12-06-2016.- En el marco de los foros de Parlamento Abierto de la Reforma del Estado y Electoral, diputados, investigadores, especialistas y académicos destacaron la importancia de analizar si realmente existe una crisis en el sistema de elecciones tanto a nivel federal como local, para emprender un cambio.

Al participar en la mesa “La Federación mexicana”, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) destacó que en el análisis de las reformas en la materia se debe considerar la concurrencia de las funciones entre la autoridad federal y local para evitar que sus labores se crucen.

“Debemos analizar si es suficiente dejar los tribunales electorales, además del federal, es decir, ver la viabilidad de la permanencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples)”, añadió.

Su compañero de bancada, diputado Alejandro Viedma Velázquez, señalo que en el proceso de análisis es prioritario buscar ciertos matices del federalismo con el propósito de estudiar si el centralismo es conveniente y con ello desaparecer los Oples y los tribunales.

Por el PAN, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván mencionó que para generar una reforma electoral eficaz, es fundamental analizar la debilidad y la operación de los Oples, a fin de evitar cualquier tipo de presión estatal en el presupuesto.

Indicó que en materia jurisdiccional el juez local es el que mejor resuelve los conflictos electorales, pues conoce de manera cercana el entorno y la problemática que se tienen.

Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado del PRI, destacó la necesidad de conocer si realmente existe una crisis en el sistema electoral que considere pertinente y prudente un cambio de modelo del sistema de administración de las elecciones. “Estamos en esa crisis para qué en este momento plantearnos suprimir Oples y tribunales”.

Se manifestó por perfeccionar la designación de los senadores, pues “pareciera que pasamos de la influencia de los gobernadores al extremo de la total influencia de los partidos en la designación de todos los funcionarios y cargos”.

la secretaria de la Comisión de Justicia, diputada Ana Ruth García Grande (PT) subrayó que el federalismo está en crisis, por ello es necesario diseñar un marco que elimine el terminismo de la Constitución y deje a un lado la partidocracia en materia electoral.

Aseguró que quienes integran los órganos electorales, en muchas ocasiones sirven a un partido político. “Eso es una realidad, entonces es un mito de la democracia y la reforma del 2014, pues no está garantizada, lo cual afecta a la credibilidad de estas instituciones”.

El diputado Silvano Garay Ulloa (PT) comentó que no se requiere estar en una crisis para hacer una reforma electoral o de Estado. “Lo que tenemos que mejorar es el procedimiento para asignar a los consejeros y magistrados de la sala regional superior y los del tribunal local, porque hemos avanzado mucho y esto no es un retroceso.

“No hay un sistema mixto, la Cámara de Diputados es 60-40 y no 50-50, lo mismo sucede con la de Senadores; por ello, necesitamos ir mejorando que sea mitad y mitad, dado que estamos en la etapa de la igualdad”, manifestó.

Por MC, la diputada Ruth Salinas Reyes refirió que cada sexenio los presidentes buscan hacer su gran reforma electoral, y en ese sentido es cuestionable cuánto tiempo se necesita para que un sistema electoral madure y para que una reforma, antes de eliminarla, dé los frutos necesarios para que pueda evaluarse.

“En el país estamos acostumbrados a reformar, adicionar y remendar, pero no esperar a la revisión. Es fundamental conocer el sentido urgente de la reforma electoral en este momento”, afirmó.

En su participación, El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, planteó redefinir el concepto de federalismo para que se respeten las competencias de los estados y, al mismo tiempo, reserve actividades estratégicas de interés público y nacional. Propuso fortalecer en la ley a los tribunales electorales locales, pues actualmente, “se pone a las leyes federales por encima de las locales, y se deja de lado la legitimidad democrática de los congresos estatales, que tienen derecho a decidir sus reglas”.

Indicó que los tribunales electorales locales no tienen un presupuesto determinado, aunque los nombra el Senado, están sujetos a la consideración y prioridades del congreso estatal. Planteó establecer en la ley la asignación de recursos a estos órganos, si será desde la federación o qué parámetros deben tomar en cuenta las entidades federativas “para evitar que se contamine su dictaminación, y se asigne lo suficiente para garantizar su operación sin presión política”.

El rector de la Escuela Libre de Derecho, Ricardo Antonio Silva Díaz, expresó que hay crisis en las facultades constitucionales de la federación porque desde el análisis jurídico, político, económico y social de las necesidades que tiene cada una de las entidades se ha recurrido a crear facultades que no se pueden llamar federales sino centralistas.

Se manifestó por analizar a la federación mexicana desde tres perspectivas: normativa, constitucional y la necesidad económico-social de la entidad federativa, “para no caer o no seguirlo haciendo en este centralismo como tal, y tratar de encontrar un mecanismo en donde se le siga dejando este espacio a las entidades o discutir si definitivamente no hay la capacidad de una de ellas para desarrollar cierto tipo de temas”.

Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, expuso que el federalismo en México es una ficción y existen graves problemas, como la utilización indiscriminada de leyes generales y la coordinación fiscal, pues entre el 97 y 98 por ciento del presupuesto de una entidad proviene de las participaciones y aportaciones federales. “El Congreso de la Unión aprueba leyes generales para quitarles cachos o pedazos de autonomía o de soberanía local”.

Se manifestó por una centralización de las funciones electorales, despareciendo a los organismos estatales y a los tribunales electorales. “Hay que desaparecerlos porque los gobernadores siguen manteniendo un control muy importante sobre ellos, a menos de que se garantice la plena independencia de los Oples y de los tribunales. La reforma electoral que se propone implica establecer un nuevo método de nombramiento de consejeros y de magistrados, en donde prevalezca el criterio del mérito y de elección ciudadana”.

El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis Eduardo Medina Torres, dijo que a fin de lograr una recaudación más sencilla es importante establecer un IVA generalizado, que de acuerdo con la OCDE, las proyecciones internacionales hablan entre un 10 y 12 por ciento. “Hay que pensar en la devolución de competencias de carácter estatal y municipal. El IVA generalizado implica desaparición de tasa cero y de exenciones”.

Afirmó que efectivamente vivimos en crisis y el problema está en el régimen presidencial, ésa es la discusión que habría que darse para el marco de la reforma del Estado y no solamente querer ajustar partes sobre el asunto.

El ex magistrado de la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Fernando Ojesto Martínez, consideró que no es necesaria una reforma electoral; es importante, fortalecer a los órganos electorales de las entidades federativas, y al Instituto Nacional Electoral, que han logrado elecciones transparentes.

“Me parece que, con todos los problemas, al haber creado a los Oples y que haya concurrencia de facultades entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos electorales de las entidades federativas se ha podido tener elecciones transparentes en donde la ciudadanía participa con confianza, no existe violencia poselectoral y se han resuelto los conflictos de manera óptima”.

Gonzalo Badillo Moreno, académico en ciencia política y gestión pública, dijo que el tema de la reforma del Estado merece tiempos especiales dado que es de carácter estructural, dogmática, de derechos fundamentales, finalidades y sujetos, incluso, sistemática de las decisiones. “La reforma electoral solo atiende a una de ellas y no a la complejidad sincrónica de instituciones en la Constitución para el funcionamiento del Estado”.

“Si tratamos el tema del federalismo desde la perspectiva de la reforma del Estado, se tendrá que realizar una innovación multidimensional y sistemática en la Constitución Política, y debiese aprovecharse la oportunidad para ordenar el texto constitucional debido a que el federalismo pasa por la parte dogmática y conceptual de la Constitución como la estructural y organizativa del Estado”, agregó.

Serafín Ortiz Ortiz, académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, dijo que la reforma electoral debe estar dirigida a una configuración plena de un Estado constitucional de derecho.

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