- • Participaron todos los grupos parlamentarios
- • Externan puntos de vista a favor y en contra
13-10-2020.- Diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, PRD y PVEM externaron sus posicionamientos en torno al dictamen de la Comisión de Justicia que reforma y adiciona diversos ordenamientos legales en materia de prisión preventiva oficiosa.
Se avanza en la lucha contra la impunidad
La diputada Claudia Pérez Rodríguez (Morena) señaló que con este dictamen se avanza en la lucha contra la impunidad al aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, a fin de lograr “equilibrio entre la víctima y el imputado” al garantizar que éste acuda al desarrollo del juicio, al procedimiento penal y obligar al fiscal y operadores del sistema a realizar su función con profesionalismo y honestidad.
Con esa medida se promueve la impunidad
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez (PAN) dijo estar en contra porque esa medida podría ser una pena adelantada, violatoria de derechos humanos, que promueve la impunidad y excede el propósito de armonizar la prisión preventiva en la legislación secundaria. “De manera indebida” crea nuevos tipos penales, modifica otros e incrementa penas “en una suerte malograda de miscelánea penal”, lo cual “representa un fraude a la ley”, expresó.
Reforma cosmética que no dará resultados
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) adelantó su voto en contra porque es una cuestión cosmética que engaña al decir que, por incorporar determinados delitos al catálogo, dejarán de ocurrir. Para ello se requieren estrategias correctas, presupuesto a instituciones de justicia, capacitación, policías de proximidad y programas de prevención del delito. “Lo que se plantea no es una estrategia de seguridad, ni dará el resultado que buscamos”.
Da herramientas para realizar mejores tareas de seguridad
Del PT, el diputado Luis Enrique Martínez Ventura dijo que apoyará el dictamen porque dota a las instituciones de instrumentos legales para realizar mejor su tarea en beneficio de la sociedad. Precisó que aún hay temas pendientes en la agenda, como incluir el robo en transporte público de pasajeros, que a diario se incrementa y flagela a la clase más desprotegida.
Revisar el actuar del Ministerio Público
El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, de MC, manifestó que el dictamen no resuelve el tema de la impunidad ni atiende la necesidad urgente de restablecer la paz y seguridad en el país. “Lo que como legisladores tenemos que hacer es revisar a fondo la figura y el actuar del Ministerio Público”. Capacitar a operadores del Sistema de Justicia Penal
De Encuentro Social, el legislador Héctor René Cruz Aparicio dijo que la prisión preventiva oficiosa no es determinante para disminuir la delincuencia en el país, por lo que esta reforma debe acompañarse de la capacitación y profesionalización de los operadores del Sistema de Justicia Penal, cuya labor es esencial.
El dictamen ignora derechos humanos
La diputada Verónica Juárez Piña (PRD) expresó que tener más personas acusadas dentro de las cárceles no implica un menor número de víctimas afuera. “Este dictamen ignora la normatividad internacional, los derechos humanos y condena a quienes menos tienen a sufrir por la ineficiencia de las instituciones de procuración de justicia”, señaló.
Delincuentes no podrán salir de la cárcel si hay flagrancia
El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) señaló que los feminicidas, ladrones de casas y transporte, entre otros, no podrán salir de la cárcel en caso de ser detenidos en flagrancia. “El Ministerio Público es quien ejercerá, en primera instancia, la prisión preventiva oficiosa, pues tiene la inmediatez y conocimiento en el campo”. Posturas a favor y en contra
El diputado Enrique Ochoa Reza (PRI) expresó que hay un falso debate sobre la prisión preventiva oficiosa, cuando ha sido señalada como una salida falsa ante los problemas de inseguridad. “Es una mentira que sea provisional, inocentes acabarán en la cárcel, genera impunidad y el Ministerio Público podría ser corrompido. Más de 150 conductas delictivas tendrán como consecuencia la prisión preventiva oficiosa”, precisó.
María de los Ángeles Huerta del Río, diputada de Morena, señaló que las reformas son para proteger a la sociedad, garantizar la vida y la libertad. La armonización secundaria, dijo, es la consecuencia de la reforma constitucional al artículo 19; lo que hoy se hace es darle continuidad al compromiso con las y los mexicanos que se sentían agraviados ante la impunidad. “Estamos dando un marco jurídico adecuado”.
Por el PAN, la diputada María del Rosario Guzmán Avilés expresó que se han incluido temas que exceden el mandato de la reforma constitucional al artículo 19 y se usaron de manera alevosa para alterar los temas; la minuta es excesiva y no cumple con los compromisos básicos. Se trató de manipular el procedimiento legislativo, cuando lo que se debe buscar es el correcto funcionamiento del sistema penal acusatorio.
La diputada María del Carmen Bautista Peláez (Morena) argumentó que la armonización de las leyes secundarias es indispensable a fin de asegurar el desarrollo del debido proceso. Se evitará que los delincuentes escapen de la justicia y estará apegado al principio de presunción de inocencia. “Nuestro compromiso es acabar con la impunidad, que la justicia sea oportuna y que las victimas nunca más estén solas”.
El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) sostuvo que es mentira que la reforma sea para proteger a los ciudadanos porque no se atacan las causas del delito, sino las consecuencias. Afirmó que la prisión preventiva oficiosa daña lo más valioso de un ciudadano, que es su libertad, y produce consecuencias cautelares nefastas.
De Morena, la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez indicó que la Constitución sólo establece las bases generales que han de regir el procedimiento penal, por lo que se necesitan ajustes específicos para su mejor implementación. Las modificaciones están en sintonía con las cuestiones de fondo, consideró.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD) estimó que la prisión preventiva es una medida extrema, por lo que es necesario que los jueces realicen en cada caso una motivación individualizada. Se pronunció en contra del dictamen “ya que nos encontramos convencidos de que en un verdadero Estado de derecho no se adelantan las penas, ni se sanciona antes de condenar”.
El diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez (Morena) afirmó que este compendio de modificaciones al marco jurídico impedirá que los delincuentes evadan la justicia, que enfrenten el debido proceso, respetando en todo momento el principio de presunción de inocencia. “Terminaremos con las lagunas jurídicas que han impedido la correcta aplicación de la ley”.
La diputada Carmen Julia Prudencio González (MC) fijó su postura en contra y señaló que el dictamen no proporciona justicia, ya que en el fondo no resuelve la incidencia delictiva y fomenta la incongruencia, corrupción y el abuso de poder de los encargados de impartir justicia, impidiendo el acceso a la verdad.
Del PT, la diputada María Roselia Jiménez Pérez dijo estar a favor del dictamen, al señalar que con la aprobación de éste “estamos otorgando el medio previsto en el artículo 19 constitucional para que las autoridades combatan de manera frontal a la delincuencia”.
La diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) manifestó estar en contra del dictamen e indicó que con esta reforma a quien se le quita la posibilidad de justificar si procede o no esta medida es al juez. “No se resuelve el problema, por el contrario, sacan a uno de los poderes más importantes en la impartición de justicia de la decisión de la prisión preventiva oficiosa”.
De Morena, el diputado Francisco Javier Borrego Adame habló a favor y señaló que es importante que la prisión preventiva oficiosa se aplique de manera concreta y contundente para disminuir el robo al transporte público y el huachicoleo. “Todo lo que se ha dicho en esta reforma es importante para sacar lo mejor en beneficio del pueblo de México”.
La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (MC) argumentó que puede generar más injusticias y potencialmente está sentando las bases de instrumentos útiles para un sistema que “envidiarían las mentes más autoritarias”. Además, dijo, hay riesgos reales a los derechos humanos y dañaría los avances que se han hecho para revertir la impunidad.
Por Morena, la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala señaló que su postura en abstención deriva de que se amplía en los hechos la facultad punitiva del Estado en contra de los derechos humanos y de los procesales. Con la ampliación del catálogo, dijo, se vulnera la presunción de inocencia, el debido proceso y la independencia judicial, pero, sobre todo, se encarcelará a los más pobres.
La diputada Anilú Ingram Vallines (PRI) consideró que si realmente se pretende que los culpables enfrenten la justicia, se debe asignar presupuesto para prevenir, atender y reestructurar el tejido social. “En la realidad y más con el COVID vimos que la prisión preventiva oficiosa es una condena de muerte. Dejen de engañar al pueblo, esta solución es cosmética y no resolverá la alarmante situación de inseguridad”, indicó.
Al hablar a favor, la diputada Abelina López Rodríguez (Morena) dijo que el objetivo es armonizar la ley a fin de que de manera oficiosa sea el juez quien dicte prisión preventiva. “Hoy estamos haciendo justicia porque antes le llegaba el apoyo al político, al corrupto y al violador de derechos humanos”.
El diputado Lenin Nelson Campos Córdova (PRI) llamó a la conciencia nacional y pidió “que no se olvide: la prisión preventiva oficiosa es el nuevo garrote que está empleando el gobierno para perseguir a sus enemigos políticos”.
El legislador Rubén Cayetano García (Morena) puntualizó que la gente está agraviada porque el infractor sale con facilidad extrema de la cárcel, mientras que a la víctima, incluso, se le revictimiza. Dicen que esta reforma es un “error y nosotros les decimos que no se desinforme ni tergiverse. Vamos a armonizar y a cumplir el mandato Constitucional. Vamos a serenar el país y terminar con la corrupción”.
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