Diputados de diversas fracciones parlamentarias preguntaron a la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Victoria Rodríguez Ceja, sobre las medidas previstas por la dependencia en caso de no alcanzar la meta de ingresos en 2020 y ante la posibilidad de una recesión mundial. Además, sobre los recursos a seguridad, educación, salud, carreteras y la reducción de fondos a estados y municipios.

La funcionaria afirmó a los legisladores que los ingresos considerados en la propuesta del Presupuesto de Egresos son los que se estará en posibilidad de lograr en 2020, porque para la administración federal es fundamental la responsabilidad financiera y fiscal. Aseguró que se harán todos los esfuerzos, e incluso, dijo, los diputados han estimado que un ligero incremento todavía es posible.

Ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), la subsecretaria añadió que se atenderá la recaudación y el ingreso de Pemex, porque la tendencia de su producción ha venido recuperándose y se espera que dé un importante empuje a las finanzas del próximo año.

La diputada Adela Piña Bernal (Morena), presidenta de la Comisión de Educación, manifestó su preocupación por los recortes y señaló que hay cuatro aspectos que son mandato constitucional en la reforma educativa vinculados al presupuesto: el Fondo Especial para Universidades; el Fortalecimiento a las Escuelas Normales; Educación Inicial e Inclusiva. “Tenemos una situación grave en los centros de atención para estudiantes con discapacidad, asunto que debe atenderse.”

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga (Morena), expresó su inquietud por la reducción a salud de 21.8 por ciento. Destacó la importancia de recuperar lo asignado en 2019 y aumentarlo 10 por ciento. En el anexo 13 algunos rubros vienen casi igual que lo aprobado en este año, que en términos reales registran una baja, como es el caso de los refugios temporales para mujeres violentadas.

La diputada de Morena, Lidia García Anaya inquirió cuál será la cobertura presupuestal considerada para las universidades públicas en relación con la gratuidad y obligatoriedad, tema que ocupa a todos los diputados sin distinción. Además, qué se hará con los municipios que no han tenido recursos y resaltó la necesidad de asignar mayor gasto público y propiciar la inversión privada en infraestructura con el objetivo de generar obras de ingeniería y de construcción necesarias para el crecimiento económico.

Del PAN, el diputado Javier Azuara Zúñiga dijo que el proyecto presupuestal 2020 contiene la inversión pública más baja en 10 años, también menos gasto federalizado y más subsidios opacos y discrecionales. Preguntó cuáles son los beneficios y dónde están las reglas de operación.

El diputado Fernando Galindo Favela (PRI) preguntó qué medidas adoptará la SHCP el próximo año en caso de que no se cumpla la meta de ingresos, ante las valoraciones de especialistas de que, dado el cálculo de crecimiento económico para el próximo año y la producción petrolera, puede haber una sobrestimación de ingresos en rededor de 160 mil millones de pesos.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) pidió precisar si sus estimaciones permiten modificaciones sustanciales al proyecto de presupuesto 2020, o si es mejor reforzar algunos rubros de gasto para evitar mayores presiones sobre la hacienda pública. Llamó a una reflexión profunda de “hacia dónde vamos, más allá del tema concreto de que faltan recursos para el campo, para la educación, y para todo”.

La diputada María Del Carmen Cabrera Lagunes (Encuentro Social) preguntó, ante la disminución de ingresos, cómo vincular al sector agropecuario con la comercialización y la productividad del sector; de qué manera impulsar la eficiencia y optimización de recursos para garantizar el derecho a salud de calidad y la educación, así como acabar con la violencia.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya (MC) preguntó sobre la reducción del punto dos por ciento y del punto nueve, respectivamente, en aportaciones y participaciones a estados y municipios; la disminución de 437 millones de pesos para salud sexual, materna y reproductiva, que afecta políticas de prevención y tratamiento de cáncer de mama; por las reglas de operación y mecanismos que garanticen que programas sociales lleguen a la población objetivo; en materia de educación superior, cómo se dotará de recursos la obligatoriedad y gratuidad de este nivel educativo.

El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) advirtió el riesgo de no alcanzar los ingresos estimados para 2020 y el impacto grave que habría en el presupuesto. Dijo que hay una crisis de ingresos y otra que se debe atender, “no hay manera de posponer, ni desconocer, tampoco esquivarla escondiendo la cara: la crisis forense.” Se calcula que el próximo año habrá alrededor de 30 mil homicidios, y el 11 por ciento de las personas no podrán ser identificadas. La violencia se sostendrá y será imposible atender la construcción de un sistema forense que costaría dos mil millones de pesos, que no están localizables en la propuesta.

La diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (PVEM) preguntó el destino de 150 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización para compensar el faltante de ingresos del cierre del 2019 como consecuencia de la desaceleración económica, y pidió conocer el nivel de ejercicio presupuestal.

Por Morena, el legislador Irineo Molina Espinoza planteo qué hará la SHCP con el fin de crear un fondo de infraestructura en apoyo a estados y municipios, para ayudarlos a salir del rezago, paguen deudas y laudos laborales, y no caer en vicios del pasado. Expresó su preocupación por el recorte al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en materia de infraestructura, “sería un error disminuirlo porque representa la única posibilidad de acceso a recursos”. Además, pidió conocer los montos para el Instituto de Salud para el Bienestar y el sector educativo.

A nombre del PAN, el diputado Francisco Javier Luévano Núñez inquirió sobre dónde está el dinero ahorrado con el combate a la corrupción. ¿Por qué antes alcanzaba a cumplir más responsabilidades del Estado, ahora si no se robaron ni un peso y hay más, alcanza para menos? Con el argumento de austeridad se ha puesto en riesgo la vida de pacientes con cáncer, VIH y dengue. Además de suspender programas vitales como el de instancias infantiles perjudicando a las trabajadoras, los refugios para mujeres víctimas de violencia, comedores comunitarios, apoyo a jornaleros y preparatoria en línea.

Del PRI, el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal sostuvo: “Vemos un presupuesto que no está enfocado al crecimiento, ni a la competitividad, ni apoya a los estados y municipios”. Demandó que la Subsecretaría de Egresos plantee cómo modificar el proyecto del PEF, para establecer mejores canales de inversión que requiere el país, el cual no aguanta más ante la desaceleración económica que se va a vivir, con una dinámica menor en el ámbito internacional. El gasto no se alinea a generar empleo formal, duradero, generador de riqueza y tampoco alienta inversión en infraestructura.

A nombre de PT, el diputado Óscar González Yáñez preguntó cómo atender y qué hacer con los estados y municipios ante la desaparición del ramo 23 para ayudarlos. Expresó la necesidad de encontrar dinero para el campo; sin embargo, la Secretaría de Hacienda mueve recursos sin que pase nada, como al subir de 74 mil millones de pesos a 175 mil millones a planeación, seguimiento, evaluación y políticas públicas, o sea a asesorías, diseños y censos. Cien mil millones de pesos más, y “nosotros batallando por buscar recaudar más”. Sostuvo que la Secretaría de Hacienda no es un aliado.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (Encuentro Social) se pronunció por la estabilidad y “sin elefantes blancos” en el presupuesto. Pidió revisar el gasto para destinar recursos suficientes a seguridad, establecer un programa de vivienda, resolver la regularización de la tenencia de la tierra, que ha generado muertes por las disputas; comprar vacunas ante los nuevos virus y que estados y municipios generen fondos a infraestructura. Lamentó que el reconocimiento jurídico a indígenas y pueblos afromexicanos no se traduzca en dinero para apoyarlos.

De MC, la legisladora Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado propuso separar el presupuesto destinado al abasto de medicamentos, vacunas e insumos farmacéuticos, para tener más transparencia y ejecutar mejor el gasto, que evite retrasos en la entrega. Pidió responsabilidad en la designación de recursos, sobre todo en adquisición y aplicación de vacunas, porque hay una alerta atípica de dengue que exige actuar. Expresó su preocupación por el recorte a conservación de carreteras rurales. Celebró que se continúe la reconstrucción de hospitales del IMSS en Puebla y otras entidades. Destacó la responsabilidad de defender recursos para la salud.

Por el PRD, el diputado Antonio Ortega Martínez planteó que es indispensable incorporar criterios para que la inversión privada nacional y extranjera colabore en el salvamento de Pemex, que junto con las rondas petroleras y el fracking pueden ayudar a resolver su crisis y su quiebra, porque se va por el quinto rescate en los últimos siete años al destinarle más de 140 mil millones de pesos, “dinero que se va a un barril sin fondo porque no resolverá el problema de Pemex, aun con los recursos que se le inyecten seguirá quebrado”.

Al responder, Rodríguez Ceja señaló que los 150 mil millones de pesos de los fondos de estabilización se crearon para contingencias y cubrir el presupuesto autorizado pensando en no afectar el gasto y no cancelar programas ni ajustar el gasto. Sobre el subejercicio al cierre de este año señaló que se lleva un avance muy positivo de 72 por ciento del gasto programable respecto del autorizado, por lo que se espera tener un subejercicio que se pueda destinar a otra cosa.

Respecto a la crisis forense, indicó que en años anteriores se destinaron presupuestos mínimos, pero para 2020 se considera un incremento de 73.5 por ciento y se incluyen 457 millones que se destinarían a subsidios de entidades federativas a fin de incrementar su capacidad de en estos servicios médicos y apoyar la construcción de institutos regionales.

Destacó que el tema de salud es fundamental y tiene un aumento de 2.6 por ciento. Respecto de las Reglas de Operación; apuntó la importancia de que los programas se respalden con ellas para dar seguimiento a su aplicación y dijo que la Cámara de Diputados, de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tiene la prerrogativa de establecer en el PEF cuáles serán los programas que serán sujetos a esas normas

Respecto de los montos a estados y municipios dijo que la propuesta de gasto federalizado se fundamenta en recursos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Explicó que la Secretaría de Hacienda debe publicar los calendarios de ministración de los fondos de los ramos 28 y 33 y se enviarán directamente, mensualmente, a veces dos veces al mes; y por estar presupuestadas dese el inicio del ejercicio pueden planear el 100 por ciento de los recursos, independientemente de que lleguen poco a poco.

Reiteró que la educación ha sido fundamental y se ha planteado un incremento, “aunque la cobija es finita, se trata de dar prioridad dentro del margen del 18 por ciento”. Se determinó un ligero aumento; se deberá determinar en las reglas la fuente de recursos.

Añadió que el aumento de la inversión es de 2.5 por ciento, a pesar de las restricciones que hay y se están haciendo grandes esfuerzos para que se eleve más ese porcentaje.

Sobre los recursos al campo, indicó que se sumaron los recursos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con los de la de Bienestar, que son 25 mil millones de pesos, aproximadamente, para quedar en un nivel parecido al de 2019.

Dijo que se han tomado medidas de gasto desde el inicio del año a fin de acelerar su ejercicio, se han llevado autorizaciones especiales con cargo al presupuesto e inician procesos licitatorios antes de cerrar el año para que la economía se acelere y el presupuesto va enfocado a que, desde el principio del ejercicio, el gobierno tenga los bienes y servicios que pueda necesitar.

Indicó que la inversión física tiene un repunte importante hacia el crecimiento y sobre las medidas para fomentar inversión privada hay anuncios de desdoblamientos carreteros, pues la inversión pública nunca ha sido suficiente; requiere complementarse con la privada.

Rodríguez Ceja apuntó que “el presupuesto 2020 está bastante ajustado”; los recursos específicos para estados se eliminaron prácticamente para erradicar la discrecionalidad que tenían estos fondos. Estaremos atentos a las decisiones que se tomen.

Refirió sobre los estados y municipios que es todo un reto, donde el Congreso puede coadyuvar a revisar la normatividad e identificar las acciones para fortalecer la recaudación local, ya que en el país asciende al 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), la más baja en América Latina.

Compartió la preocupación de los diputados al respecto, debido a que las alcaldías son el contacto directo con la población. Consideró oportuno revisar la norma jurídica y verificar que los recursos les lleguen de manera oportuna. De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal se entregan cada mes los recursos de los ramos 28 y 33 a las entidades para que los distribuyan a los municipios, la Federación no tiene injerencia, ellos son los responsables. “Ahí hay una oportunidad para revisar cómo está la transferencia en tiempo y forma”.

Indicó que los recursos previstos para estados y municipios tienen una ligera disminución, la Cámara de Diputados tomó medidas para resarcir la caída respecto a 2019, en cuanto se tenga la información se harán cálculos para la distribución de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal.

Cabe señalar, dijo, que hubo algunos estados que registraron reducción, incluso en la propuesta del Ejecutivo, pero “cerca de 29 tuvieron crecimiento, son pocos los que han sido afectados”.

Sobre los ahorros que obtendría la administración pública, comentó que se generaron desde el presupuesto del presente año, se incorporó en el proyecto, sobre todo en los programas prioritarios que tienen recursos por 435 mil millones de pesos, enfocados a la población más vulnerable, además de las acciones de seguridad y de Pemex.

La inversión es de 2.5 por ciento del PIB; hubo un esfuerzo para aplicar un aumento y se busca que los capitales privados complementen en diversos sectores, como el energético y carreteras para tener la infraestructura que se requiere a fin generar empleos y crecimiento económico.

Respecto de los refugios de mujeres maltratadas se tiene un monto de 361 millones de pesos, 18.1 por ciento de aumento al aprobado en 2019. En estancias infantiles “en realidad no ha desaparecido, se atiende a la población, disminuyó 30 por ciento el padrón que no fue localizado”.

Los pueblos indígenas, dijo, son prioridad, y la instrucción es que los recursos vayan a este sector, mediante un anexo transversal, que registra un crecimiento de 10 por ciento en los programas que lo integran. Finalmente, señaló que los montos a educación básica y normal se elevan 3.1 por ciento, y la enseñanza inicial tiene un crecimiento de 54 por ciento, respecto al presupuesto 2019.

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