26-01-2019.- El diputado José Ángel Pérez Hernández (PES), secretario de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, impulsa una iniciativa que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que los proveedores de bienes o servicios no incrementen injustificadamente sus precios en actividades deportivas con alta afluencia.

Consideró necesario evitar prácticas abusivas y desleales que dejen en estado de indefensión a los consumidores, como las que ocurren, principalmente, en estadios de futbol soccer. “Cuando los dueños del equipo local saben que serán cubiertas todas sus entradas (estadio lleno), realizan una práctica contraria a derecho, que es aumentar al doble el precio del boleto”.

A esta costumbre, continuó, le llaman en el argot futbolero “el día del club”, la cual no se encuentra regulada por ley, y se considera como un acto desleal.

El legislador aseguró que el tema es delicado, ya que el deporte con más seguidores en México es el futbol, con 58 por ciento del total de la afición, y esta práctica, sostuvo, vulnera garantías básicas del consumidor como los derechos a la información, a la seguridad y calidad; a elegir, y a recibir compensación y protección.

A través de su iniciativa, que reforma el artículo 10 Bis de dicha norma, la cual se turnó a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, el diputado resaltó que es obligación del Estado mexicano garantizar el derecho constitucional de protección al consumidor y cumplir con los instrumentos internacionales suscritos, a fin de evitar publicidad engañosa, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.

Enfatizó que su grupo parlamentario se pronuncia en contra de una “práctica desleal entre proveedor y consumidor, no sólo en un espectáculo deportivo, sino en cualquier relación que tenga como objetivos ofrecer, distribuir, vender, arrendar o conceder el uso o disfrute de bienes, productos y servicios”.

Pérez Hernández se manifestó por una cultura y educación a favor del consumidor, donde se respeten los precios de los productos, servicios y espectáculos, “ya que esto es garantizar la protección de la economía familiar”.

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