06-02-2019.- En la sesión de este día, diputados de Morena, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD y PVEM presentaron 15 iniciativas en temas de alimentos en escuelas, remuneraciones de servidores públicos, tarifas eléctricas, educación, empleados federales, amparo, áreas verdes, zonas económicas, anticorrupción, víctimas de delito, competitividad, asilados, hidrocarburos y turismo.

Prohibir alimentos con alto contenido calórico en escuelas

El diputado Irineo Molina Espinoza (Morena) presentó iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a fin de promover la activación física y la práctica de deporte en las escuelas, así como prohibir bebidas y alimentos con alto contenido calórico.

Además, planteó establecer la obligación intrínseca de las y los padres o tutores de los alumnos, de generar hábitos saludables; el propósito es evitar el aumento desmedido de personas con diabetes. La propuesta se turnó a la Comisión de Educación.

Remuneraciones de servidores en tabuladores desglosados

Dulce María Sauri Riancho, diputada del PRI, propuso reformar el artículo 127 de la Constitución Política, para establecer que las remuneraciones de los servidores públicos deberán determinarse conforme a tabuladores desglosados por cada Poder de la Unión y establecer un límite dentro de cada uno de ellos, con la finalidad de impulsar y fortalecer el principio de división de poderes.

Se prevé crear la Unidad Técnica de Percepciones de la Auditoría Superior de la Federación, para establecer parámetros técnicos, curriculares y estrictamente profesionales para valorar los ámbitos de responsabilidad e ingreso para cada empleo público con certeza y seguridad jurídica para el servidor público y para los ciudadanos. Fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tarifas eléctricas fijas a usuarios en marginalidad y pobreza

Por el PES, la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas planteó reformas a diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, para precisar que el Ejecutivo determinará tarifas eléctricas fijas a usuarios que se encuentren en condiciones de marginalidad y pobreza.

Se busca que la Comisión Reguladora de Energía sea la encargada de fijar las cuotas mínimas y máximas, por lo que aplicará las metodologías considerando el gasto de familias en estas condiciones para el pago del consumo de la energía eléctrica, y el Ejecutivo podrá comprobar, mediante acuerdo, un mecanismo de fijación distinto al de las tarifas finales para determinados grupos de usuarios del suministro básico. Se mandó a la Comisión de Energía.

Usar modelo mexicano de formación dual

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) propuso reformar el artículo 7 de la Ley General de Educación, con el propósito de fomentar en todos los niveles educativos la creación y formación de competencias profesionales por medio del modelo mexicano de formación dual.

Consideró vital establecer en los programas de estudio un equilibrio armónico entre la formación teórica y la práctica, alternando el periodo de formación en el aula con el espacio del trabajo; desarrollar en los jóvenes las competencias para que logren un buen desempeño laboral al egresar, sin que se requiera un entrenamiento adicional para iniciar su etapa productiva, y diversificar la oferta pedagógica. La propuesta será analizada por la Comisión de Educación.

Remover a secretarios de Estado y empleados de Hacienda

La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (MC) presentó reformas a los artículos 74, 89 y 91 de la Constitución Política, a efecto de facultar a la Cámara de Diputados para remover a secretarios de Estado y empleados superiores de Hacienda, lo cual se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes de la Cámara responsable y en los recesos, por la Comisión Permanente.

Además, ampliar los requisitos para ser secretario de Estado: tener más de 35 años cumplidos; contar con título profesional en las áreas afines al puesto a desempeñar y, haberse desempeñado en forma destacada, durante al menos diez años, en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con las materias afines al encargo. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Actualizar penas a quien incumple sentencias de amparo

Javier Salinas Narváez, diputado del PRD, planteó modificar el artículo 267 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, con la intención de actualizar las penas que serán aplicables a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir.

Se impondrá multa de 100 a mil Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuando dolosamente incumplan una sentencia de amparo o no la haga cumplir; sancionar de mil a 5 mil UMA cuando repita el acto reclamado; imponer de 5 mil a 7 mil UMA a la autoridad que omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto y, fijar pena de 7 mil a 10 mil UMA cuando incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad. Se canalizó a la Comisión de Justicia.

Áreas verdes en desarrollos urbanos o fraccionamientos

A la Comisión de Vivienda se turnó la iniciativa de la diputada Beatriz Manrique Guevara (PVEM) que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, con el propósito de establecer que las construcciones de desarrollos urbanos o fraccionamientos, deberán destinar al menos un 10 por ciento del espacio para áreas verdes.

En México, dichos espacios comúnmente son vistos sólo como lugares de recreación y son considerados un lujo. Estos sitios contribuyen a mejorar las condiciones micro climáticas en los espacios exteriores al agregarle oxígeno y remover el bióxido de carbono, y son espacios donde la población puede desarrollar actividades de recreación y deporte al aire libre.

Regular programas de desarrollo de Zonas Económicas Especiales

Por Morena, la diputada Graciela Sánchez Ortiz presentó reformas a los artículos 3, 8 y 12 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, a efecto de regular la colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada en programas de desarrollo de estas regiones, y considerar las figuras de administrador integral, inversionistas y comunidades en los convenios de coordinación.

Se plantea incluir obras de infraestructura educativa y de salud en los programas de desarrollo y estipular que el decreto de las zonas deberá contener: facilidades administrativas y los incentivos fiscales y económicos; convenios de coordinación que obliguen a las empresas inversoras a contratar mano de obra local, capacitarla, generar empleos de mayor especialización y pagar salarios suficientes que eleven la calidad de vida de los habitantes del área de influencia. Fue remitida a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

Reformas a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

La diputada Martha Elena García Gómez (PAN) propuso modificar el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el DOF el 18 de julio de 2016, para precisar que las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y sus homólogas estatales seguirán aplicándose por los hechos y conductas realizadas durante su vigencia.

El documento, enviado a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, otorga certidumbre jurídica para quienes, desde las secretarías y los órganos internos de control, estén en condición de aplicar la normatividad sustantiva y adjetiva vigente al momento en que ocurrieron los hechos o se realizaron las conductas susceptibles de sancionar, y no se corra el riesgo de que queden en la impunidad, lacerando gravemente con ello, el sistema de impartición de justicia en materia administrativa y penal, así como las instituciones de los sistemas nacional y locales anticorrupción.

Garantizar reparación de daño a víctimas de delito

Del PRI, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán planteó reformas a los artículos 8, 67 y 149 de la Ley General de Víctimas, con la intención de garantizar la reparación de daño a víctimas de delito y establecer que la Comisión Ejecutiva será subsidiaria con las comisiones estatales para cubrir de manera pronta las medidas de ayuda inmediata, cuando esta última no tenga disponibilidad de recursos.

La finalidad es que las comisiones estatales se comprometan a resarcirlos; determinar que en todo caso, el límite para el pago de compensación por reparación del daño será equivalente tanto para víctimas del delito, como para víctimas por violaciones a los derechos humanos y, señalar el procedimiento para proceder a la reparación. Para ello, deberá estar la solicitud para acceder a los recursos del Fondo en materia de reparación. Se mandó a la Comisión de Justicia.

Consejo Nacional para la Competitividad de la Mipyme

Carlos Javier Lamarque Cano, diputado de Morena, presentó iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que elimina al Instituto Nacional del Emprendedor como parte del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Se trata de derogar de la ley, a las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, a efecto de fortalecer y preservar la facultad del Ejecutivo para organizar la Administración Pública Federal, en aras de la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia. Se canalizó a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

Mantenimiento de garantías individuales de los asilados

A la Comisión de Relaciones Exteriores se remitió iniciativa del diputado José Salvador Rosas Quintanilla (PAN) que reforma el artículo 14 Ter de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

El propósito es establecer que será competencia de la Secretaría de Gobernación (Segob), mantener las garantías individuales de los asilados con un completo apego a los tratados internacionales, como la Convención de Ginebra de 1951.

Aumentar sanciones por delitos en materia de hidrocarburos

Héctor Jiménez y Meneses, diputado de Morena, planteó modificar los artículos 9 y 20 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, para aumentar las sanciones para quien cometa delitos en esta materia; determinar que cuando la cantidad de hidrocarburo sea: menor o equivalente a 300 litros, se impondrá de 6 a 8 años de prisión y, mayor a 300 litros, pero menor o equivalente a mil litros, se impondrá de 8 a 10 años de prisión.

Además, que los delitos de sustracción, robo, aprovechamiento, almacenamiento o alteración de hidrocarburos, así como en aquellos casos en que se cause una contingencia masiva que afecte a la población provocando que los cuerpos de emergencia intervengan para su atención, se consideren delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Será analizada por la Comisión de Justicia.

Alimentos que causan enfermedad crónica-degenerativa

El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (Morena) propuso adicionar el artículo 216 de la Ley General de Salud, con el propósito de precisar un etiquetado de prevención a los alimentos o bebidas que causen alguna enfermedad crónica-degenerativa como resultado del consumo frecuente o excesivo.

Para ello, se prevé que se deberá ostentar en los envases la leyenda “El consumo frecuente de este producto es nocivo para la salud” y, determinar que la etiqueta habrá ser escrita con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal. Se turnó a la Comisión de Salud.

Eliminar al Consejo de Promoción Turística de México

Su compañera de bancada, diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño planteó reformar y derogar diversas disposiciones de las leyes General de Turismo y Federal de Derechos, con la intención de desincorporar el Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, como empresa de participación estatal mayoritaria y se ordena su disolución y liquidación.

Se prevé precisar que parte de los recursos que se obtengan por derechos de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinará directamente al fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Se mandó a la Comisión de Turismo, para dictamen y a la de Hacienda y Crédito Público, para opinión.

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