Boletín N°. 6442 Aprueban en Comisión seis dictámenes a puntos de acuerdo para exhortar a instituciones federales y locales
  • Son en materia de campañas de regularización territorial, armonización legislativa, planeación urbana y solución de conflictos, entre otros

 

 

  • Informan que se analizarán reservas a dictamen de Ley para armonizar y homologar organización de registros públicos inmobiliarios.

 

La Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, que preside la diputada Pilar Lozano Mac Donald (MC), avaló seis dictámenes a puntos de acuerdo que contienen exhortos a instituciones, congresos locales en materias de campañas de regularización territorial, armonización legislativa, planeación urbana y solución de conflictos, entre otros.

 

También aprobó dos opiniones a iniciativas, así como su informe de actividades correspondiente al primer semestre del tercer año de ejercicio.

 

Exhortos

 

Se aprobó el proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Gobernación (Segob) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para que establezcan coordinación con sus homólogas en el municipio de Tijuana, Baja California, particularmente con el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de Vivienda, para que, conforme al marco legal, logren la regularización de los predios localizados en la colonia Tres de Octubre.

 

También, un dictamen para exhortar al Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla, a que haga pública la documentación entregada por la sociedad mercantil de nombre comercial Inmobihogar para obtener la licencia de construcción de fraccionamiento, referente al proyecto conocido como Eco-Desarrollo La Cima o La Cima, a fin de garantizar la certeza jurídica de los consumidores.

 

El dictamen plantea, además, que la Sedatu y la Procuraduría Federal del Consumidor realicen una visita de inspección conjunta, a fin de garantizar un correcto ordenamiento territorial, para que la venta de lotes por diversas inmobiliarias en la Sierra Norte del estado de Puebla se apegue a la legalidad y, de existir la presunción de un delito, se dé vista al Ministerio Público competente.

 

Enseguida, se aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de Baja California, a fin de que reforme su Constitución Política y la armonice con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial; asimismo, en su caso, se deroguen las disposiciones contrarias a la misma, a efecto de garantizar la autonomía de los municipios en materia de transporte público.

 

Aprobó también el proyecto de dictamen para que se exhorte a los titulares de las dependencias de las administraciones públicas locales, entidades federativas, y a las autoridades municipales encargadas del desarrollo urbano, del ordenamiento territorial y de la planeación, a que dentro de sus planes de desarrollo, planeación urbana y reglamentos, se prevean principios básicos de política pública y desarrollo urbano, para la creación, uso, supervisión y seguimiento de áreas verdes, limitaciones de desarrollos inmobiliarios y satisfacción de la infraestructura urbana.

 

Además, que los congresos de los estados armonicen su legislación local con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de planes de desarrollo, planeación urbana y principios básicos del desarrollo urbano.

 

Se avaló el dictamen a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobernador de Yucatán y a la presidenta municipal de Conkal, a resolver de manera definitiva el conflicto respecto de los terrenos del albergue Oasis de San Juan de Dios, ubicado en Conkal, Yucatán, a fin de garantizar la seguridad y protección de los derechos humanos de las personas que habitan dicho albergue.

 

Solicita que Sedatu tome las medidas necesarias para dirimir el conflicto respecto a esos terrenos; y que la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán investigue las posibles violaciones a los derechos humanos de las personas que viven con VIH y son beneficiarias de los servicios que brinda el albergue Oasis de San Juan de Dios.

 

Se exhorta al fiscal general de Yucatán a realizar las investigaciones pertinentes a fin de esclarecer los hechos denunciados en la averiguación previa 35/2399/2013 del índice de la Agencia Investigadora Especial Número Trigésimo Quinta del Ministerio Público del Fuero Común, con motivo de los hechos denunciados por el señor Carlos Renán Méndez Benavides en septiembre de 2013.

 

Asimismo, se aprobó otro dictamen con dos proposiciones con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que a través de los titulares de la Segob y la Sedatu, así como a sus homólogos en las entidades federativas y municipios, para que impulsen una campaña nacional de regularización territorial, que permita brindar certeza jurídica a poseedores de inmuebles que, por alguna causa, no detenten su escritura pública, y de esta manera se mejore la calidad de vida de las y los mexicanos.

 

Opiniones de la Comisión

 

Por 24 votos se aprobó la opinión de la Comisión respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

 

Propone a la consideración de la Comisión de Energía, tenga a bien dictaminar en sentido negativo la adición del artículo 8 Bis de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, suprimiéndola de los puntos resolutivos del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 48, fracción II de la Ley de Hidrocarburos; se adiciona el artículo 8 Bis de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y se adiciona la fracción XXX del artículo 5 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

 

También con 24 votos se aprobó la opinión respecto de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Zonas Metropolitanas. Se pone a consideración de la Comisión de Puntos Constitucionales, que tenga a bien dictaminar en sentido positivo dicha iniciativa.

 

En el documento, se estima necesario el establecer una mesa de trabajo entre las comisiones de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad y la de Puntos Constitucionales, sus homologas del Senado, y la consulta con las entidades federativas para realizar un trabajo colaborativo y coordinado para analizar el proyecto de reforma constitucional.

 

En este tema, la diputada Laura Isabel Hernández (PRI) reconoció la necesidad de fortalecer las zonas metropolitanas y el cambio y ordenación del territorio que marca la Constitución. Dijo que las leyes deben tener visión de largo plazo para modificar la Constitución de manera constante, regular el crecimiento del país e instituciones fuertes que atiendan esta problemática.

 

Asuntos generales

 

La presidenta de la Comisión, diputada Pilar Lozano Mac Donald (MC) indicó que el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Armonizar y Homologar la organización y el funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y de personas morales y los catastros, está listo para subir al Pleno, pero hay modificaciones “que esperamos que sean en beneficio”.

 

La idea, dijo, es que la reserva salga en consenso e invitó a revisarla. “El tiempo lo tenemos encima porque está previsto que se presente mañana en el Pleno”.

 

La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) presentó una reserva al dictamen, la cual atiende preocupaciones de diversos sectores de la actividad catastral y registral, y legisladores locales. Indicó que las modificaciones sustantivas se encuentran en el glosario de términos, “lo cual, para una ley de homologación es fundamental”, así como en el artículo 16, respecto a la integración del Consejo.

 

Dijo que éste es el momento procesal para llevar una ley lo más consensuada posible a la discusión del Pleno, por lo que se recibirán todas las inquietudes.

 

Precisó que la reserva dará certeza a una obligación estatal, que será fundamental para el desarrollo de las entidades federativas y municipios, y seguridad jurídica de propietarios y poseedores; plantea mejorar los conceptos para que sean homogéneos; da una representación amplia a entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas y municipios, así como a organismos vinculados a la función registral y catastral como el Colegio de Notarios.

 

Además, se incorpora al Inegi y al Instituto Nacional del Suelo Sustentable al Consejo y establece que las legislaturas locales y sus gobiernos determinen la inversión financiera para la modernización de catastros y registros públicos con un techo legal mínimo.

 

La diputada María Guadalupe Román Ávila (Morena) reconoció los trabajos de la Comisión en este tema. Afirmó que es un tema bastante importante “por todas las personas que aun teniendo 20 o 30 años de habitar algún domicilio no cuentan con certeza”, por lo que manifestó estar a favor de la homologación.

 

El diputado Oscar Jiménez Rayón (PRI) propuso retomar la reserva para estar en el mismo sentido y hacer un análisis que permita salir en consenso

 

En este punto se recibió la participación del presidente del Consejo Nacional del Notariado Mexicano, Guillermo Escamilla Narváez, quien planteó la importancia de hacer precisiones en las definiciones de “Aviso definitivo” y “Aviso preventivo”; un concepto legal de condominio y se tome la definición de Firma Electrónica Avanzada para que se utilice en los procesos que se sigan al amparo de la nueva ley, pues permite conocer la identidad y el origen de la persona que emite su consentimiento a través de medios electrónicos.

 

También propuso que en el artículo 17 se utilice un lenguaje incluyente en la descripción de los cargos que participen en ese Consejo; precisar en los artículos 33 y 38 la vigencia de anotaciones preventivas y que las cédulas catastrales que deban aportar para acompañar los trámites sean simplificadas.

 

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