14-10-2019.- Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia aprobaron por mayoría, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional; así como de los códigos Nacional de Procedimientos Penales, del Fiscal de la Federación y Penal Federal.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda emitieron 22 votos a favor, tres en contra y una abstención; la de Justicia, avaló con once votos a favor, siete en contra y una abstención.

En las consideraciones de ambas instancias legislativas establecen que por la defraudación fiscal y, facturación falsa y operaciones inexistentes, el Estado mexicano perdió un monto de 2 billones de pesos en los últimos cinco años.

En el dictamen, destaca la reforma al artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, para imponer sanción de dos a nueve años de prisión, al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. La pena anterior era de tres a seis años.

Se castigará con las mismas penas, al que a sabiendas permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

“Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos; si un funcionario o empleado público comete o en cualquier forma participa en la comisión de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se aumentará de tres a seis años de prisión”, de acuerdo con la agravante señalada en el artículo 97 del mismo Código.

Se requerirá querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para proceder penalmente por este delito.

El dictamen se remitió a la Mesa Directiva para que continúe el proceso parlamentario. Precisa en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada la reforma a la fracción VIII y adición a las fracciones VIII Bis y VIII Ter, del artículo segundo, que considera el delito de contrabando y su equiparable a quien introduzca al país o extraiga de él mercancías omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse, sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito, incluyendo la importación o exportación prohibida.

Se adiciona la fracción VIII Bis, relativa a la defraudación fiscal, quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Además, los supuestos de defraudación fiscal equiparada que consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos.

Se sancionará cuando el monto de lo defraudado supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, “con prisión de tres a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de 2 millones 601 mil 410 pesos”.

La fracción VIII Ter, relativa a las conductas previstas exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, superen tres veces lo establecido en la facción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.

De la Ley de Seguridad Nacional se reformaron las fracciones XI y XII, y se adicionó la XIII del artículo 5, relativas a actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia; por destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos y cometer ilícitos en contra del fisco federal.

Del Código Nacional de Procedimientos Penales se modificaron los artículos 187, 256, 167 y 192, relativas a las causas de procedencia.

“Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el contrabando y su equiparable; defraudación fiscal y su equiparable, cuando el monto de lo defraudado supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.

Asimismo, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos, tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas.

El documento precisa que “no podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público”.

Para el caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, únicamente podrá ser aplicado en el caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño.

Del Código Penal Federal, se adiciona la fracción VIII BIS al Apartado B, del artículo 11, para incluir las penas previstas en el artículo 113 Bis, del Código Fiscal de la Federación.

Pro y contra

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas Baca, manifestó que la autoridad tiene herramientas suficientes para tomar decisiones. “Si se fortalecen los artículos 113 fracción tercera y 113 bis es suficiente para que la autoridad tome decisiones para conceder o sentenciar conductas que son en contra de la facturación”.

“No hay necesidad de una Ley Garrote. También se puede dejar de lado el debido proceso y vulnerar los derechos fundamentales con los criterios de oportunidad y con la prisión preventiva oficiosa”, comentó.

“Además, el artículo 214 del Código de Procedimientos Penales, habla de que todo el que tiene conocimiento de la de la situación fiscal de un contribuyente y lo da a conocer está cayendo en un delito penal”, agregó.

También refirió una modificación al tercer párrafo de la clausura sexta del dictamen de las comisiones unidas, las cuales “dan cuenta de las preocupaciones expresadas por los diversos expositores que participaron en el ejercicio de parlamento abierto el 11 de octubre, y cuya relatoría se incluye en el apartado de antecedentes del presente predictamen”.

El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona (Morena) dijo que la reforma sentará las bases para sancionar no sólo en materia administrativa a quienes simulen actos, sino en el rubro penal. “Los delitos fiscales deben encontrar su límite por medio de la prisión preventiva, de manera que expedir comprobantes no sea una forma de generar ingresos para personas que no tributan”.

Carlos Alberto Valenzuela González, diputado del PAN, dijo que en la reforma “va la aprehensión de empresarios, no sólo los que sean factureros”. Afirmó estar a favor de combatir a las empresas fantasma, pero estimó que corre peligro cualquier empresario y que alguien con dolo le siembre una factura falsa. Agregó: si se aplica esta “Ley Garrote”, esta ley de terrorismo fiscal, los empresarios sabrán quiénes fueron los verdugos”.

De Morena, la diputada María Elizabeth Díaz García consideró que la minuta va encaminada a generar un marco normativo útil para combatir uno de los fenómenos de defraudación fiscal, pero su propósito no es sancionar penalmente a pequeños empresarios que incumplieran sus actividades, sino sancionar a las personas que usan esquemas que permiten a grandes contribuyentes disminuir sus cargas tributarias en cantidades millonarias.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) dijo que por definición la reforma contempla a las empresas lícitas. Y por un solo señalamiento cualquier empresa pasaría a ser un cártel, cuando hay empresas formalizadas, que generan impuestos y empleos. “Por un ministerio de ley se convertirán en delincuentes; esa es la amplitud de lo que se plantea”.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) urgió a contrarrestar la evasión fiscal que provocó que se perdieran alrededor de 1.6 billones de pesos en el erario. Dijo que es revisar qué medidas se tomaron para este efecto y qué medidas se quieren tomar ahora. Dejó en claro que no se está persiguiendo a empresarios que facturen de manera legal, que no contraten empresas fantasmas, que no estén comprando facturas, que no estén simulando acciones. Quienes incurran en estas modalidades, advirtió, se toparán con medidas como la prisión preventiva o que se señale como delincuencia organizada, estos actos de complicidad.

Por su parte, la diputada Verónica Juárez Piña (PRD) aseguró que desde que se discutió la prisión preventiva el PRD dejó en clara su posición, explicó que la corte interamericana hizo una recomendación al Estado mexicano para que derogue todo lo que tiene que ver con la prisión preventiva, por lo que están actuando en contra de la Constitución. Se pronunció por la vigencia del Estado de derecho porque la acción que pretenden aplicar son violatorias a los derechos humanos.

En su oportunidad, el diputado Javier Lamarque Cano (Morena) negó que se trate de un terrorismo fiscal, recordó que de los dos billones de pesos que perdió el erario público, un millón corresponde a facturación falsa. “Estos dos billones de pesos, equivalen al 26.2 por ciento del presupuesto para el 2020 y que afecta a la construcción de escuelas, hospitales, carreteras, apoyo a la producción, a programas sociales y vulnera el bienestar y la seguridad nacional del pueblo de México”, explicó.

Mientras que la diputada Lorena Villavicencio, también de Morena, sostuvo que, aunque está a favor de que se combata el delito de defraudación por falsificación de facturas, planteó que castigarlo con prisión preventiva es violatorio a la Constitución. “Estamos desmantelando el sistema acusatorio y oral que está sustentado en un principio, que es la garantía de presunción de inocencia”.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, de MC, se pronunció en contra de empresas fantasma, facturas falsas y movimientos fiscales simulados; sin embargo, consideró que no se debe criminalizar la actividad económica, y la prisión preventiva considerada en el dictamen no atiende el fondo ni inhibe las malas prácticas, sino que violenta cada vez más la presunción de inocencia. “Votaremos a favor pero hay que adecuar el documento, para que después no nos corrijan la plana con amparos”.

De Morena, la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero estimó que la minuta, en apariencia, busca combatir la evasión fiscal, pero recordó que el sistema penal acusatorio contempla la prisión preventiva como último recurso; además, al no estar esa figura en el artículo 19 constitucional, “parece que este dictamen lo estamos metiendo a la fuerza”. Subrayó estar en contra de la delincuencia de cuello blanco, pero por medio de la presentación de un buen trabajo jurídico.

Del mismo partido, el diputado Marco Antonio Andrade Zavala afirmó que la minuta es correcta, porque fueron entramados gubernamentales los que causaron el enraizamiento de la corrupción que, a su vez, incrementó la pobreza. La reforma, dijo, sólo afectará a las empresas que venden y compran facturas, no busca criminalizar al empresario, sino protegerlo. Añadió que: “no se vulnera el Estado de derecho, porque existen oportunidades para que el contribuyente corrija su situación fiscal”.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) recalcó que se debe terminar con el “huachicoleo fiscal” que tanto daña las finanzas del Estado, pero la forma legal para cerrar esa llave debe revisarse con cuidado, para que todos los involucrados tengan la certeza de que no habrá terrorismo ni autoritarismo fiscal. La reforma más que persecutoria, debe ser garantista. Agregó que la defraudación al fisco es un delito, pero no puede ser considerado como delincuencia organizada.

El diputado Marco Antonio Ortega Martínez (PRD) mencionó que no se puede discutir esta reforma sin ligarla a la miscelánea fiscal, y es que las estimaciones de recursos para el 2020 están en seria crisis y será imposible que el gobierno alcance los montos establecidos en el paquete económico. “Esto se trata de apretar la tuerca para que todos contribuyamos más al erario, pero es un método de miedo, persecución y terror. Además, puede ser un elemento para someter a los adversarios en el rubro fiscal”.

Reginaldo Sandoval Flores, diputado del PT, expresó que “el que nada debe nada teme”, por lo que aclaró que la reforma es para los delincuentes, no contra los contribuyentes comunes. Precisó que de 2014 a la fecha, se detectó a 8 mil empresas que facturan con operaciones simuladas, operaciones por aproximadamente 1.6 billones, que representa el 1.4 del Producto Interno Bruto. “Es algo que le debemos al Pacto por México, porque no hay duda de que para que existiera esto, el gobierno estuvo adentro”.

El diputado José Isabel Trejo (PAN) aseguró que todos quieren luchar en contra de los factureros porque son delincuentes que emiten facturas evadiendo al fisco. Consideró que es necesaria una gran Reforma Fiscal de fondo junto con la Reforma de Pensiones. Advirtió que con la reforma que proponen ahuyentará la inversión y será muy difícil hacer negocios en México.

Óscar González Yáñez (PT) coincidió en que hay un crimen organizado por quienes se dedican a falsificar facturas. Reveló cifras de empresas a las que les condonaron impuestos en 2012: América Móvil 775 mil millones, sólo pagó el 6 por ciento; Grupo Elektra 69 mil millones, sólo pagó el 11 por ciento; Industria Peñoles 97 mil millones, sólo pagó el 6.3; Grupo México 133 millones y sólo pago el 13 por ciento, entre otros, ese, dijo, es un exceso tangible. Debemos, precisó, proteger, cuidar y reconocer a los contribuyentes que cumplen con su obligación fiscal.

En su oportunidad, el diputado Lixa Abimerhi, José Elías (PAN) explicó por qué no puede ser utilizada la prisión preventiva. Que se pueda sustraer de la justicia, que pueda obstaculizar el procedimiento y que pueda atentar en contra de las víctimas por testigos, si no se acreditan estos tres hechos, no se requiere de la prisión preventiva oficiosa, explicó. Sostuvo que la Constitución en su Artículo 19 supone una serie de delitos que son susceptibles de la prisión preventiva oficiosa: “lo que se estaría haciendo aquí, de aprobarse, es una burla a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”.

Tonatiuh Bravo Padilla (MC) consideró fundamental que el Presupuesto de Egresos de la Federación es el instrumento más importante para el impulso de desarrollo debe cuidarse, porque cualquier alteración puede repercutir en un problema que lesiona a todos los mexicanos y a la sociedad, porque, aclaro, todos los delitos de defraudación asociados a la baja de captación de recursos y de ingresos es un atentado.

En su oportunidad el diputado Higinio del Toro Pérez (MC) advirtió que de aprobarse esta reforma las consecuencias pueden ser muy graves porque el tema de las facturas falsas compete a la seguridad nacional: “necesitamos ir por una Reforma Constitucional por el 19”.

De Morena, el legislador Javier Salinas Narváez afirmó que con esta reforma se cierra el paso a la corrupción e impunidad ejercida con la evasión y defraudación fiscal y la facturación falsa que alcanza 1.2 billones de pesos. “Estamos ante un problema de seguridad nacional y pone en peligro la estabilidad del Estado mexicano, porque esos delitos equivalen al 26.2 por ciento del Presupuesto 2020, y al 6.1 del Producto Interno Bruto proyectado para el próximo año”.

De la misma bancada, el diputado Rubén Cayetano García aclaró que no habrá terrorismo fiscal. “No se espanten con la letra de la ley, no somos arbitrarios, se hará prevalecer la justicia, la ley y una vía para alcanzarla”. Se pronunció por abatir la impunidad. “A partir de esta reforma hay que portarnos bien, andemos derechitos; el que nada debe nada teme”.

Del PRI, el diputado Enrique Ochoa Reza expresó estar en contra de la evasión fiscal y facturación falsa, abuso de la prisión preventiva oficiosa y de que la vida empresarial mexicana se criminalice, porque no se plantea en cuánto aumentará la recaudación fiscal, por el contrario, estimó que disminuirá, así como el desplome de la economía y el empleo. Indicó que la minuta tiene errores que deben corregirse. Propuso dar más tiempo para corregir el dictamen.

El diputado Pablo Gómez Álvarez, de Morena, consideró la evasión fiscal como uno de los grandes problemas históricos del país con el método de la facturación falsa. Resaltó que estas medidas legales “no afectan a la población en general, sino a unos cuantos; va dirigido a unos cuantos que no tendrán derecho a fianza, no contra cualquier persona que pueda cometer ese delito porque no lo realizan”.

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