20-01-2019.- A fin de castigar al responsable de abuso sexual con prisión de nueve a doce años, multa de 160 a 300 unidades de medida y actualización, así como el pago de la reparación del daño, la diputada María Lucero Saldaña Pérez (PRI) plantea modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal Federal.

La iniciativa que se encuentra en las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y la de Justicia, propone: se entenderá por acto sexual, cualquier tocamiento o manoseo corporal con sentido lascivo y caracterizado por un contenido sexual.

Cuando la parte ofendida sea incapaz de comprender el significado del hecho, se encuentre en estado de indefensión, sea menor de 15 años de edad, o el delito sea cometido con violencia física o psicológica se perseguirá de oficio. En todos los demás casos, será por querella.

Sobre el derecho a la educación, establece que las autoridades federales, municipales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, garantizarán la elaboración de protocolos de actuación sobre situaciones de violencia sexual que afecte a niñas, niños y adolescentes para guiar la actuación del personal docente.

Cita que de acuerdo a especialistas, en México cada año se cometen al menos 600 mil delitos sexuales y el promedio de edad de las víctimas es de 5.7 años.

Los principales agresores son personas cercanas a la víctima: hermano (19 por ciento); padrastro (18 por ciento); tío (16 por ciento) y padre (15 por ciento). Señala que de las personas adultas que buscaron apoyo, una de cada dos víctimas no recibió ningún tipo de ayuda en la infancia, solo 22 por ciento lo tuvo.

Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señalan que en 2017, alrededor de 4.5 millones de infantes fueron víctimas de abuso sexual, el 2 por ciento de los casos se conocen en el momento que se presenta el abuso.

La propuesta de la diputada Saldaña Pérez se sustenta en que la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoce que la violencia sexual afecta a millones de personas en el mundo constituyendo un problema grave de salud pública global que repercute en los derechos humanos, de víctimas y de justicia social.

Tiene consecuencias amplias; sin embargo, no se ha logrado contenerla y atenderla de manera efectiva. Por ello, la reforma pretende asegurar el desarrollo de protocolos de actuación que permitan detectar de manera efectiva, el abuso que pudieran vivir los infantes.

Esta percepción debe ser en escuelas, hospitales, consultorios, entrevistas psicológicas y por personas que no necesariamente trabajan de manera específica y directa esta problemática. Es importante identificar signos físicos que llamen la atención; conductuales y el relato concreto de la niña o niño, señala la iniciativa.

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