13-02-2019.- En la presentación del libro “Ilegalización de partidos políticos. Necesidad de regularización en México”, se planteó la importancia de establecer controles y límites a estas instituciones para fortalecer la democracia.

El encargado de la dirección general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cervantes Gómez, expresó que la obra aborda un problema novedoso y que está latente en la legislación mexicana, como es la constitución de los partidos y su ilegalización.

Dijo que se “aborda la conveniencia de regular el sistema de partidos, aunque también están los peligros que pueden implicar para la democracia. Una mala regulación y el establecimiento de límites indebidos o más allá de los derechos fundamentales, es un riesgo”.

Luis Espíndola Morales, consejero electoral del Instituto Electoral del estado de Querétaro, autor de la obra, se manifestó por la regulación de la figura de ilegalización de los partidos políticos “que, aunque no existe en México, no es un invento ni un tema que surja de la espontaneidad, sino de problemáticas que se han suscitado en diversas latitudes, principalmente, Europa, Asia y Latinoamérica”.

Argumentó que los partidos políticos son esenciales para las democracias modernas y no se puede prescindir de ellos, dado que conforman el cauce esencial y la vía fundamental, a partir de la cual los ciudadanos pueden ejercer en mejor y mayor medida sus derechos políticos.

Inquirió: qué pasa cuando esos partidos desvían sus finalidades y las usan contra la democracia que les dio origen; qué controles hay.

En el país, añadió, hay dos figuras: la pérdida de registro y la cancelación; sin embargo, el libro establece diferencias entre estas dos e incluye la ilegalización.

“Es necesario tener mecanismos de control democrático y de limitación, autocontención y autocontrol de los partidos políticos y de los excesos que pueden presentarse en su accionar”, sugirió.

Espíndola Morales relató que de acuerdo con Latinobarómetro, menos del 30 por ciento de la población mexicana confía en los partidos políticos. Además, conforme al Informe de Transparencia 2018, se ocupa el lugar 138 de 180 países en el tema de corrupción, lo que nos cuesta, cada año, 247 mil millones de pesos, casi 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Los problemas que se presentan en México, expuso, son partidos políticos vinculados a la corrupción, financiamiento ilícito e ilegal, crimen organizado, violencia política y por razón de género, lenguaje de odio, discriminación, violación grave a derechos fundamentales, genocidio, crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada, entre otros.

Pidió reflexionar sobre la ilegalización de los partidos, pues se carece de la posibilidad de inhabilitar a aquellos que dieron origen a su creación; ni suspenderlos en derechos políticos y electorales por determinado tiempo; la imposibilidad de crear asociaciones políticas o partidos nuevos; tampoco la prohibición de cambiarse a otro; medidas de reparación integral, ni seguimiento de las finanzas.

Gabriela Nieto Castillo, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del estado Querétaro, sostuvo que México vive un proceso de transición de un sistema de partido hegemónico a uno distinto y de grandes controles, así como de una economía controlada a una estructura de Estado en la que se presume la salvaguarda de los derechos humanos.

Esto, expuso, no significa que el proceso de transición democrática tenga un punto final. “Si queremos hablar de ella, se tiene que abordar los controles y fortalecerlos; la misma tiene que establecer mecanismos para su propia protección, a fin de evitar que ésta se vea mermada, vulnerada o sustituida por regímenes que lejos de buscar la salvaguarda de derechos humanos lo haga de intereses específicos”.

Hizo votos por fortalecer estos controles de la democracia y a las instituciones en materia electoral, o de lo contrario, se debilitaría el régimen. Uno de los exámenes que debe darse en el Estado es en relación a los partidos políticos.

El catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Roberto Duque Roquero, afirmó que el texto visualiza que no existe en el país norma alguna sobre la ilegalización de los partidos; lo que hay es una anomia (desorganización social).

Indicó que en la actualidad más de cien organizaciones comunicaron al Instituto Nacional Electoral su intención de convertirse en partidos políticos, por lo que, preguntó qué tan rigurosa debe ser esta regulación.

Destacó que el tema es relevante, por el alto nivel de desencanto con la democracia. Tan sólo Latinobarómetro ubica a México entre las naciones que menos valora a la democracia y “eso es peligroso porque, entonces, los apetitos autoritarios pueden tener un terreno fértil. Eso hace importante que en México regulemos a los partidos y se cubra ese vacío”.

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