14-02-2019.- La Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a coadyuvar con los tribunales de trabajo de las distintas entidades federativas de la zona libre de la Frontera Norte para establecer un programa temporal de atención, orientación y ayuda a quienes laboran en la pequeña y microempresa de estas entidades, a fin de garantizar el cumplimiento del aumento del salario mínimo.

Al fundamentar el punto de acuerdo, aprobado en votación económica, el diputado Armando Reyes Ledesma (PT) recordó que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el 26 de diciembre de 2018, publicó en el Diario Oficial de la Federación, que a partir del primero de enero del año en curso, el salario mínimo sería de 176 pesos por jornada diaria de trabajo en la zona norte del país.

El área beneficiada integra 43 municipios de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Detalló que en Baja California, existen dudas entre los trabajadores en cuanto a la implantación de la resolución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

“Se han comenzado a dar casos de trabajadoras y trabajadores vendedores de piso, en el que el patrón por un lado acata la resolución del incremento del salario, de 176 pesos, pero por el otro lado les reduce o elimina el porcentaje de comisiones por ventas al que tenían originalmente como prestación”.

Se debe prestar mayor atención para salvaguardar los derechos adquiridos por el trabajador, tener claro que esta problemática se puede acrecentar debido a que 57.8 por ciento de asalariados de tiempo completo de un salario mínimo, trabajan en micro negocios de uno a cinco trabajadores.

Por lo tanto, es importante que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal proporcione ayuda a los trabajadores y trabajadoras afectados por medidas erróneas establecidas por diversas empresas.

El diputado Manuel Gómez Ventura (Morena) refirió que el Ejecutivo federal hizo realidad el incremento del salario mínimo y en la frontera aumentó un cien por ciento, mientras que en el resto del país, 16.21 por ciento; ahora es de 176.72 pesos diarios en la zona norte, rebasando el monto señalado por el Coneval, que estableció que el salario mínimo para que un trabajador cubriera sus necesidades alimentarias es de 101 pesos.

Afirmó que dicho aumento marca una justicia salarial para dejar atrás la política de precarización; además, “este incremento es el más alto que se ha dado en las últimas décadas, respondiendo así a un justo reclamo social”.

Sin embargo, han surgido reacciones de algunos empresarios en la zona fronteriza que ha significado, en algunos casos, la disminución de bonos y beneficios para los trabajadores, por lo que consideró necesario hacer un llamado a las autoridades correspondientes.

Su correligionaria, la diputada Erika Mariana Rosas Uribe, dijo que en el país, aproximadamente el 14 por ciento de la población vive con un salario mínimo al día, lo cual representa que alrededor de 18 millones de personas tienen que sostener a su familia con apenas poco más de 100 pesos. Por ello, se decretó un aumento del 16.21 por ciento en la zona de salarios mínimos generales y del 100 por ciento en la zona libre de la frontera norte.

Algunos patrones en la zona fronteriza han recurrido a diversas maniobras para evitar pagarle lo justo a los trabajadores, por lo cual, es necesario que la Secretaría del Trabajo establezca acciones de vigilancia y orientación para hacer valer los derechos de los trabajadores y reciban la remuneración que legalmente les corresponde.

El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (PAN) mencionó que existe una enorme brecha entre un trabajador de la industria automotriz que gana nueve dólares al día -con el incremento a 176 pesos- contra los 20 dólares por hora que se le pagan a un empleado que hace la misma labor en una empresa en Estados Unidos.

Por ello, mi grupo parlamentario está de acuerdo en el incremento que se da y que puede disminuir el enorme rango de injusticia; pero, consideró que el enorme compromiso del gobierno debe ser construir las condiciones económicas para que los trabajadores verdaderamente tengan un salario digno y también tener una política de incentivos fiscales para que el sector productivo invierta en el país.

El diputado priista, Isaías González Cuevas expresó estar a favor del aumento salarial para la zona fronteriza; sin embrago, resaltó que esta medida ha ocasionado problemas para los negocios pequeños, que emplean de uno a cinco personas, tendrán que ser atendidos en una Junta Local de Conciliación y Arbitraje de cada municipio.

“Nosotros estamos de acuerdo que se haga justicia y se paguen los salarios, pero debe canalizar al canal correspondiente, pues la autoridad federal se encarga de otros temas; si bien puede ayudar, pero el trabajo es de los tribunales locales de cada entidad federativa”, por lo que sugirió que la STPS sea coadyuvante, de lo contrario se le quita la responsabilidad a los tribunales locales.

El diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (PES) subrayó que el incremento al salario mínimo llega por primera vez a la línea de bienestar determinado por el Coneval; se pronunció a favor del acuerdo, a fin de establecer un programa temporal de atención, orientación y ayuda a los trabajadores beneficiados.

Lo anterior, para que se respeten en todo momento los derechos laborales de los trabajadores y con esto evitar por parte de malos patrones una mayor explotación. Asimismo, que los empleados tengan conocimiento de sus derechos y así “evitaremos a falsos y malos incitadores a prometer beneficios no alcanzados con estas modificaciones”.

La legisladora Margarita García García (PT) expuso que aunque se aprobó este incremento salarial en algunos lugares no se está aplicando; es necesario se ponga especial atención y se adecue la diferencia entre los mínimos generales y los mínimos profesionales de esta zona, dado que el desvanecimiento de los salarios mínimos profesionales ocurre en los municipios que hacen frontera con Estados Unidos.

“Sabemos que una remuneración digna es una parte fundamental en este gobierno. También condenamos los abusos y atropellos que algunos patrones sin moral pretenden realizar aprovechándose de la ignorancia y desconocimiento de la clase trabajadora que a lo largo de la historia de México ha sido castigada”.

De MC, la diputada Martha Angélica Zamudio Macías comentó que se han presentado reportes y señalamientos de casos en donde los trabajadores que cumplen con sus jornadas en la frontera norte han visto vulnerados sus derechos; es decir, los patrones han hecho uso de tácticas evasivas para no llevar a cabo el nuevo esquema de pago de salarios mínimos establecidos.

Se debe tomar en consideración que muchos trabajadores aún no están informados sobre la decisión, situación que los coloca en desventaja en todas las negociaciones obrero-patronales. Asimismo, se desarrollen medidas necesarias para garantizar la reactivación económica y el crecimiento de los ingresos familiares.

La legisladora Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD) señaló que esta propuesta busca que el gobierno federal proteja los derechos de las y los trabajadores contra el abuso de patrones que quieren neutralizar el impacto de los aumentos salariales. A pesar del incremento autorizado para 2019, “este sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades de una familia, por lo que es injusto que no se les proporcione este beneficio”.

Manifestó que se debe constituir un aliado efectivo de las y los trabajadores de México, “uno para que el gobierno federal cambie la política salarial y lograr que tengan un salario digno, suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias, educativas, de salud, culturales y de esparcimiento de las familias”.

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