• El Pleno aprobó el dictamen que reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
• Las acciones intimidatorias menoscaban los derechos fundamentales: Carvajal Hidalgo

25-02-2020.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, que establece el mecanismo de verificación para los despachos de cobranza al participar en las labores de recuperación de cartera, al garantizar a los acreditados un trato digno y respetuoso reconociendo en todo momento, sus derechos fundamentales y en estricto apego al Código de Ética y el Modelo de Cobranza Social del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda.

El documento que adiciona un párrafo segundo al artículo 71 de la mencionada ley, fue aprobado por 414 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, y se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Vivienda, diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (Morena), expresó que las acciones intimidatorias atentan contra la dignidad humana, ya que menoscaba los derechos fundamentales de las personas. “Nadie, merece ser despojado de sus bienes mediante intimidaciones, amenazas o procedimientos irregulares e ilegales”.

Puntualizó que gobiernos conservadores y neoliberales permitieron que los despachos de cobranza realizaran recuperaciones de los créditos del Infonavit mediante tratos viles, injustos, ilegales, abusivos, fraudulentos, llegando a considerarse como delincuencia organizada. “Cobranzas inmorales que dieron paso a la corrupción y a un sinfín de arbitrariedades”.

Las y los acreditados reportan durante años el acoso telefónico a diversas horas y todos los días, donde “se les repetía sin cesar la amenaza de arrebatarles sus casas por haber perdido su empleo, o por no tener dinero para pagarlas, no obstante que pertenecen a campesinos, obreros y los sectores más vulnerables de nuestra patria”.

Del periodo de 2014 a 2018, se llevaron a cabo numerosos juicios masivos y desalojos por más de 259 mil casos de cartera vencida o de gente que no podía pagar, lo que significa que igual número de familias mexicanas quedaron en la incertidumbre y en muchos casos, sin un patrimonio.

Carvajal Hidalgo argumentó que la modificación es fundamental para evitar desalojos exprés y permite la supervisión de los despachos de cobranza que operaban como redes de delincuencia organizada. “No más despojos, no más desalojos a los más necesitados. No más fraudes. Pedimos prisión para todos aquellos que vulneraron el patrimonio de los trabajadores”.

La diputada Jacquelina Martínez Juárez (PAN) señaló que la actividad de cobranza por parte de despachos jurídicos autorizados, debe estar apegada a los principios de respeto de los derechos humanos de los deudores; si bien es cierto estos han caído en una situación de demora, no es razón suficiente para que la cobranza jurídica se lleve a cabo con actividades fuera del margen, como amenazas, abusos o desalojos injustificados.

Hasta la fecha, resaltó, no hay un mecanismo de verificación para estos despachos que participan en las labores de recaudación de cartera, que garanticen a los deudores un trato digno y respetuoso de sus derechos humanos.

Consideró relevante promover ante Infonavit, que actualice su estatus orgánico respecto a las facultades de la Subdirección General de Administración de Cartera, así como a los lineamientos de servicio en materia de cobranza de créditos, para establecer el mecanismo de verificación para los despachos de cobranza al participar en las labores de recuperación de cartera, garantizando a los acreditados un trato digno y respetuoso, reconociendo en todo momento sus derechos fundamentales y en estricto apego al código de ética y el modelo de cobranza social del organismo.

Posteriormente, concluyó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el próximo jueves 27 de febrero, a las 11:00 horas.

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