15-10-2019.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el dictamen que modifica la denominación actual del Instituto de Administración de Bienes y Activos por la de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

El documento avalado por 287 votos a favor, 31 en contra y 117 abstenciones, precisa que este nombre contribuye con la nueva política que se está implantando dentro del organismo objeto de reforma, principalmente en la erosión de las malas prácticas con las que se había venido desempeñando y la oscuridad al momento de realizar gestiones con los bienes y activos de la Federación que, en un principio, deberían ser administrados en favor y beneficio de la población.

Se modifican diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal y Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como el artículo séptimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019.

El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales precisa que estos cambios no sólo representan una reforma dentro del sistema jurídico, sino una transformación de carácter moral en el funcionamiento con el que se han venido desempeñando los órganos encargados de la Administración Pública Federal.

La transformación moral, abunda, atiende al aseguramiento de que los recursos obtenidos por particulares mediante la ejecución de actividades ilícitas sean regresados a las arcas patrimoniales del Estado y posteriormente se traduzcan en beneficios para los ciudadanos.

Resalta que la propuesta de la nueva denominación pretende que los servidores públicos partícipes estén conscientes de la finalidad principal que tiene el organismo y la importancia que representa la gestión de los bienes públicos en beneficio del Estado.

Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Gobernación y Población, diputado José Luis Elorza Flores (Morena), expresó que el dictamen no es un cambio ligero de palabras, sino la culminación del anhelo “por el que los padres y madres de la patria dieron su vida”.

Indicó que esta reforma permitirá llamar a las cosas por su verdadero nombre y que las acciones encuentren su correcto significado: un Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

“Sí, es el destino de todo aquello que las instituciones de gobierno recuperen de lo que se adquirió con dinero malhabido y el dolor de inocentes o la ignorancia de la gente; aquello que recuperen las autoridades que procuran justicia; lo robado por quienes están en el margen incorrecto de la ley, por quienes no comparten la cultura de trabajo arduo, honesto y remunerador”.

Agregó: “Lo robado se ha recuperado, pero no debe quedar en palabras inertes, sino en voz que resuena y conmueve al saber que todo aquello que sea robado hay gobierno justo que lo devuelve al país en beneficio de sus ciudadanos”.

En los posicionamientos, el diputado Miguel Ángel Chico Herrera (Morena) subrayó que este cambio de nomenclatura significa una reforma que da cuenta del espíritu y objeto que ahora tendrá el instituto, el cual “revela la vocación social del gobierno federal y de la Cuarta Transformación, así como la sensibilidad para reintegrar al pueblo de México los daños causados por corrupción”.

“Estamos renovando a las instituciones desde sus cimientos hasta su denominación; de forma y de fondo se lleva a cabo una transformación profunda que permita regenerar la ética pública y construir un nuevo régimen político”, adujo.

Por el PAN, el diputado Marcos Aguilar Vega calificó de ocurrencia el cambiar de manera frívola y manipuladora el nombre de una institución del Estado para amoldarse a los caprichos del Presidente y dijo que ello implica una traición legislativa y una burla.

Añadió que la principal función de la institución no es la de hacer devoluciones de bienes robados, sino otras más trascendentes. “Con esta reforma se están generando expectativas que no se van a cumplir; van a dejar sin satisfacer la perspectiva que el cambio de nombre supone; con este marco no habrá bienes que devolver al pueblo”.

María Lucero Saldaña Pérez, diputada del PRI, expresó que cambiar un nombre puede ser irrelevante cuando solamente se le modifica y no se da un contexto de fortalecimiento a la institución. “No servirá de nada si no está acompañado de una propuesta integral que fortalezca sus atribuciones y capacidades, y permita la coordinación en la gestión de los bienes públicos en beneficio del Estado”.

La nueva denominación, afirmó, no asegura que los servidores públicos tengan la visión y misión del organismo. “Es iluso pensar que sólo su cambio erradicará supuestas malas prácticas; preocupa que sea una bandera para institucionalizar una política de persecución a los servidores públicos, de despojo abierto al sector empresarial y de abusos a la población”.

El diputado Santiago González Soto (PT) expresó que la modificación hace explícito a toda la sociedad que el presupuesto es del pueblo y no es botín para que unos cuantos se sirvan de él, y del compromiso del gobierno para redirigir los recursos procedentes de actividades ilícitas hacia los que más lo necesitan.

“El grupo parlamentario apoya la reforma porque está convencido de que el trabajo que se desarrolla desde el gobierno tiene que tener claridad en su objetivo último, que es el bienestar de todos los ciudadanos. Estamos a favor de devolver al pueblo todo lo robado, nunca más permitiremos el saqueo nacional”.

Martha Tagle Martínez, diputada de MC, afirmó que con esta reforma el Congreso debería sentirse avergonzado porque es una modificación accesoria e innecesaria. Puntualizó que la enajenación de bienes no sólo tiene que ver con lo robado al pueblo, es mucho más amplio, y recordó que por la vía de la extinción de dominio se van a recuperar bienes que van mucho más allá del tema de lo robado.

Llamó a no hacer del Pleno un lugar lleno de personas sentadas en sus curules sin capacidad de debatir. “Hagamos de este Congreso el espacio donde discutamos temas que verdaderamente interesan a la nación. No engañemos a la gente, no se está creando absolutamente nada, sólo se está cambiando el nombre a una institución”.

Por el PES, la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández consideró que la lucha anticorrupción está avanzando a pasos firmes y de manera silenciosa; confió en que el mecanismo de entrega de dinero incautado se haga de manera pronta, transparente y se destine a todas y todos los mexicanos.

“Aspiramos a un país más igualitario, más solidario y más justo. Con la entrega de apoyos a partir de lo que se recauda ponemos al centro los problemas de combate a la pobreza, acceso a servicios de salud, construcción de infraestructura. Creemos que sí es posible cambiar las cosas, por ello, el ejercicio del poder debe de hacerse de forma democrática”.

La diputada del PRD, Mónica Bautista Rodríguez afirmó que el dictamen no responde a una necesidad nacional, más bien, es un capricho propagandístico del Presidente. La reforma, agregó, no tiene una razón causal de ser, ni una consecuencia, más que el nombre de la institución que administra los bienes de la nación, responde a una dogmática y al discurso de la Cuarta Transformación.

“En el grupo parlamentario legislamos para todas y todos los mexicanos, por ello expresamos nuestro voto en contra porque creemos en la separación de poderes, en la independencia del Poder Legislativo y en la autonomía de la Cámara de Diputados”.

Al hablar en contra, el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (PRD) externó su preocupación por el manejo discrecional que podría darse de los recursos, sin ningún mecanismo de rendición de cuentas y muy fácil de usarse para alcanzar objetivos político-electorales. “Se abre la puerta para actuar de manera opaca”.

Vicente Alberto Onofre Vázquez, diputado de Morena, señaló que se devolverá al pueblo lo robado y tendrá un claro destino social. “Los recursos serán para apoyar a los más necesitados; autos, joyas, casas, cuentas bancarias, armas y demás bienes asegurados se devolverán al pueblo; vamos a terminar con malas prácticas y la opacidad, y reforzaremos los programas sociales”.

El diputado Jacobo Cheja Alfaro (MC) subrayó que el documento tiene ambigüedades y no hay fundamentación para cambiar el nombre al Instituto de Administración de Bienes y Activos. “Estamos a favor de la seriedad y la objetividad institucional; legislemos sobre temas que urgen y dejemos a un lado los caprichos y ocurrencias de la Cuarta Transformación”.

Mary Carmen Bernal Martínez, diputada del PT, señaló que funcionarios de anteriores administraciones han salido con millones de dólares luego de sus cargos en el servicio público. “Por ejemplo, Emilio Lozoya, quien después de ser director de Pemex acumuló una riqueza que muchos mexicanos no podrían tener en toda su vida”. El instituto, dijo, junto con otras instancias del Estado, vigilará que el dinero recuperado sea invertido en áreas prioritarias.

La diputada del PRI, Dulce María Sauri Riancho, mencionó que con todo lo que debe aprobarse como el paquete fiscal, Ley de Ingresos, reformas constitucionales, así como la creación de instituciones, surge un dictamen que cambia el nombre a un organismo descentralizado. Afirmó que “el documento es absurdo, pues tan sólo en julio pasado se había legislado sobre la denominación del instituto al que se le cambiará el nombre”.

Por Morena, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río consideró que es momento de recuperar el sentido social de las instituciones con total transparencia, austeridad y eficacia, eso es lo que representa el cambio de nombre a “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; esto quedará claro para todos los mexicanos de a pie”.

El diputado del PAN, Jesús Guzmán Avilés, reiteró su voto en contra porque la función de administrar y enajenar bienes la hace el Instituto de Migración de Bienes y Activos. “En la legislación ya existe el aseguramiento de bienes. En el PAN votaremos siempre a favor del país, pero no en esta ocasión en que sólo es un engaño a la población”.

Francisco Javier Borrego Adame, diputado de Morena, expresó que el cambio de denominación contribuye a que los servidores de ese organismo sean conscientes de su responsabilidad y que el pueblo tenga la certeza de que están a su servicio. “Estamos en un cambio de régimen y resulta necesario un cambio de mentalidad, los valores son claros: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Se acabó el tiempo de los corruptos y criminales de cuello blanco, de la riqueza ilegal”.

El diputado Absalón García Ochoa (PAN) indicó que su voto sería en contra, toda vez que el dictamen es una ocurrencia más de esta “Cuarta Transtornación”. Cambiar el nombre de una institución es sólo alimentar la arrogancia, más cuando hay una sociedad carente de justicia, empleo y salud.

A su vez, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) se pronunció a favor, pues se busca no dejar un sesgo de impunidad y la garantía de que se combatirá la corrupción y regresará al pueblo lo robado. “No es una ocurrencia, sólo se están encarnando los Sentimientos de la Nación”.

Por Morena, el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano dijo que no se trata de un cambio de nombre por otro, sino una modificación de régimen para entrar a una nueva etapa que permita darle nueva vida a la República y se devuelva aquello que se consiguió por medio de complicidades, corrupción e impunidad.

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