• Incrementan los ingresos por 4 mil 415 millones de pesos

29-10-2019.- La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó los dictámenes a las minutas enviadas por el Senado de la República, referentes al Paquete Económico 2020.

Respecto de los cambios hechos por la colegisladora a la Ley de Ingresos, la presidenta de la instancia legislativa, Patricia Terrazas Baca (PAN), explicó que, en el artículo 1, se indica el aumento de 4 mil 415 millones de pesos el total de los ingresos, por lo que los totales para el 2020 serán de 6 billones 107 millones 732.4 millones de pesos.

La minuta, avalada con 15 votos a favor y 11 en contra, también elimina el artículo décimo quinto transitorio, con lo que se quita la facultad discrecional de la SHCP para emitir lineamientos en el regreso de los recursos no aplicados de ejercicios anteriores en la parte de estados y municipios.

Los cambios hechos por el Senado establecen la posibilidad de que el IMSS celebre convenios de pago, en parcialidades, de adeudos con entidades federativas.

De igual forma, con 16 votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones, se aprobó el dictamen a la minuta por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación.

En materia de plataformas digitales, se coincide con el Senado en ajustar la tabla contenida en la fracción III del artículo 113-A de la Ley del ISR, pues, derivado de un análisis a los umbrales de ingresos y tasas de retención, se concluye que las tasas de retención aplicables a los ingresos por la enajenación de bienes y prestación de servicios son elevadas y podrían incrementar el pago del ISR a los contribuyentes, por lo que se estuvo de acuerdo en reducirlas para que reflejen un margen de utilidad acorde a la realidad, y evitar gravar de manera provisional excesivamente a las personas físicas que realizan estas actividades.

En la Ley del IVA, se avaló que las reglas de carácter general complementarias al tratamiento aplicable en materia de este impuesto a residentes en el extranjero, sin establecimiento en México, que presten servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional, se emitan a más tardar el 31 de enero de 2020 y no hasta el 1 de marzo de 2020.

Los cambios del Código Fiscal de la Federación versan sobre la responsabilidad solidaria y específica que los gerentes administradores serán responsables solidarios, porque esa responsabilidad no puede ser abierta e ilimitada, sino que es necesario que sea procedente cuando la persona moral incurra en conductas graves que afecten al fisco federal, respecto de las cuales es inexcusable el desconocimiento o no intervención de los gerentes y administradores mencionados para evitarlas.

Asimismo, con 28 votos a favor esta comisión también avaló el dictamen a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

Terrazas Baca señaló que el Senado de la República rechazó las modificaciones a los artículos 223, Apartado C, 224, fracción IV, y 225, fracciones I y III 223, 224 y 225, relativos a los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de aguas nacionales en el sector agrícola, por lo que el texto de la ley vigente no sufriría modificaciones.

El documento refiere que el uso del recurso hídrico para fines agrícolas es un tema sensible, pues cumple una función fundamental en la seguridad alimentaria del Estado, por lo que “reconociendo lo sostenido por la Colegisladora en el sentido de que el esquema que se propuso en materia de aguas para estos sectores pudiera resultar en detrimento para la realización de sus actividades, se retiran las propuestas referentes a dichos artículos, así como los transitorios Primero, fracción III y Quinto de la Ley Federal de Derechos.

Se estimó oportuna la propuesta de la Colegisladora de no incrementar la cuota del derecho por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia de "Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas" contemplada en el artículo 8, fracción I de la Ley Federal de Derechos, por lo que se considera adecuado dejar la cuota en los términos de la legislación vigente; es decir, $558.26 pesos.

También se considera procedente no derogar la exención prevista en el del artículo 11, fracción II, inciso a) de este ordenamiento aplicable a Visitantes sin permiso, para realizar actividades remuneradas que ingresan a territorio nacional por vía terrestre, siempre que su estancia en el país no exceda de siete días.

Además, la cuota por la prestación de servicios migratorios en aeropuertos o a pasajeros en vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional, quedó con el aumento propuesto por el Ejecutivo de 149.02 en lugar de 380 pesos aprobados por los diputados, en el artículo.

Respecto al destino de los ingresos que se obtienen por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, por lo que se refiere a los Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, que ingresen al país con fines turísticos, contemplado en el artículo 18-A, debe mantenerse la propuesta contenida en la Iniciativa del Ejecutivo federal.

Discusión

En la discusión sobre la Ley de Ingresos, el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) estimó que el incremento a los ingresos realizado por la colegisladora es irresponsable. Agregó que la Cámara debe mantener que la SHCP emita lineamientos, porque no se trata de modificar el destino del gasto, sino de transparentarlos.

El diputado Tonatiuh Bravo Padilla, de MC, preguntó de dónde provienen los ingresos que aumentó el Senado, porque “sería bueno tener un desglose, para tener claro el origen y a dónde se destinará ese monto”.

De Morena, el diputado Marco Antonio Medina Pérez aseguró que los ingresos adicionales están previstos por medio de bienes y servicios, almacenaje de mercancía de comercio exterior y por subasta de activos. Estimó que el aumento no es una cifra desproporcionada.

El diputado Fernando Galindo Favela (PRI) refirió que la modificación del Senado lo único que hace es incrementar los riesgos, porque se fijan ingresos que no podrían alcanzarse. Además, el aumento se coloca en “otros”, lo que no queda claro.

El diputado José Isabel Trejo Reyes (PAN) recalcó que es importante saber de dónde saldrán los ingresos adicionales, porque no se va a ajustar y se terminará pidiendo prestado. Asimismo, señaló que de ese monto no podrán ayudarse ni estados ni municipios.

En cuanto a la Miscelánea Fiscal, el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) se manifestó en contra los cambios al artículo 74 B, porque “generan un esquema perverso para que sólo unos cuantos puedan concentrar beneficios Fiscales y se atenta contra la progresividad del ISR”; también dijo que se deben rechazar las bajas tasas de retención para servicios a través de internet mediante plataformas tecnológicas. Añadió que, si se aceptan las modificaciones del Senado, se entorpecerá la lucha contra las empresas que simulan actividades, y se renunciará a hacer efectiva la reforma que considera el uso de facturas falsas como delito grave.

Respecto de la Ley Federal de Derechos, la diputada Erika Sánchez Martínez (PRI) dijo que votaría a favor del dictamen, porque se “corrigió la plana” pues el impuesto que se pretendía imponer por el derecho de uso de agua afectaba a todos los productores agrícolas del nuestro país y representaría, para un productor de maíz, un incremento de dos mil a cinco mil pesos por el costo del agua. “Un tiro de gracia para productores y ganaderos, y para las familias mexicanas es el encarecimiento de la canasta básica”.

El diputado José Rigoberto Mares Aguilar (PAN) afirmó que el Senado enmendó la plana a esta Cámara de Diputados y echó para atrás a esta medida. Pidió que se haga un análisis más apropiado de los temas.

El diputado Óscar González Yáñez (PT) informó que votará a favor del dictamen porque con estas modificaciones el Senado corrige la plana, no al Presidente de la República, ni a la Cámara de Diputados, sino a los funcionarios de Hacienda. Manifestó su voto a favor porque no está de acuerdo en aumentar los derechos al riego, sino de construir a la ruta de la autosuficiencia alimentaria.

A su vez, el diputado Javier Lamarque Cano (Morena) reiteró el compromiso de no aumentar ni de crear nuevos impuestos y dijo que la decisión del Senado de rectificar el dictamen es un atributo del régimen democrático. “Rectificar una decisión para cambiar una posición en bien de la patria no es motivo de burla, es una virtud de un régimen democrático”.

Antonio Ortega Martínez, diputado del PRD, dijo que votaría a favor del dictamen porque rechaza “la intentona fallida del derecho que querían cobrar” para cubrir “la inanición en que el presupuesto prácticamente va a condenar al campo para el próximo año”, pues de cada 100 pesos destinados a la infraestructura para el presupuesto del próximo año, solo 43 centavos serán para la agricultura.

El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua (Morena) aclaró que se está trabajando el presupuesto sin deuda y se están buscando alternativas para que los sectores productivos puedan funcionar de mejor manera. Se pronunció a favor de un verdadero desarrollo en el campo y en actividades productivas cuya participación en el Producto Interno Bruto es importantes. Hay que apostarle más al campo con políticas eficientes y efectivamente apoyar a aquellos que han logrado invertir en tecnología e innovación.

La diputada Juanita Guerra Mena (Morena) planteó modificar el artículo 27 constitucional para impulsar al campo, aunque también estimó que se requiere un apoyo directo a los ejidos. “Por mucho tiempo no se volteó a ver al productor ni al campesino, ni se valoró el esfuerzo del agricultor y de todas las familias que se dedican al agro; por ello, es necesario respaldarlos con reformas legales”.

Carlos Alberto Puente Salas, diputado del PVEM, mencionó que, si bien es importante racionar el uso del agua y allegarse de nuevas tecnologías, este no debe afectar al campo.

El diputado Fernando Galindo Favela (PRI) observó favorable el cambio que el Senado realizó en el rubro del cobro de agua, porque es para defender a los campesinos del país. Subrayó que falta mucho para respaldar al sector agroalimentario, por lo que si la modificación no se acompaña con ampliación en el presupuesto, se quedará muy por debajo de la expectativa.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón (Encuentro Social) destacó que el sector agroalimentario es importante para el desarrollo, y el Senado generó una enmienda. “A las familias del campo les decimos que vamos a apoyarlos, porque es un área con muchos rezagos”.

El diputado Manuel Gómez Ventura (Morena) pidió “no hacer leña del árbol caído, porque es claro que en el país no hay deuda; antes cada gobierno que llegaba se endeudaba y esta vez no es así”. Manifestó que se impulsará al sector agrícola que, a su vez, tiene que poner su granito de arena”.

Ley de Instituciones de Crédito

Con 15 votos en pro, 4 en contra y 6 abstenciones, la comisión de también aprobó el dictamen a la minuta que reforma la denominación del Título Quinto y se adiciona un Capítulo V al Título Quinto, denominado “De la Garantía de Audiencia de las Personas Incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas”, que comprende el artículo 116 Bis 2 de la ley de Instituciones de Crédito.

La presidenta de la instancia, Patricia Terrazas Baca, explicó que se busca precisar en la ley un procedimiento específico claro y determinado a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para introducir a las personas físicas o morales en esa lista; además establecer el medio de defensa siempre que la inclusión obedezca al cumplimiento de obligaciones internacionales; respetar la garantía de seguridad jurídica y audiencia con la emisión de la medida cautelar.

Señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para mantener por más tiempo los efectos de su medida cautelar y evitar la materialización o continuación de un delito y salvaguardar al sistema financiero y la economía nacional, adiciona un capítulo a la Ley de Instituciones de Crédito que prevé procedimiento de inclusión garantía de audiencia de personas incluidas en la lista de personas bloqueadas.

Al hablar a favor del dictamen, la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), señaló que éste es uno de los temas que más interesan en el combate a la corrupción y a los delitos que se cometen por la vía de trasladar recursos de cuentas que obviamente se deben investigar. Dijo que se cubren compromisos internacionales y se norma en la Ley de Instituciones de Crédito el procedimiento para hacerlo e investigar estas cuentas. “Enhorabuena por este es uno de los temas del combate a la corrupción y lavado de dinero que lamentablemente son de los delitos contra los que poco o nada se habían perseguido”.

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