11-09-2019.- Legisladoras federales y locales, representantes de organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, firmaron el “Pacto por la Vigencia Plena de los Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres”, en el que suman esfuerzos para promover reformas de ley, políticas públicas y presupuestos que aseguren los derechos humanos de niñas y mujeres, priorizando a las más pobres.

El manifiesto, suscrito durante la “Conferencia Nacional de Legisladoras y ONGs, contra la Violencia, por los Derechos Humanos: Presupuesto 2020”, señala que, ante la desigualdad social y económica del país, así como la discriminación y exclusión de amplios grupos de la población, las mujeres demandan asumir una política activa para lograr su bienestar y elevar su calidad de vida.

Cita que para lograr un cambio en el país deben sumar esfuerzos gobierno y sociedad. Es necesario que mujeres y hombres participen en la construcción de un pacto social que impulse un nuevo modelo de desarrollo humano teniendo a las personas y sus derechos humanos en el centro de sus acciones.

Observa que a pesar de los esfuerzos gubernamentales por impulsar la igualdad y las asignaciones presupuestales, no ha mejorado la vida de las niñas y las mujeres; la pobreza sigue teniendo rostro de mujer, y las necesidades básicas de alimentación, salud, agua, energía y vivienda digna se mantienen en millones de hogares mexicanos generando cargas adicionales en la vida de ellas.

Asimismo, impulsarán que haya recursos para mujeres indígenas y rurales, analfabetas, sin acceso a salud sexual y reproductiva. A fin de evitar la corrupción y cumplir con la rendición de cuentas todos los montos deben ser vigilados y auditados.

Al evento asistió la procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, quien dijo que la Ciudad de México enfrenta un repunte en los delitos en contra de las mujeres, por lo que se requiere una estrategia integral que mejore la atención a las víctimas y la actividad investigadora y persecutora a cargo de esta institución. “Nos corresponde como Procuraduría atender el reclamo de justicia y así asegurar que las víctimas reciban un trato digno, respetando los derechos humanos y el profesionalismo por parte de nosotros”.

Informó que se propone implantar en lo inmediato un nuevo modelo de atención e investigación de delitos sexuales, que ponga a las víctimas en el centro de las preocupaciones y acciones de esta autoridad, que cuenten con un servicio profesional, amable, cálido y solidario; con profesionales, médicos e investigadores, con instalaciones modernas y servicios eficientes.

Mencionó que es importante que el Congreso aporte recursos para las distintas acciones en materia de procuración de justicia en todo el país. “Venimos a pedir al Congreso que tomen en cuenta lo que estamos viviendo las mujeres, lo que se requiere para que las procuradurías y fiscalías puedan realizar su trabajo de manera integral y profesional”, afirmó.

Pidió la ayuda de las legisladoras para que la atención hacia todas las mujeres, sea profesional y exista la posibilidad de integrar carpetas ante los tribunales, que sean irrefutables; para eso, se requiere que las investigaciones se hagan con detectives que sepan de qué se trata cuando una mujer llega a la fiscalía, que haya peritos de primera, que las pruebas sean irrefutables y no haya impunidad.

“Nos resulta importante la formación de todos y todas las servidoras públicas, con protocolos de actuación para sensibilizar; no solamente es un asunto de que se aprendan la ley, es un asunto de sensibilización a todo el personal y tenemos algunos temas, ahí hemos estado invitando a las mujeres, las colectivas, a que nos ayuden porque me parece que ahí es donde tenemos que participar”.

Mencionó que están ante el reto de transformar este órgano de procuración de justicia. Por eso, es importante que desde el Congreso federal se incluyan los presupuestos, que sean etiquetados para las distintas acciones en materia de procuración de justicia hacia todos los estados, que permitan disminuir las desigualdades y eliminar la violencia.

La coordinadora de la Subcomisión de Violencia Contra las Mujeres y Feminicidio, de la Comisión de Justicia, Lorena Villavicencio Ayala (Morena), llamó a construir una ruta para lograr un presupuesto transversal, durante la discusión del PEF-2020. “Buscaremos etiquetar recursos para el sector analfabeta, sin acceso a salud sexual y reproductiva, programas de vivienda a comunidades más pobres, madres trabajadoras, desempleo para jefas de familia y empleo digno”.

Debido a la inseguridad y vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, “no se puede aceptar un presupuesto que no atienda la emergencia nacional. Esto implica más recursos en las instituciones que atienden la violencia y los feminicidios”.

Es importante asegurar que las más de 14 millones de mujeres del campo y zonas indígenas tengan acceso a sus derechos básicos “las que están en extrema pobreza tienen que ser parte fundamental en el próximo presupuesto”.

Afirmó que la mayor violencia que pueden sufrir es la indiferencia y permanecer invisibles para el gobierno y el Estado, porque la violencia institucional magnifica la social, por eso “exigimos que la paz para las mujeres esté incluida en la lista de gastos del Estado mexicano”.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez (PAN), pidió que en el Proyecto de Presupuesto para 2020 se etiqueten recursos suficientes para seguridad y justicia a fin de paliar el flagelo de la violencia e inseguridad que padecen las mujeres.

En el proyecto se prevén 100 mil 694 millones de pesos para el anexo 13, denominado “erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres”, lo que representa 36 mil millones de incremento respecto de 2019; sin embargo, alarma el hecho que más de la mitad de esos recursos están asignados al ramo bienestar, cuando el problema más apremiante es salvaguardar la integridad y seguridad de las mujeres.

“Hago un llamado a que en la medida de lo posible estos recursos se reasignen conforme con las prioridades fácticas que nos apremian. Históricamente, en el Anexo 13, denominado erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres, ha sido uno de los más inseguros, ya que de esta partida presupuestal se han reasignado recursos para compensar otros ramos”.

Cifras del Secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que en junio de este año fueron asesinadas 79 mujeres, mientras que el total para los primeros seis meses del año fue de 470; se registraron mil 530 casos de abuso en tan sólo un mes; 13 mil 669 por acoso sexual, lo cual arroja el promedio de 51 mujeres agredidas sexualmente cada día.

Respecto a casos de violación simple y equiparada ascienden a 8 mil 464 carpetas de investigación, por lo que el total global de carpetas de investigación abiertas en los primeros seis meses de este año, por delitos cometidos, incluidos los feminicidios, asciende a 25 mil 277, agregó.

La secretaria de la Comisión de Justicia, Mariana Rodríguez Mier Y Terán (PRI) afirmó que el presupuesto transversal que se exige no es ningún favor, sino cumplir con los compromisos internacionales que tiene el Estado. “Aceptamos el compromiso de atender las necesidades de las mujeres que están en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad”.

Mencionó que es importante ayudar a quienes sufren de trata de persona. Se necesitan refugios y el compromiso político para ayudar a las mujeres que han sido violentadas a reinsertarse a la sociedad y recuperar la vida que se les arrebató.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, consideró que la violencia que sufren las mujeres y niñas coloca a México entre los 25 países más peligrosos. Puntualizó que urge construir nuevas políticas que generen mejores condiciones de vida para todas y todos.

Es necesario que el Poder Legislativo, de manera particular la Cámara de Diputados, dé una respuesta en el presupuesto. “Es verdad, el Anexo 13 no es suficiente. Tenemos que vernos reflejadas en todo el presupuesto de manera transversal y para eso se requiere que todas estemos muy firmes”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Kenia López Rabadán, afirmó que urge un presupuesto transversal con perspectiva de género. Agregó que no hay mejor manera que reconocer una legislatura de la paridad en el Congreso de la Unión, si no es con un mejor presupuesto, de lo contrario, se estará claudicando.

Consideró que de nada sirve la paridad en el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos autónomos si no se concentran recursos para las mujeres. “Si no se logra, entonces los partidos políticos, las políticas y los políticos estaremos quedándole a deber a la ciudadanía”.

Se congratuló porque esta Conferencia Nacional de Legisladoras es plural, “qué bueno que todas estamos aquí para proteger a las mujeres, porque hoy quienes están en un refugio no tienen mas que sus voces. Ojalá encuentren en nosotras una voz valiente para decirle a los legisladores de todos los partidos que necesitan visibilizar a las mujeres”.

La secretaria de la Mesa Directiva del Senado, Verónica Camino Farjat, puntualizó que la responsabilidad que tienen las senadoras y diputadas es que el empoderamiento que tienen en las cámaras no se quede sólo aquí. “Si las mujeres que están afuera, a pie, en la calle, no sienten el mismo empoderamiento que sentimos nosotras, entonces habremos fallado”.

Respecto al presupuesto consideró que al construirlo hay que tomar en cuenta que cada estado y municipio tiene sus particularidades y necesidades. Se tiene que trabajar en el qué y en el cómo, para después exigir el recurso, porque, en ocasiones se piden montos para cosas que quedan detenidas, opinó.

Lamentó que “en los congresos se sigan dando atribuciones a estados y municipios sin asignar presupuesto. No debemos continuar con esas prácticas, tenemos que empezar a revisar uno por uno de los estados”.

De la oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en México, Marisol Aguilar subrayó que existe el compromiso de seguir desarrollando estrategias para garantizar la vida y la libertad de las mujeres y niñas.

De acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los asesinatos de mujeres en razón de género en 2018, evidencian que México, en la región de América y el Caribe, ocupa los primeros lugares de feminicidio en un ranking de 24 países.

De la Red Nacional Seguridad, Justicia y Paz, Patricia Olamendi Torres, consideró que en el Presupuesto no está claro que son las áreas de procuración y seguridad las que se encargarán del tema, “otra vez es reducido a un asunto de mujeres y nos negamos a que estos temas estén solamente en un anexo. Queremos que todo el gabinete de seguridad pública se haga cargo de la atención, prevención y erradicación del feminicidio”.

Puntualizó que las mujeres viven situaciones de discriminación y ésta tiene diversas expresiones: desigualdad salarial, ausencia de oportunidades laborales, limitaciones por ser madres, cargas adicionales de trabajo, responsabilidades del hogar, y los cuidados de niñas, niños y adultos mayores.

Reinstaurar el programa de estancias infantiles

Por otra parte, legisladoras y activistas se pronunciaron por reinstaurar el programa de estancias infantiles, pero con la aplicación de candados que eviten casos de corrupción.

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) pidió “dar la batalla en el mejor de los sentidos” a fin de continuar el programa de estancias infantiles, con los candados necesarios y se sancione a quien o quienes hayan incurrido en corrupción, pero “no le quiten la oportunidad a las mujeres de que sus hijos estén en espacios seguros, con los cuidados necesarios y el desarrollo que merecen”.

Agregó que se requiere continuar con las escuelas de tiempo completo, que eran 25 mil y las cuales en 2019 se recortaron a la mitad, y en el próximo se contempla otra reducción similar. “Cuál es la prioridad en una sociedad en donde una de cada cuatro mujeres es jefa de hogar, vayamos definiendo qué políticas queremos”.

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) agregó que, además de todas las violencias mencionadas, “no podemos seguir permitiendo, desde el Congreso federal, más violencia en la narrativa de los funcionarios públicos y los medios de comunicación, especialmente en el caso de las ofensas de José Manuel Mireles”.

La legisladora, quien fue moderadora de la mesa “Violencia contra las mujeres”, comentó que no debe dejarse de lado casos paralelos que se han presentado en México, pues en lo que va del año 13 periodistas y 18 defensores de derechos humanos o activistas fueron asesinados.

La diputada Ximena Puente de la Mora (PRI), integrante de la Comisión de Justicia, pidió el regreso de las estancias infantiles en todos los estados, ya que es una situación que va más allá de los partidos políticos que encabecen la entidad o municipio.

Calificó de preocupante las situaciones de violencia en cada dependencia en los tres niveles, así como en universidades, donde han habido casos de impunidad. Informó que presentará una iniciativa para que se dé seguimiento a toda denuncia realizada en este sentido y pueda ser visibilizada.

Nira Cárdenas, coordinadora del área de Género de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, señaló que, en general, en México no existe una perspectiva de género, especialmente en justicia y seguridad.

Karen Mota y Roxana Aguilar, de la Oficina de Naciones Unidas en México contra las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), pidieron una policía fortalecida y capacitada para la actuación en los casos de agresiones a mujeres. Propusieron impulsar una homologación legislativa entre entidades y crear un tipo penal único, ya que en diferentes estados la violencia de género puede variar de delito. Sugirieron actualizar el protocolo de investigación del feminicidio.

Wendy Figueroa, de la Red Nacional de Refugios, dijo que es un alivio ver que estos espacios están contemplados en el PEF 2020, aunque, aseguró, el monto es insuficiente porque no hay recursos asignados para la seguridad de estos lugares ni para dar atención integral a los hijos de las víctimas ni para personal suficiente. “Sin recursos sólo serán elefantes blancos”.

Yndira Sandoval, del Colectivo las Constituyentes de la Ciudad de México, se manifestó por no permitir la regulación del trabajo sexual en la Ciudad de México, y agregó que no sólo buscarán que haya más mujeres en espacios públicos, sino menos agresores, por lo que propuso que haya “un Tres de Tres”, para que quien sea funcionario público no sea deudor de pensión alimenticia, agresor o acosador.

Leticia Burgos, de la Red Nacional de Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas, aseguró que nuestro país vive la peor crisis de violencia contra las mujeres y en materia de derechos humanos, ya que seguimos ocupando los primeros lugares de ignominia, desigualdad y discriminación, así como en violencia escolar, violencia sexual infantil, embarazo adolescente y acoso sexual en el trabajo. “México en este momento atraviesa su peor derrotero de la violencia contra las mujeres”.

Por último, Cecilia Toledo Escobar, investigadora en el Programa Género, Derechos y Políticas Públicas del Centro de Análisis e Investigación Fundar, pidió no perder de vista que cuando se anuncian los aumentos al Anexo 13, no todos apuntan a lograr la igualdad, porque ahí hay programas como el de Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores.

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