• Comienzan audiencias públicas sobre Reforma Educativa; Parlamento Abierto enriquecerá iniciativa del Ejecutivo

06-02-2019 Al iniciar la Audiencia Pública “Reforma Educativa” con la presencia de docentes y autoridades sindicales, la diputada Adela Piña Bernal (Morena) sostuvo que se busca, a través del mecanismo de Parlamento Abierto, escuchar las propuestas de los distintos actores del Sistema Docente Nacional, a fin de atender “el grave conflicto entre el magisterio y las distintas autoridades de educación por causa de una política de puerta cerrada y oídos sordos”.

La presidenta de la Comisión de Educación precisó que durante estos encuentros se analizará la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal que reforma los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política, turnada a las comisiones unidas de Educación y de Puntos Constitucionales, el pasado 13 de diciembre, a fin de elaborar el dictamen correspondiente.

Recordó que en la anterior reforma educativa “sólo demoró diez días para ser aprobada y en ese proceso no se escuchó ni una sola voz”. Por ello, las y los integrantes de las comisiones involucradas creen en las facultades del Parlamento Abierto.

Aseguró que todas las corrientes del sector educativo serán escuchadas, porque a pesar de las diferencias entre ellas, el interés es construir un nuevo marco normativo que permita salir de las deplorables condiciones en las que se encuentra la educación y que logre beneficiar a la niñez y la juventud de México.

Mencionó que se recibieron más de 900 solicitudes para participar en estas audiencias; sin embargo, luego de revisar cada una se seleccionaron a los 30 ponentes que tendrán voz este día.

Explicó que las audiencias se llevarán a cabo del 6 al 19 febrero; el viernes 8, especialistas en el tema y académicos; el sábado 9, escuelas normales y educación superior; el lunes 11, participarán diputadas y diputados locales y federales, así como senadoras y senadores.

El 13 de febrero se presentarán organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales del ámbito educativo; el viernes 15, asociaciones de padres de familia y alumnos de diversos niveles educativos. Finalmente, el martes 19, organismos educativos públicos, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y otros entes locales y federales.

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo Martínez (Morena), indicó que el marco jurídico de la educación pública ha sido modificado diez veces desde 1917. Mencionó que la más reciente, en 2013, incidió en aspectos laborales y sindicales en un escenario marcado por el encarcelamiento de los líderes magisteriales y que dejó en segundo lugar los planes educativos, la eficiencia y eficacia, cobertura e infraestructura educativa.

Ante este panorama, dijo que la actual reforma propuesta por el Ejecutivo plantea cambios sustantivos que buscan la reconciliación nacional, la igualdad e integración y considera los diferentes aspectos del proceso y educativo, como los planteles y contenidos.

Asimismo, se conservan los valores de universalidad, gratuidad, laicidad, obligatoriedad y el carácter democrático e incluye ahora la integralidad, equidad y excelencia como principios.

Por otra parte, se genera un nuevo diseño de políticas eficaces en zonas vulnerables y acciones para estudiantes en situación de desventaja socioeconómica, incentiva el estudio, fomenta la permanencia, evita la deserción y da atención prioritaria a escuelas normales y superiores en materia docente.

Detalló que esta iniciativa también fortalece las instituciones docentes y crea el Instituto para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación; por ello, dijo, es fundamental escuchar todas las voces del sector educativo y a los especialistas e interesados, a fin de enriquecer el trabajo legislativo.

En su intervención, el diputado de Morena, Juan Pablo Sánchez Rodríguez, señaló que las audiencias públicas pretenden terminar con el divorcio del gobierno con los maestros, alumnos, padres de familia y con la sociedad en general, toda vez que la Reforma Educativa anterior no impactó pedagógicamente en el aula, sino lastimó los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

El legislador propuso que la Secretaría de Educación Pública tome un papel pedagógico y menos económico. “Está claro que necesitamos mejores maestros bien intencionados y dedicados, pero con un aparato sólido de apoyo que les permita participar libremente en la actualización y formación continua para mejorar su desempeño y obtener beneficios laborales y económicos”.

Expresó su convicción de que “mejorar la educación no sólo depende de una evaluación, sino de atender la descomposición que existe en el país”.

Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, mencionó que es importante realizar audiencias públicas, pues la iniciativa que analizan los legisladores delinea los límites, dirección e intención del Estado para dar un camino certero a la educación.

Reiteró que con esta modificación se dará sepultura a una reforma de la que nadie “llorará su muerte”, pues tiene dos carencias, la primera: no se debatió, “su acto inaugural fue fincar auto de formal prisión a su líder sindical y la segunda, hacer parecer que los maestros no eran los buenos”.

Resumió que esta ley no dio resultados, sino retrocesos, es decir, “fue cara, no sirvió y generó un sistema que tuvo tensiones absolutamente innecesarias”.

Expuso que la nueva reforma creará un Centro Nacional para la Revalorización de Magisterio y la Mejora Continua, ya que no es un tema nada más de nomenclatura, sino para hacer del maestro el eje del desarrollo y del crecimiento educativo en el país.

Agregó que el centro contará con un Consejo Consultivo, lo que garantizará que la capacitación sea formativa y no punitiva. Además, se mantiene la rectoría en planes y programas con una visión más humanista y se fortalece a las escuelas normales e instituciones superiores encargadas de la educación docente.

El secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, José Manuel Uribe Navarrete, consideró que en el Artículo 3 constitucional se debe impulsar un sistema de escalafón que valore tangiblemente las trayectorias profesionales, dote de certidumbre y proporcione justicia a los docentes.

Además, definir políticas regionales, estatales y nacionales entre autoridades educativas y asociaciones gremiales, representantes de profesores que impacten en la promoción de una educación universal, laica, gratuita, obligatoria, democrática, integral, equitativa y de excelencia.

Estimó fundamental fortalecer a las escuelas normales a través de la autonomía curricular y de gestión, así como dotar de certeza laboral; garantizar el derecho a los maestros a la movilidad mediante el establecimiento de procedimientos específicos, para cambios de adscripción, de nivel y permutas. También promover que cada centro escolar cuente con equipamiento digno y capacitación continua para garantizar la profesionalización.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores para la Educación, Jacob Hernández Corona, expuso algunos planteamientos como la elaboración de un plan y programa para escuelas multigrado donde se reduzcan contenidos; crear y proporcionar a docentes un acervo digital que contenga mínimo un video por tema; ejercicio pedagógicos con diseño e información versátil y no encargar a los maestros trabajos que no les corresponden.

Asimismo, reeducar a los papás mediante conferencias y pláticas y que tengan mayor convivencia con sus hijos; reforzar la lectura y escritura; que los docentes de primaria y secundaria sean egresados de normales básicas y superiores, realizar auditorías externas e inventarios a cada centro de trabajo para que la información que tiene la escuela coincida con la que tiene la SEP, así como asignar recursos para la construcción de escuelas.

Pedro Corzo Corea, docente, tutor e investigador del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, propuso establecer en el Artículo 3 de la Constitución que la educación incluya en sus planes de estudio la promoción de valores, filosofía y las disciplinas humanísticas como el conocimiento de la historia, geografía, cultura y las lenguas originarias, así como la activación física, deporte, las artes y el respeto al medio ambiente.

Respecto de la fracción V del mismo artículo, formuló incorporar que el Estado incentive la investigación científica, tecnológica y humanística, entendiendo por humanidades todo lo que coadyuve a una formación integral de la persona desde la infancia, como la literatura, música, arte y filosofía.

Julio César Moyao Gaspar, representante de la Sección 14 de Guerrero, enfatizó que se continúa exigiendo la abrogación total de la “mal llamada Reforma Educativa” impuesta por el gobierno anterior porque “atenta en contra de la educación pública, los derechos y las garantías laborales de trabajadores de la educación”.

También pidió revisar y modificar los artículos 3, 31 y 73 constitucional y las leyes secundarias, a fin de garantizar la educación pública en todo el país; eliminar la evaluación para el ingreso, promoción y permanencia del servicio docente, así como respetar el escalafón y antigüedad del trabajador. Asimismo, moldear un proceso de evaluación educativa, formativa, integral, digna, alternativa y cualitativa, no estandarizada y desaparecer el INEE.

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