• Inicia la Séptima Jornada de Protección Civil en la Cámara de Diputados

04-06-2019.- El director de Protección Civil de la Cámara de Diputados, Isaac Valencia Fornaguera, señaló que el reto de la protección civil es la inclusión de las personas con discapacidad, en las tareas de salvaguarda en casos de emergencia.

Durante la séptima Jornada de Protección Civil, del Palacio Legislativo de San Lázaro, el funcionario afirmó que “las personas con discapacidad no pueden ser parte de la emergencia, sino agentes de las soluciones; es decir, partícipes y herramientas útiles que permitan multiplicar los esfuerzos en materia de seguridad”.

Destacó que las jornadas organizadas por la Cámara de Diputados tienen el propósito de difundir los principios de la cultura de autoprotección, a fin de incrementar de manera significativa la probabilidad de éxito ante una contingencia.

Precisó que la jornada que se llevará a cabo del 4 al 6 de junio tendrá la participación de varias corporaciones de protección civil de diversas dependencias, alcaldías y municipios, pues “la prevención de emergencias no sólo se hace a partir de programas, sino del intercambio de estrategias que permitan llevar a la salvaguarda, a la eficiencia”.

En su ponencia “Legislación en Atención a Grupos Vulnerables”, Gerardo Larrauri Escobar, secretario técnico de la Comisión en esta materia, coincidió en que es necesario que las personas con discapacidad formen parte de las corporaciones de protección civil; es decir, que dejen de ser vistos como objeto y se conviertan en sujetos activos de salvaguarda”.

Explicó que, si bien es cierto que en la legislación se encuentra un apartado que establece que el Sistema Nacional de Protección Civil, a través de su Coordinación Nacional, coadyuvará con las entidades federativas, municipios y demás niveles de gobierno en la realización de protocolos de actuación para la atención de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores que permitan la salvaguarda de estos grupos vulnerables, es primordial que se materialice.

Añadió que estos protocolos deben considerar la vulnerabilidad de la condición de cada persona, dejar de observar sólo el entorno y la situación de riesgo como los elementos de acción de la protección civil.

“Una persona con discapacidad visual está en ventaja frente a nosotros, pues ante una situación de obscuridad total debido a una emergencia, sería un colaborador en la seguridad de los demás, de ahí la importancia de su inclusión en los protocolos de salvaguarda”.

Precisó que el trabajo de la Comisión es buscar que las personas con problemas de audición, visión, o motriz, se reconozcan como primeros actores de protección civil para autopreservarse y con la facultad para ayudar a otros que estén en la misma condición, en transmitirles información en caso de emergencia.

La fundadora de la Asesoría para el Manejo Adecuado de la Discapacidad (AMAD), María Fernanda López Mendiolea, en su ponencia “Cómo crear una Cultura Inclusiva”, dijo que el manejo adecuado de la discapacidad que permite su inserción a la sociedad requiere de un modelo de accesibilidad, pero no sólo de infraestructura, sino de actitud.

Aseguró que para crear una sociedad inclusiva se debe entender cómo se trata a las personas con discapacidad y que este tema se vuelva cotidiano y se conviva con ellas en las instituciones de enseñanza y espacios laborales, y se les deje de segregar. Además, recomendó utilizar un lenguaje apropiado, eliminar los prejuicios y dejar de decir: ¡Ay pobrecitos, hay que ayudarlos!, hay que verlos como agentes activos de la sociedad.

“La discapacidad no está en el individuo, sino en el entorno que le pone barreras. Por lo tanto, las políticas públicas deben estar orientadas a habilitar el entorno, pues la población con discapacidad representa 15 por ciento de la población en el ámbito mundial; por lo que no son una minoría”.

Mencionó que los protocolos en materia de protección civil deben ser accesibles para quienes padecen ya sea discapacidad motora, intelectual y sensorial.

Virginia Núñez Luna, representante de la Fundación Michou y Mau, urgió a reforzar los programas y estrategias de prevención que eviten quemaduras porque en México se registran 124 mil pacientes al año con este padecimiento, donde el 30 por ciento son niños menores de cinco años y 32 por ciento adolescentes.

Resaltó la importancia de difundir campañas preventivas, porque nadie está exento de sufrir una emergencia de esta índole, cuya atención es un reto al exigir asistencia médica integral, con un alto costo económico, que requiere el apoyo de la familia y sociedad, para evitar la discapacidad del paciente.

En México y en el mundo, más del 56 por ciento de los pacientes que sufren quemaduras, son de ingresos bajos y medios. La tasa de mortalidad en niños de estos estratos económicos es siete veces mayor en comparación a los infantes con más recursos.

La mortalidad en México registró 721 decesos en el 2000, y de 528 en el 2013. “Hemos disminuido y avanzado como médicos y profesionales en el manejo de estos enfermos, pero, aun así, se siguen muriendo muchos pacientes”, señaló.

Destacó que 70 por ciento de los infantes se queman en el hogar, convirtiéndose en el lugar más inseguro. Por ello, debe fortalecerse la asistencia integral a niños mexicanos con quemaduras severas y a sus familias, para que reciban la atención adecuada, con el objetivo de que ninguno muera por falta de una oportuna atención médica especializada.

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