04-06-2019.- La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), avaló con 18 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones, su opinión positiva al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, toda vez que cumple con lo dispuesto en el apartado A del artículo 26 de la Constitución Política y los párrafos tercero y quinto del artículo 21 de la Ley de Planeación.

Con pleno respeto a la división de poderes, la instancia legislativa exhorta al Titular de Poder Ejecutivo para que el PND incluya la lista de los programas que deberán realizarse por conducto de la administración pública y se amplíen en orden secuencial: diagnósticos, objetivos, estrategias, líneas de acción, metas cuantitativas, indicadores de medición y evaluación, ejecutores responsables y recursos asignados.

Asimismo, requiere conjuntar los objetivos generales y específicos y hacerlos corresponder con los diagnósticos o problemáticas que se busca resolver, y las acciones específicas de cada secretaría y organismos de la administración federal.

El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) señaló que el PND recopila la crítica que en los últimos 40 años se ha hecho de la crisis del desarrollo estabilizador y las respuestas del poder, así como una serie de planteamientos para asumir un nuevo camino, que no es el estatismo y ni el proteccionismo. “Los temas del plan son las grandes respuestas a ese trayecto histórico que impidió que México se convirtiera en un país mucho menos pobre, con crecimiento continuo y distribución justa del ingreso nacional y de elevación de la capacidad productiva y del trabajo social”.

La diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) argumentó que un PND tiene como finalidad establecer el cómo más que el qué. Aseguró que el documento remitido por el Ejecutivo federal es un decálogo político y eso no es suficiente para cumplir con la obligación de desarrollo. “Seguimos sin saber los cómos, ni conocemos los aspectos técnicos de un plan de desarrollo; estamos moviéndonos en títulos huecos y en cuestiones políticas”.

Por Morena, el diputado Javier Salinas Narváez resaltó que el PND contiene importantes temas, como la ampliación de los beneficios sociales, lograr el progreso, igualar oportunidades y disminuir la brecha entre ricos y pobres. Consideró importante “lograr una mayor recaudación, ampliar la base tributaria, establecer impuestos en áreas donde no se cobra como el impuesto digital, así como avanzar en un modelo bancarizado, a fin de evitar la evasión de impuestos, el lavado de dinero y contribuir a reducir los crímenes asociados con el uso de dinero en efectivo”.

José Elías Lixa Abimerhi, diputado del PAN, dijo que no es un plan porque no contempla acciones sino es una transcripción explicita del discurso de campaña del presidente López Obrador; no es un mapa para el desarrollo nacional, ya que sólo contempla palabras que forman parte de un discurso. “Esta comisión debe apelar a la prudencia y hacer lo necesario para que el documento sea realmente un plan; no hay un análisis del que deriven acciones serias y responsables para los próximos años”.

El diputado Silvano Garay Ulloa (PT) mencionó que el tema de la democracia es importante y preocupante. “Todas las fuerzas políticas debemos alertarnos de que el ciudadano no está participando en los procesos electorales; queremos ver urnas llenas y no mítines atiborrados. Estamos a favor del Plan Nacional de Desarrollo”.

María Alemán Muñoz Castillo, diputada del PRI, lamentó que no se asuma la responsabilidad de gobernar y no se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Planeación. “No se señalan ni expresan el cómo se va a ejecutar o las directrices que se van a generar; es un manifiesto de ideas no un plan. Esta comisión debe hacer un llamado objetivo y respetuoso a que el documento se consolide en un plan y se cumplan los requisitos de la ley, a fin de que esta Cámara de Diputados entre a la revisión del documento”.

De Morena, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna expuso que no existe mayor legitimación de que un plan es democrático si la gente lo votó. El PND, dijo, cumple con los parámetros constitucionales y legales; tiene un diagnóstico porque habla de cómo se ha deteriorado el país y el tejido social, de las consecuencias de la política económica neoliberal y contempla acciones. “El reto es distinguirnos y tener legitimación democrática para que las acciones del gobierno tengan sustento”.

Su compañero de bancada, diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero, expresó que la Cámara de Diputados tiene una responsabilidad grande e histórica en revisar si el PND se ajusta o no a los fines del proyecto nacional, pues en los sexenios anteriores éstos se apartaron de las metas de desarrollo. “Hoy estamos usando un lenguaje y conceptos diferentes. Las metas son muy ambiciosas, importantes y distintas. El tema de la erradicación de la pobreza es algo bastante importante y la recuperación adquisitiva del salario”.

El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez (PRI) mencionó que el presidente de México dijo que durante los dos primeros años de gestión el PIB crecería dos por ciento, y hasta ahora, los especialistas lo ubican en 1.32; ésa es la realidad. “Vamos a cumplir un año de diputados, tenemos nueve meses en los que se han dado las herramientas al gobierno y allá afuera la gente no ve resultados”.

Héctor Jiménez y Meneses, legislador de Morena, consideró que el PND cumple con lo establecido en la ley, con las expectativas del gobierno federal y los requerimientos de la población. “En la política social se agrupan los programas que se recogieron en campaña para apoyar a la gente más necesitada”.

Por el PT, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel subrayó que el plan contiene 12 principios fundamentales para el desarrollo y se van a cumplir porque “necesitamos gobiernos nuevos, sin corrupción, un gobierno que tenga principios para llevar a cabo un plan de desarrollo para los que menos tienen, porque no es minoría la pobreza”.

En las conclusiones y recomendaciones de la comisión, se resalta que el PND contiene un diagnóstico general sobre la situación actual de los temas prioritarios que permitan impulsar el desarrollo, así como la perspectiva de largo plazo.

Cada uno de los apartados presenta diagnósticos y en algunos casos señala sus respectivos objetivos y estrategias, también en forma general y no homogénea. En todo caso prevalece un criterio estructural, con suficientes líneas de acción, ejecutores responsables e indicadores.

Es de reconocer que algunos objetivos quedan planteados implícitamente, aunque en otros se espera mayor precisión. Se encuentran estrategias, articulación institucional y metas de desarrollo en un sentido amplio y general.

El Plan contiene referencias sobre los objetivos nacionales contenidos en la Constitución Política (derechos indígenas, educación, salud, trabajo, combate a la corrupción, entre otros).

Integra los ejes generales que agrupan los temas prioritarios referidos que buscan impulsar el desarrollo, los objetivos del impacto positivo que se pretende alcanzar, y también plantea estrategias a fin de ejecutar las acciones y lograr metas específicas.

De igual modo, la comisión incluyó dos anexos. Uno con la versión estenográfica del foro “Parlamento abierto para el análisis y discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, política, gobierno, austeridad en la función pública y combate a la corrupción”, y otro, con las aportaciones de diputadas y diputados integrantes de la instancia legislativa.

En el documento, se dice coincidir en que la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción debe ser punta de lanza para emprender acciones coordinadas con la Guardia Nacional y los sistemas de inteligencia del gobierno.

Se apoya la decisión del Ejecutivo de no adquirir nuevos compromisos que pongan en riesgo la estabilidad económica y se coincide en que los recursos que se obtengan de la ofensiva contra la corrupción, o excesos innecesarios y el alto al robo de combustibles, se utilice para financiar programas sociales. Igualmente se apoya que desde el Plan se incentive el respeto a la autonomía constitucional del Banco de México.

La Comisión de Puntos Constitucionales asienta que el PND acredita al Estado como garante del bienestar social, concepto vinculado estrechamente con los derechos civiles, sociales y políticos, en la medida en que todos los integrantes de una sociedad ejercen sus libertades y aspiraciones en un plano de igualdad.

También coincide con el plan en el sentido ético a la dimensión del Estado en su conjunto, al servicio público, a las prácticas y costumbres ciudadanas, al buscar como objetivo del desarrollo el mayor bienestar de las personas y de las familias, porque con ello la comunidad mejorará los lazos de convivencia social, política, cultural, económica y científica.

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