentaje de delitos no denunciados o por los que no se abrió averiguación previa llega a 89 por ciento, “es decir que se inició una carpeta de investigación en poco más de uno de cada 10 casos”.

La reforma a la fracción III del artículo 187 del citado ordenamiento propone que en los casos de robo a casa-habitación, negocio o comercio, el imputado no pueda acceder a los beneficios del Acuerdo Reparatorio. Mientras que el artículo 192, plantea agregar una fracción IV para que la Suspensión Condicional del Proceso opere si no se trata de delitos patrimoniales cometidos en esas modalidades.

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