08-02-2019.- El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC, por sus siglas en inglés), Antonino De Leo, afirmó que de aprobarse el proyecto de reforma de la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, se incrementaría el número de personas privadas de la libertad y generaría un problema de hacinamiento carcelario en el país.

Durante su participación en la Tercera Mesa de las Audiencias Públicas sobre la Prisión Preventiva Oficiosa y Sistema de Justicia Penal, mencionó que los estándares internacionales en la materia indican, invariablemente, que la aprobación de la extensión de los supuestos de aplicación de la prisión preventiva oficiosa significaría un retroceso en la política criminal y en el sistema de justicia penal mexicano.

En este momento la sobrepoblación carcelaria no es un problema de México; sin embargo, con la aprobación de este proyecto de reforma lo será.

Agregó que de acuerdo con el World Prison Population List de 2018, entre 2015 y este año México ha logrado reducir su población carcelaria penitenciaria en 24 por ciento, desde una perspectiva comparada. Por lo tanto, ha sido uno de los países que más ha avanzado en los últimos tres años en disminuir la población penitenciaria y el hacinamiento en las prisiones.

Destacó que numerosos estudios en el ámbito internacional demuestran que el encarcelamiento afecta de manera desproporcional a las personas que viven en situación de pobreza. La mayoría de ellas son analfabetas o tienen educación limitada, carecen de vivienda, abusan de drogas, alcohol y otros comportamientos destructivos que llevan a la marginalización socio-económica.

Expuso que la prisión preventiva debe considerarse el último recurso o aplicarse cuando haya riesgo de fuga, obstaculización de la investigación o complejidad del caso. “Estos criterios prevén que las y los jueces tengan la posibilidad de evaluar las particularidades de cada asunto para ordenar posteriormente el encarcelamiento penitenciario de una persona, de lo contrario se corre el riesgo que las y los juzgadores pierdan, en cierta medida, su independencia”.

Alentó al Congreso a considerar las normas y reglas internacionales en el debate y refrendó su voluntad de brindar asistencia técnica y legislativa al Estado mexicano para incorporar políticas públicas basadas en la evidencia y buenas prácticas, a fin de lograr paz, seguridad y justicia.

Apuntó que la estrategia para abordar la crisis penitenciaria es reducir el uso del encarcelamiento, respetar los derechos humanos de los privados de libertad e invertir en reinserción social y prevención de la reincidencia delictiva.

Al iniciar la mesa, el secretario de la Comisión de Justicia, diputado Rubén Cayetano García (Morena) sostuvo que estas audiencias tienen el propósito de generar un marco jurídico que garantice seguridad, paz, tranquilidad, debido proceso, derechos humanos, presunción de inocencia y todo lo vinculado con la delincuencia organizada, daños al patrimonio de la nación, la democracia y la corrupción.

Subrayó que “en México no hay justicia; esa es la verdad”, desde esa premisa partimos, por lo que es primordial mejorar los mecanismos de impartición, ya que éste es el instrumento para la paz.

Añadió que el proyecto que se analiza busca frenar la impunidad y construir una reforma que establezca mejores reglas en el ámbito penal, a fin de dotar de investigaciones eficientes del Ministerio Público que contribuyan y eviten que las y los jueces duden en sentenciar e impida que se hagan acusaciones a inocentes.

Rodolfo Félix Cárdenas, del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales y del Colegio de Abogados, y exprocurador general de justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, señaló que está en contra de la propuesta que se discute porque incorpora delitos por hechos en materia de corrupción, los cuales corresponden al Código Penal.

Reiteró que su opinión no desea poner obstáculos a la reforma, pero afirmó que ésta generará una Constitución penal mexicana, por lo que pidió ajustarse al mandato de protección, observancia y derechos humanos en el ámbito internacional.

Carlos Alberto Galindo López, investigador del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, indicó que existe un amplio catálogo de delitos que ya ameritan prisión preventiva y no sólo son los que están en la Constitución, sino hay otros en diversos ordenamientos generales y federales, “lo que sucede es que es confuso, difícil de entender y de seguir”.

Destacó que alrededor de 80 mil personas están en la cárcel sin que hayan sido sentenciados, sin dar evidencias de que son culpables en un juicio público. Las prácticas de encarcelamiento en México crecieron de 2000 a 2014, al pasar de más de 60 mil a 108 mil; es decir, “casi duplicamos el número de personas sin sentencia en las cárceles y sin haberlos juzgado”.

De acuerdo con el Inegi, de cada 10 veces que el Ministerio Público pide al juez prisión preventiva, nueve la otorgan; entonces, es un problema de la investigación y de la argumentación del MP, no de las reglas constitucionales ni de las normas que se tienen para meter a la gente a la cárcel. Afirmó que “la prisión preventiva oficiosa no reduce el crimen, la corrupción, ni los problemas que aquejan a la sociedad”.

Jorge Alberto Lara Rivera, quien fuera encargado de la Procuraduría General de la República, señaló que existen componentes críticos olvidados en el sistema, como es la unidad de medidas cautelares y promover una robusta gestión de soluciones alternas. Subrayó que la impunidad y su abatimiento deben pasar por una robusta gestión de soluciones, ya que no se satisfacen los intereses de reparación del daño o reparación integral de daño, “porque no tenemos campeones en gestión de soluciones alternas”.

Hizo un llamado a que en este Legislativo se encabecen estas dos luchas desde el punto de vista de control parlamentario y la generación de directrices y lineamientos de política pública para que se pueda realizar, “que me parece es urgente abordar”, dijo.

Guillermo Zepeda Lecuona, director de Jurimetría: Iniciativas para el Estado de Derecho AC, afirmó que sostener y ampliar los supuestos de prisión preventiva oficiosa ha sido violatoria de los valores y principios de la sociedad democrática y los temas penales modernos. Recalcó que no sólo es parte de una política criminal regresiva, sino que, además, “lamentablemente es inefectiva y hasta contraproducente, viola el principio de inocencia y el debido proceso”.

Enfatizó que el gran problema del sistema de justicia penal en México es la impunidad y esta reforma en nada aporta a reducirla. Precisó que de los 30 millones de delitos sólo se denuncian 1.5 millones y únicamente 130 mil personas llegan ante un juez y esta medida cautelar podría ensañarse contra los más pobres y vulnerables social y jurídicamente. Consideró que el corazón de la impunidad está en la incapacidad de investigación y esta reforma no aporta en nada a eso, al contrario, subsidia las ineficiencias e insuficiencias.

María de los Ángeles Fromow, consultora y exsecretaria técnica del Consejo de Coordinación de Implementación del Sistema de Justicia Penal, reconoció el ejercicio de estas audiencias, pero se “están poniendo iniciativas para tratar de parchar lo que la ciudadanía está demandando, y no sólo de imputados, sino de víctimas del delito que no encuentran los cauces necesarios para resolver una demanda justificada de justicia y realidad ante un hecho delictivo”.

Denunció que no existen en el país sistemas para una justicia alternativa. “Ni siquiera en una mesa puede saberse si esa persona ha sido presentada anteriormente y menos aún imaginar que en otro Ministerio Público, haya sido presentada la misma persona. ¿Cómo se puede decir si efectivamente hay ese derecho a la víctima?”.

Precisó que del 10 por ciento de las personas que se atreven a denunciar sólo 6.45 por ciento de los ministerios públicos accede a poner una carpeta de investigación. Celebró estas mesas, pero estaría mejor si estuvieran policías y ministerios públicos. “Nos falta evaluación de cómo se está comportando el sistema. Apostemos por el fortalecimiento de la justicia, pero de manera adecuada y en favor de los ciudadanos”.

Juan Pablo García Garza, presidente de la Comisión en Enlace Legislativo de la Concamin, señaló que el robo al transporte de carga detiene operaciones de plantas industriales, comercios y puertos marítimos, e impacta en pérdidas de abastecimiento, distribución de productos agrícolas, alimentos, medicinas, hidrocarburos, minerales y productos básicos, entre muchos otros.

Además, el hurto a los autobuses atenta contra la movilidad de la población, sobre todo de los más humildes. “Cuando hablamos de estos robos no es a una empresa o a una persona, sino la afectación es colectiva y generalizada porque impacta la competitividad”.

Dado que el Ejecutivo decidió utilizar más al autotransporte para trasladar combustibles a diversas regiones del país, “se hace importante tipificar este delito del robo al trasporte de carga y pasaje para terminar de combatirlo. Es importante que la reforma tenga un periodo transitorio para dar tiempo al sistema penal acusatorio, porque todos queremos que funcione”.

Adrián Franco Zevada, excomisionado de Atención a Víctimas, penalista y secretario del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, expresó que el Estado de derecho es el verdadero tema que está detrás de esto y es el único elemento que permite hacer una sociedad igualitaria, “en donde el que no tiene y el que tiene mucho son exactamente iguales ante la ley cuando ésta se aplica”.

Se pretende que con los mínimos datos de prueba aumente el número de delitos con prisión preventiva oficiosa. “Eso va a generar un incremento no sólo en las cárceles por la población penitenciaria; eso no va a resolver el problema de fondo de las víctimas”.

Por su parte, la directora jurídica de Reinserta AC, Fernanda Dorantes Arteaga, enfatizó que la prisión preventiva debe ser el resultado de una resolución judicial, donde se hayan respetado las garantías procesales y los principios del Sistema Penal Acusatorio y no sólo de una acusación.

“Nos pronunciamos a favor de la prisión preventiva justificada y absolutamente en contra de una oficiosa. El hecho de tener un catálogo o de tener supuestos muy particulares en los contenidos normativos verdaderamente puede jugar más en contra de lo que puede abonar a la sociedad”, por lo que instó a evitar la “prostitución” del derecho penal, toda vez que la figura discutida en nada ha abonado al combate de la impunidad y mejorar las condiciones de seguridad que tanto laceran al país.

Irene Tello Arista, directora ejecutiva de Impunidad Cero, consideró que la discusión no debe estar en modificar el artículo 19 Constitucional, sino en elevar las sanciones por los delitos establecidos, homologar los códigos penales de los estados, crear una política nacional criminal que ayude a focalizar los escasos recursos del sistema penal. “Si se desea luchar en contra de la impunidad no se puede asumir que una medida cautelar va a solucionar el problema”.

Añadió que de aprobarse esta medida se abriría la puerta a más injusticia, a mayor tortura y a una sobrepoblación en centros penitenciarios sin garantizar con ello una menor incidencia delictiva ni menos impunidad para estos delitos. “Si lo que quieren es combatir la impunidad para los delitos que más afectan al país se debe invertir en la procuración de justicia, mejorar los modelos de gestión y de investigación dentro de las procuradurías, así como el replicar las buenas prácticas que muchos estados han logrado”.

Camilo Constantino Rivera, especialista del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal e integrante del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, expuso que esta reforma que se propone debe conllevar un equilibrio y una protección en los derechos humanos para que no se torne en una puerta giratoria hacia la impunidad y se victimice al imputado y que, en algún momento, haya condena en contra del Estado por una prisión preventiva injusta.

Propuso que la iniciativa que se analiza establezca que esta medida cautelar sea preventiva, disciplinaria, que no se tome en cuenta el catálogo de la prisión preventiva oficiosa, que se haga una ley nacional de ejecución de medidas cautelares, se incluya el concepto de los preacuerdos y se regrese la remisión parcial de la pena a efecto de hacer esquemas de trabajo penitenciario, porque con la libertad condicionada y anticipada no será eficaz generar una reinserción judicial efectiva como se prevé.

Estefanía Medina Ruvalcaba, cofundadora de la Organización TOJIL, Estrategia contra la Impunidad, señaló que el dictamen carece de una adecuada redacción legislativa. Ejemplificó que en el tema de delitos de corrupción, que hace referencia a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, no se tiene la menor idea de su aplicación y se deja fuera al peculado y cohecho, por lo que “esta reforma no es más que de cascarón y carece de toda aplicación práctica”.

Planteó enfocarse en revisar la redacción del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a la libertad durante la investigación y establecer candados para esta facultad discrecional y que deje de ser foco de impunidad; fortalecer las capacidades del Ministerio Público para que defienda la aplicación de las medidas cautelares y establecer un adecuado sistema de unidades de medidas cautelares. Enfatizó que incrementar el catálogo de prisión preventiva oficiosa “no es otra cosa más que ofrecer prisión y circo al pueblo de México, lejos de una solución eficaz y efectiva para el combate a la impunidad”.

Enrique Guerrero Aviña, del Colectivo Liquidámbar en Defensa de los Derechos Humanos, dijo que se busca aumentar el catálogo de delitos que ameritarían la prisión preventiva de oficio, pensando que la pena anticipada puede ser parte de la solución para los graves problemas de violencia e impunidad; sin embargo, no ha sido ni será respuesta a dichas problemáticas.

Resaltó que en el sistema penal mexicano ha predominado lo que se puede dominar como principio de presunción de culpabilidad “es decir, que todos los imputados son culpables aunque se demuestre lo contrario”. Consideró que el Estado tiene la obligación de establecer reformas que vuelvan real la aplicación de la presunción de inocencia.

El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) enfatizó que la presión preventiva de oficio no es buena idea para combatir y reducir la delincuencia creciente que tiene el país; no es una propuesta solvente en términos de técnica jurídica, ni una medida eficaz que recupere confianza en las policías, Poder Judicial y la justicia. Hay que saber dónde están las debilidades del sistema penal, afirmó.

En tanto, el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (Morena) sostuvo que se deben llevarse a cabo medidas proactivas porque de lo contrario, no se avanza. La Constitución permite tener un pie de arranque y modificar el artículo 19 es un avance. Afirmó que a nadie se le está haciendo presunto culpable, esto se dirige al crimen organizado y a los delincuentes de cuello blanco. Expresó su inquietud por conocer respecto de transformar el Ministerio Público y la inclusión del delito de robo en transporte.

Lorena Villavicencio Ayala, diputada de Morena, expresó que es fundamental el respeto al principio de presunción de inocencia, del debido proceso y el cabal acato de los derechos humanos. “Yo no estoy a favor de que se amplíe el catálogo de delitos, a pesar de que presenté una iniciativa en el tema de feminicidios; no hay un sistema de justicia que actúe debidamente; busquemos un camino único de solución”.

Su compañero de bancada, diputado Esteban Barajas Barajas, afirmó que hay un reclamo social de las víctimas para acabar con la impunidad y se le apuesta a un gobierno que atacará las causas de la violencia, la pobreza y la marginación. “Sabemos que la situación es difícil, pero hay elementos que demuestran que no hay que enjuiciar sino estar debidamente justificados”.

Por MC, el diputado Ariel Rodríguez Vázquez señaló que la pregunta central es si se quieren cárceles llenas o a los culpables tras las rejas, porque “para la primera, apoyemos la propuesta de aumentar el catálogo de delitos al artículo 19 constitucional”. Debemos fortalecer la procuración y administración de justicia, así como mejorar las condiciones de los policías, sugirió.

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